El país necesita una mayor institucionalización de la política. Las fuerzas del cambio deben encontrar una verdadera expresión institucional para garantizar que el sistema se impregne en su plenitud de las diferencias de opinión, de miradas, de principios y de valores que enriquecen el espacio público.
El estado de salud de una democracia se ve en el Parlamento. La calidad de la democracia y de la política no está dada sólo por los buenos programas, y ni siquiera solamente por las personas que llevan adelante esas ideas, sino por sus instituciones. Los gobiernos republicanos no pueden verse tentados a ir por todo, a intentar atrapar todo, a buscar unidades que anulen las diferencias e impidan los contrapesos que controlen con responsabilidad y propuestas.
Buscar cantidad sin calidad termina siendo disvalioso. La calidad parlamentaria es siempre la que impide los retrocesos políticos y los cambios económicos que no se proyectan al futuro y terminan siendo dañinos, con efectos irreversibles en lo social.
Nuestro espacio propone dotar al Congreso de una agenda política con valores, ideas y planes que posibiliten asumir la gravedad de los problemas institucionales, económicos y sociales producidos por la recurrente falta de proyectos de futuro. No se trata solamente de ser alternativa, sino también la de tener otro papel: el de influir en el proceso de la toma de decisiones. El disenso y la crítica no es sólo tarea de la oposición. Es una tarea responsable que deben asumir todos los que quieren un país un mejor.
A los gobiernos no los enriquecen los séquitos o quienes hacen seguidismo de la voluntad del palacio, sino quienes aportan desde la mirada crítica, reflexiva y pensante. No se realiza ningún aporte al gobierno ni a la política practicando la autocensura. Las coaliciones que clausuran y excluyen la posibilidad de la deliberación interna empalidecen la calidad democrática de su gobierno y las posibilidades de producir necesarios y profundos cambios del sistema político.
La falta de deliberación institucional impide poner en escena los problemas de fondo que acarreamos y los dramas estructurales que afectan al país. El riesgo es que no podamos aprender del pasado y tropecemos nuevamente con la misma piedra.
Sabemos que las sociedades complacientes y benevolentes con sus gobiernos, porque consideran satisfechas determinadas urgencias del presente, sólo generan proyectos de poder que no terminan siendo proyectos del país. Cambios de signos políticos y no cambios del sistema político. Debemos exigirle siempre a nuestro gobierno y sobre todo transparencia. Transparentar los procesos de toma de decisión política, información y publicidad de sus actos a la luz del sol. Se debe exigir al Gobierno que cualquier ideal político debe ser ideal para todos.
Hay mucho para mejorar. Hay mucho para controlar y orientar. Es grande el espacio, y la necesidad de propuesta y de crítica propositiva que sume al debate. No se trata de buscar lo mejor, sólo en la situación actual, sino estar dispuestos a actuar para una perspectiva más larga, que incluya al futuro.
Aprendimos estos años que el poder sin control siempre oprime. La ley debe ser resistente a la voluntad de la mayoría. La Justicia deber ser resistente a la voluntad de la mayoría y la política debe serlo también. Los que quebraron la ley y generaron un sistema de impunidad donde pudo ser regla la corrupción, sus negociados organizados desde el poder y la primacía de sus intereses particulares no pueden volver en la Ciudad de Buenos Aires como alternativa.
Debemos tener en claro, de todos modos, que los enemigos del futuro no son sólo los que quieren volver al pasado, sino los que defienden al futuro, pero mal. Defender mal el futuro es desplazar siempre al futuro los problemas, todo lo que nos incomoda o no nos rinde electoralmente en el presente. La opción de una república nunca puede ser entre los que pagaban por rutas que nunca se hacían o los que gastan fortunas en obras que no son prioridad pero se terminan. La ilegalidad o el delito con los dineros públicos es repugnante, pero ello no significa, por contraposición, que todo aquello que reviste cierta legalidad sea para bien, esté bueno o sea provechoso o prioritario para el país.
Elevar la calidad de nuestros problemas y discutirlos es necesario. Para ello debemos dejar el pasado atrás y quienes quieren ir al Congreso a practicar una oposición desleal y obstruccionista como lo harán la ex presidente Cristina Kirchner y sus delegados en CABA (Daniel Filmus, Gabriela Cerruti, Juan Cabandié, Guillermo Moreno y Carlos Heller). Esto no es un ataque a las personas, sino una definición de las consecuencias políticas de los encuadramientos o las directivas a las que responderán y sus fines.
Queremos hacer nuestro aporte para resignificar la política. Para ello, es necesario que dejemos atrás el pasado que nos hizo tanto daño y avancemos hacia la discusión del sentido del cambio.
El autor es dirigente UCR, candidato a diputado nacional por Evolución CABA.