Durante 10 horas se alternaron reclamos, preguntas e intentos de responder aun aquello para lo que no hay respuesta, al menos por ahora. Padres, hermanos, esposas y parejas de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan colmaron las sillas dispuestas especialmente para ellos en el Senado. Poco después de las 15 se dio comienzo al informe del ministro de Defensa, Oscar Aguad, ante 12 miembros (6 senadores y 6 diputados) de la Comisión Bicameral, que fue presidida por el diputado nacional José Ojeda (PJ).

A diferencia de lo que venía ocurriendo, Aguad ingresó al recinto acompañado por un grupo de uniformados encabezados nada menos que por el jefe del Estado Mayor Conjunto, teniente general Bari del Valle Sosa y el jefe de Estado Mayor General de la Armada vicealmirante, José Luis Villán.

A la mesa fueron invitados a sentarse junto al expositor la secretaria ministerial Graciela Villatta y el vocero naval, capitán de navío Enrique Balbi, a quien fueron relevando en su puesto distintos oficiales navales de acuerdo al tenor de las preguntas que efectuaron familiares y legisladores.

Familiares sin restricciones

Contrariamente a lo previsto, los familiares de los tripulantes del ARA San Juan interactuaron con Aguad y con los legisladores durante varios tramos de  la presentación. Fue el propio funcionario quien no solo no se escudó en los pedidos de silencio que tibiamente intentaba hacer el vicepresidente de la comisión, Alejandro Montenegro –que no preguntó nada–, sino que abrió el juego prestándose al intercambio de opiniones.

Los asesores ministeriales presentes reconocieron ante Infobae que a los familiares los asiste todo el derecho de sentirse enojados, decepcionados y hasta furiosos. "No tengo la menor posibilidad de ponerme en el lugar de ustedes", dijo el ministro. Como contrapartida, la esposa de uno de los marinos desaparecidos pegó un duro golpe al ánimo de los presentes: "Lo escucho hablar y me entusiasmo, lo veo actuar y me decepciono".

Esposas, hermanas y madres fueron las más activas a la hora de efectuar tanto manifestaciones de repudio al fin de las operaciones SAR decididas por la Armada a fines de noviembre, como por la ausencia de medios idóneos en la flota local para tareas de búsqueda, la falta de cumplimiento de algunas ayudas prometidas y hasta por el trato que se les dispensa en la base naval de Mar del Plata. "Nos pinchan los colchones inflables", dijo la esposa de un suboficial integrante de la dotación del San Juan.

Pero no es menos cierto que al mismo tiempo fueron particularmente duros con la ex ministra de Defensa y actual miembro de la comisión investigadora, Nilda Garré. Mirándola a los ojos y acercándose a la mesa de los legisladores, la hermana de un submarinista le preguntó: "¿Cómo tiene cara para estar acá sentada?".

Es bueno recordar que la presencia de la legisladora kirchnerista fue "recusada" por las familias de los submarinistas, por considerarla responsable de una presunta reparación defectuosa y fraudulenta del ARA San Juan.

Si algo hay que reconocerle al ministro Aguad es que reaccionó con extrema delicadeza a cada uno de los planteos realizados por las familias. En lo que respecta a la situación salarial de quienes se encuentran hoy en condición de desaparecidos, Aguad recordó que hasta el momento se encuentran cobrando el salario militar de personal en actividad. Es decir que la condición de desaparecidos no ha mermado la retribución que perciben los familiares derechohabientes.

En cuanto a atención médica, psicológica y otras prestaciones, desde la Armada aclararon que se está brindando la ayuda necesaria, algo que los familiares retrucan diciendo que no es otra cosa que lo reglamentado.

Algo que tanto Aguad como los oficiales navales consultados intentaron con diferente grado de éxito explicar es que la legislación es clara respecto a muchos de los temas reclamados. Un aspecto que será particularmente conflictivo tendrá lugar el mes próximo cuando se cumplan seis meses de la desaparición del ARA San Juan y los familiares queden habilitados para solicitar a la justicia la declaración de "Desaparición con presunción de fallecimiento".

