Un histórico logro del Ministerio Público Fiscal, tergiversado

En virtud de la publicación efectuada por este medio con el título "Nueva denuncia contra Enrique Senestrari: solicitan su remoción por irregularidades en una causa por lavado", solicité y obtuve este espacio para expresar mi punto de vista. Es una buena práctica periodística la concesión de este derecho, y por ello agradezco el gesto a Infobae.

Es una obligación ética de todo funcionario público de cierta responsabilidad someterse a la crítica pública y responder a la sociedad a través de los medios de comunicación.

La noticia que motivó esta columna se basa en información brindada por los abogados Manuel De Allende, Mario Seleme y Justo Casado, defensores del procesado Darío Ramonda en el caso judicial públicamente conocido como "CBI".

Este caso es un histórico logro del Ministerio Público Fiscal (MPF), que involucra un banco clandestino o "cueva financiera", en pleno centro de Córdoba, con un giro de cientos de millones de pesos, que ha llevado a la investigación y el procesamiento de numerosas personas por asociación ilícita, lavado de activos, intermediación financiera clandestina, estafas y evasión de impuestos. Centenas de víctimas han sido estafadas. Víctimas que de buena fe pusieron sus ahorros en manos de quienes conducían este banco ilegal a la vista de todos en plena zona bancaria de Córdoba.

Sin duda, es el caso de criminalidad compleja y económica más grande de la historia de Córdoba, y está a punto de llegar a juicio oral y público. La investigación comenzó hace cuatro años, luego de los cuales el caso quedó configurado y en manos del juez federal para resolver su envío a un tribunal oral con fines de juzgamiento.

Los hechos que figuran en la denuncia han sido tergiversados y reeditados por sus autores. Toman sucesos de la causa y los mezclan con malintencionadas interpretaciones que como noticia pueden resultar interesantes, ya que me exhiben como un corrupto magistrado que desvió la investigación.

Pero lo que se menciona como "nuevos hechos" son datos conocidos desde el inicio, cuatro años atrás. Esos "nuevos hechos" fueron tratados y descartados por dos jueces de Instrucción, por la Cámara Federal de Córdoba y por el fiscal ante esa Cámara al analizar planteos de nulidades, recusaciones, incidentes de falta de acción, reposiciones y apelaciones.

No es cierto que la Fiscalía se haya abstenido de investigar hechos relacionados con cajas de seguridad de dirigentes políticos. Se investigó todo lo que el primer juez de la causa permitió antes de reintegrar su contenido a los titulares, sin participación de la Fiscalía. La situación del dirigente Eduardo Accastello fue investigada hasta que se declaró la incompetencia federal para continuar analizando los hechos que lo involucran.

Tampoco existió ninguna irregularidad con el supuesto colaborador, quien es un funcionario de AFIP designado por sus autoridades para coordinar algunas acciones entre ese organismo y el MPF.

Lo cierto es que el caso CBI está a punto de llegar a juicio oral y público. Ello implica un éxito del Ministerio Público Fiscal. Éxito de la Fiscalía, pero que no hubiera sido posible sin la cooperación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, de la Oficina de Recupero de Activos y de las distintas dependencias de la Procuración General de la Nación que dieron su eficaz apoyo durante la instrucción. También de las fuerzas de seguridad actuantes, del Banco Central, de Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de Unidad de Información Financiera (UIF), cuyos profesionales aportaron su especialidad en apoyo de la acusación.

La criminalidad compleja y económica es un cáncer social que genera cuantiosas ganancias ilegales con dinero proveniente del Estado o con destino a este. Enormes sumas de dinero se sustraen de lo que los gobiernos deben aplicar a salud pública, educación pública, seguridad, etcétera. La delincuencia económica siempre ha salido airosa, valiéndose de estrategias de impunidad, por ello es la principal causante de graves males sociales que afectan a nuestro país.

Por el ejercicio de mi función como fiscal, de mi libertad de expresión y por la atribución de tendencias políticas que muchos medios utilizan de manera descalificadora y estigmatizante, se me han formulado denuncias e iniciado sumarios en la Procuración General de la Nación, tren de persecución política al que estos abogados intentan subirse, seguramente como un último intento para evitar que su cliente deba enfrentar el juicio oral y público que le corresponde. Y le corresponde más allá de quién sea el fiscal, porque lo que lo condena son las pruebas reunidas durante cuatro años de investigación.

Finalmente, y ante esta acusación por parte nada menos que de la delincuencia económica que se me formula después de 34 años de trabajo en la Justicia y más de trece como fiscal federal, debo decir que mi patrimonio se explica por sí mismo.

El autor es fiscal federal nº 1 de Córdoba.