En septiembre de 2016 publiqué en este mismo espacio una nota titulada "Nada es gratis. Construir tres mil jardines de infantes tampoco", que predecía la imposibilidad de llevar a la práctica el ambicioso y loable proyecto de asegurar el inicio de la escolarización de todos los niños de tres años mediante la construcción de tres mil jardines.
La nota continuaba el desarrollo de la columna que había publicado en este medio un mes antes, junto a Agustín Etchebarne, para proponer una sencilla política que facilitaría el acceso de los niños de tres años a la escolaridad, sin necesidad de construir semejante número de jardines: "La escolaridad a los tres años, otro paradigma educativo es posible".
Hoy, un año después, las declaraciones del nuevo ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, hablan por sí mismas: "Estamos reconvirtiendo ese objetivo a un programa de aulas por dos motivos: en primer lugar, porque el plan original contemplaba determinados requisitos en relación con los terrenos sumamente difíciles de alcanzar para las jurisdicciones provinciales. En segundo lugar, el plan implicaba un gasto corriente muy grande para las jurisdicciones, es decir, salarios (…), porque había que poner todo el equipo directivo, la planta de docentes, etcétera. Por eso lo reconvertimos a 10 mil salas, agrandando jardines o escuelas existentes".
Resulta relevante recordar aquella nota de septiembre pasado y la propuesta superadora que hemos realizado con Agustín Etchebarne para concretar un objetivo importante, pero claramente no plausible como fue instrumentado.
En aquella nota, en concordancia con lo manifestado por Finocchiaro, señalé que el costo relevante no era solamente el de construir los jardines, que, con base en la información provista en los pliegos de las licitaciones llevadas a cabo para construir los primeros 124 establecimientos, representaba alrededor de 43,5 billones de pesos, de septiembre de 2016, para la potencial construcción de los tres mil jardines. Por el contrario, remarqué que el real problema no era ese, ni tampoco los gastos de operación, que superarían con creces los costos de construcción, lo cual evidentemente en la actualidad también es tomado en cuenta por el Gobierno.
El real problema consiste en cómo lograrlo sin contar con un gran número de nuevos docentes. Es más dificultoso y su capacitación demanda mucho más tiempo que la construcción de los jardines, sin considerar siquiera el costo de ello. Esto no se soluciona con la reconversión propuesta, pues, si se habilitan para 2019 mil nuevas salas en jardines existentes, ¿cómo se conseguirá semejante cantidad de maestros especializados para atenderlas?
Por ello, en aquella nota escrita junto a Etchebarne, postulamos que era factible llevar a cabo la plausible iniciativa construyendo muchos menos jardines y requiriendo muchos menos nuevos docentes. Ello, más allá de reducir los costos, facilitaría considerablemente la instrumentación de un proyecto de gran impacto social.
Entreguemos a los padres de los alrededor de 600 mil niños de tres años no escolarizados una tarjeta, similar a una de crédito, que denominaremos Educard, por un monto que no supere el costo de su educación en un jardín de infantes público del distrito de residencia de la familia. Dicha tarjeta únicamente podría ser utilizada para abonar su educación en el jardín que elijan los padres, ya sea público o privado. Es claro que en zonas de baja densidad de población el jardín público sería la única alternativa, pero no así en las grandes ciudades.
Un esquema como el propuesto facilitaría la instrumentación del proyecto, pues requeriría una menor cantidad de nuevos jardines, un menor número de nuevas salas en jardines ya existentes y una menor cantidad de nuevos docentes especializados en la enseñanza de niños de tan temprana edad.
Nada es gratis, la construcción y la operación de tres mil jardines de infantes tampoco lo era. La reconversión del proyecto es un avance, pero no enfrenta el problema de mayor importancia para quien esto escribe: sin maestros calificados de nada sirve iniciar la escolaridad a los tres años.
Por ello, si bien el proyecto no puede ser más apropiado en dirección a igualar oportunidades, su instrumentación continúa sin ser la adecuada. Es imprescindible utilizar con la mayor eficiencia la totalidad de los recursos existentes, ya sea en jardines de gestión pública o privada. Educard va en dicha dirección, vale la pena que el Gobierno lo evalúe.
El autor es miembro de la Academia Nacional de Educación y vicerrector de la Universidad del CEMA.