"No lo vamos a hacer", casi al unísono las familias dicen que ellos no pedirán eso ya que implicaría reconocer algo que por ahora se contrapone a la "vigilia" que están realizando. Aguad declaró: "Deberemos tomar la decisión en conjunto". Es que a partir del momento en que opere este mecanismo legal, dejarán de percibir el salario militar, los desaparecidos serán ascendidos un grado en la escala militar y las viudas o parejas pasarán a percibir la pensión militar que es sustancialmente menor al sueldo ya que como se sabe, un alto porcentaje del sueldo militar es no remunerativo y por ende no computable para el haber de retiro.

Los otros reclamos relacionados con la permanencia de las familias en la base naval de Mar del Plata resultan de difícil solución ya que si bien la Armada dispuso que sus dos hoteles fueran puestos a disposición de las familias, el grueso reclama permanecer dentro de la unidad militar, que no está preparada para albergarlos de manera sostenida allí.

"La solución una vez más debería pasar por el congreso". Esta es la repuesta que los asesores parlamentarios presentes brindaron a Infobae al ser consultados sobre cuál será la forma de poder al menos contener de una forma duradera a las casi 200 personas que integran el núcleo familiar más activo.

Tal como ha ocurrido con los Veteranos de Malvinas, tendrá que pensarse en una legislación que pueda considerar la particular situación de las familias, ya que si nos atenemos a las normas en vigor, estas no contemplan que –por ejemplo- los padres cobren la pensión de sus hijos salvo que estos hubieran declarado que eran sostén de sus progenitores.

El reclamo más difícil de satisfacer
Muchos familiares optaron por no efectuar ningún tipo de reclamo económico, otros cargaron las tintas en el grado de destrucción de las FFAA durante los gobiernos anteriores, pero en lo que la voz de las familias se une sin discrepancia, es en el sostenido reclamo a que no cesen las tareas de búsqueda hasta dar con el submarino, un reclamo que viene de la mano con la convicción de que a la fecha ya nadie los busca.

Al respecto, Aguad se comprometió a que ello será cumplido mediante la contratación de una empresa privada de búsqueda y también a la compra de material propio ( por ejemplo un minisubmarino similar al que trajo la Armada rusa). Intentó explicar que aun para una "contratación directa", hay que cumplir procedimientos administrativos, llamados a presentar ofertas, publicación de pliegos, etc. Ya que no hacerlo implica una severa violación a la ley.

A la ansiedad de los familiares, se agregó el argumento de los legisladores opositores que sostienen que "estando ya acostumbrados a una gran cantidad de decretos de necesidad y urgencia para cosas ni necesarias ni urgentes, bien podría disponerse de este instrumento para agilizar el trámite".

Un cisne negro llamado Srur

Desde que se produjo la desaparición del San Juan, en mayor o menor medida se ha sostenido que la condición general del San Juan lo habilitaba para navegar. Esto fue así hasta que hace pocos días y ante la jueza federal de Caleta Olivia Marta Yáñez, el almirante Marcelo Srur (ex jefe de la Armada) declarara sin empacho que "de haber sabido en qué condiciones estaba el submarino no lo hubiera dejado salir a navegar". Esta fuerte declaración, que lejos de exculpar a quien ejerciera la máxima responsabilidad naval del país, lo acerca al banquillo en una próxima y segura indagatoria, generó un sutil cambio en las afirmaciones sobre el estado de la nave. "Nada es absoluto, todo es materia de investigación y si hay responsables tendrán que pagar", señalo el ministro.

La labor de la comisión
Con la habitual dialéctica legislativa, varios pasajes de los requerimientos de diputados y senadores al ministro de Defensa fueron alternados por declaraciones de autovaloración de la labor de la propia comisión, la que según algunos observadores podría entrar en colisión con la acción de la justicia.
Lo que dejó la jornada
Diez horas de declaración, apenas interrumpidas por un receso sanitario de 20 minutos, mostraron a funcionarios civiles y militares dispuestos a no poner excusas para levantar la deliberación y retirarse, pero también dejaron en las familias la sensación de que están en el mismo punto del que partieron aquella jornada del 15 de noviembre donde recibieron la noticia de que el San Juan había desaparecido. No parecen –al menos por ahora- decididos a dejar que además de desaparecidos, el submarino ARA San Juan y sus 44 tripulantes sean olvidados.