Me opongo a que el Gobierno nos obligue a financiar el plan estratégico de Carrefour

Es de conocimiento público que Carrefour Argentina S.A., integrante del grupo multinacional Carrefour, ha iniciado el denominado Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) por ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, en los términos del art. 98 sig. y ccs. de la Ley 24.013.

El Grupo Carrefour, en su actividad, es el más grande de Europa y el tercero a nivel mundial, cuenta con más de 12.300 tiendas, distribuidas en más de 30 países y emplea a casi 400.000 personas alrededor del mundo.

Carrefour desembarca en nuestro país, en el año 1982, con un solo local en la localidad de San Isidro, provincia de Buenos Aires. A partir de ese hito, no cesó en su continuo crecimiento, llegando en la actualidad a tener presencia en 22 provincias de la República Argentina, contando con casi 600 locales y más de 19.000 empleados.

Creció incansablemente, lo que celebro, durante 33 años, habiendo absorbido oportunamente a Supermercados Norte y adquirido, en el año 2012, la totalidad (129) de los locales de la cadena EKI.

Aprovechándose claramente de la difícil coyuntura en la que nos encontramos todos los habitantes de esta Nación, quienes ponemos el hombro a un Gobierno que entendemos tiene, al menos, buenas intenciones, se presenta ante la autoridad competente denunciando una supuesta crisis que lo obligaría a despedir cerca de 3.000 empleados.

En realidad esta actuación responde al Plan estratégico ideado por la Casa Matriz, denominado "CARREFOUR 2022", y que consiste en simplificar a nivel mundial, su organización mediante la "racionalización" de las sedes y el enfoque en la transformación digital para convertirse en el "líder del comercio electrónico", en el que se incluye la desvinculación de miles de trabajadores, en el mundo.

Todos sabemos el enorme esfuerzo que se está haciendo en nuestro país, para combatir el desempleo y aquí radica el centro de la estrategia de presión de esta empresa.

La misma sostiene haber tenido resultados negativos durante los tres últimos ejercicios, e intenta esconder o encubrir su propia ineficiencia. Nada dice acerca de más de 30 años de crecimiento y expansión, ni de los suculentos fondos que debe haber transferido anualmente hacia su casa matriz.

Agrega, que la crisis se debe a las modificaciones en las conductas de consumo, la baja del mismo por pérdida del poder adquisitivo y como consecuencia de la alta inflación, excesivo aumento del costo en las tarifas de servicios públicos, entre otros imputaciones indirectas que dirige al gobierno, a quien luego le solicita asistencia excepcional.

Es decir que para Carrefour, la culpa de su supuesta crisis, es solo imputable al gobierno y no a las evidentes capacidades disminuidas de este Grupo para adecuarse a las diferentes realidades coyunturales que se presentan en el país, como lo han hecho el resto de las cadenas de supermercados, nacionales e internacionales, y ni hablar de los medianos y pequeños empresarios o comerciantes del sector.

Recordemos que en el mes de enero de este año es desplazado el Sr. Daniel Fernandez (supuesta renuncia), quien fuera el CEO en Argentina por más de 12 años, siendo reemplazado por un funcionario de origen francés (Sr. Rami Baitieh), quien vino a hacer el trabajo sucio del que hoy estamos hablando.

Obsérvese que en lugar de pedir auxilio económico o financiero a su casa matriz para sostener la operación local, so pena de despedir a casi 3.000 trabajadores, pretende exigir al gobierno nacional que sea el que financie, apoye o sostenga a la empresa, vía la reducción de cargas sociales, otorgamiento de subsidios, entre otros beneficios excepcionales.

El Sr. Presidente, entiendo que erradamente, ha culpado de esta situación por la que atraviesa Carrefour, a los supermercados chinos, a quienes acusó de evasores y de ejercer la competencia desleal. Las generalidades son siempre injustas.

Ahora bien, si el gobierno cede a la presión cuasi extorsiva de Carrefour, estaría incurriendo en lo que critica, ya que estaría permitiendo una "evasión autorizada" al quitar el carácter de remunerativo al aumento convencional del 15% hasta el año 2019, y promoviendo la competencia desleal, ya que Carrefour se encontrará en mejores condiciones que el resto de las empresas de la actividad.

Además, la empresa expresa abiertamente que para salir de esta crisis se requiere indefectiblemente del apoyo del gobierno, y en esa línea solicita ser incluido en el Repro (Programa de Recuperación Productiva).

Para que se entienda, el Repro constituye un subsidio que otorga el Estado a empresas en crisis, para que no despidan personal, haciéndose cargo de una porción de la remuneración de estos. Este subsidio, además esta exento de aportes y contribuciones, con lo cual aquí radica un cuantioso beneficio para la empresa integrante de un millonario Grupo Multinacional.

Si bien la empresa pretende aparecer como generosa, en el caso que el Estado colabore con su supuesta crítica situación, ya que afirma que en ese caso no despediría personal y tan solo abriría un Retiro Voluntario para mil trabajadores, a quienes le pagaría 150% de lo que les hubiera correspondido en caso de despido sin causa (art. 245 LCT), lo cierto es que a esas indemnizaciones y su generoso excedente lo termina financiando con la exención de aportes y contribuciones, sumado al pretendido subsidio estatal (REPRO).

De esta manera cumpliría con el Plan Estratégico del Grupo, "Carrefour 2022", cerrando varios locales y desvinculando cerca de 1.000 empleados, a costo "CERO".

FINALMENTE ES EL PUEBLO ARGENTINO, CADA UNO DE NOSOTROS, QUE TAMBIEN SUFRIMOS LA INFLACION, RETRASO SALARIAL, IMPACTO DEL AUMENTO DE TARIFAS DE SERVICIOS PUBLICOS, PRESION IMPOSITIVA, ETC. QUIENES AHORA DEBEMOS SUMAR A TODO ELLO, EL TENER QUE AFRONTAR LOS COSTOS DE REDUCCION QUE PRETENDE UN MILLONARIO GRUPO MULTINACIONAL.

El Gobierno no puede dejarse engañar ni ser cómplice de la estrategia implementada por esta empresa. Además debe recordar que quien fuera por más de 12 años el Director de Asuntos Legales de Carrefour Argentina, Dr. José Ignacio García Hamilton (h), hasta el mes de febrero de 2016, es actualmente con rango y jerarquía de Subsecretario, el Jefe de Gabinete de la Secretaría de Comercio de la Nación, pudiendo concluirse que existe una real confusión entre controlados y controlantes.

* Abogado laboralista