Nota escrita en colaboración con Marcelo Morante, Ariel Cherro, Miguel Miceli y Marcelo Villar.

Con fecha de publicación el 19 de abril del 2017, quedó sancionada con fuerza de ley en la República Argentina la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados, impulsada sobre todo por padres de niños con epilepsia refractaria, al observar los drásticos efectos reductores en el número de convulsiones diarias. La noticia ha dado lugar a la euforia en los ámbitos social, político y académico, y en particular de miles de pacientes con tal condición que podrían beneficiarse con el uso medicinal del cannabis.

Desde el punto de vista médico, la reglamentación y el uso atinado de un compuesto analgésico milenario como el cannabis requieren un análisis cuidadoso, en el que debe primar la mesura para evitar el daño, aun en pos de un beneficio cierto, premisa esencial de cualquier servicio o profesional de la salud. Y más todavía si se planea extender su utilización a otras condiciones como el dolor crónico. Sin hacer comparaciones estrictas, primos hermanos conocidos del cannabis, los opioides, entre ellos la morfina, están sujetos a la misma problemática. De ellos debemos recordar importantes lecciones y no caer en el peor error: reemplazar un psicofármaco por otro, sin mayor análisis.

Sin embargo, esta nota de opinión se centra en el desafío que esta situación novedosa representa para la ciencia argentina. El mismo título de la ley lo enfatiza: "Investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados". Pero, ¿qué será necesario para afrontar este desafío?

Desde el punto de vista terapéutico, será de suma importancia desarrollar ensayos clínicos controlados, en centros asistenciales adecuadamente preparados, en donde se produzca evidencia clínica confiable que permita establecer la eficacia del cannabis y sus derivados para cada indicación terapéutica, las concentraciones seguras y con bajo índice de toxicidad, los posibles efectos adversos, las limitaciones para su uso, su lugar entre otros fármacos analgésicos, etcétera. Tal evidencia dependerá directamente de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), a su vez enfrentada a la responsabilidad de recibir el flujo creciente de pedidos de autorización para la realización de ensayos clínicos con cannabis, buscando hacer un juicio prudente pero expeditivo y no limitante.

Desde el punto de vista científico, a nivel internacional, e inclusive en países pioneros en la investigación y el uso del cannabis medicinal como Canadá, todavía persisten las preguntas acerca de los mecanismos de acción del cannabis y sus derivados, el impacto del consumo crónico y sus efectos adversos, la estandarización de los resultados (benéficos o adversos) en función de dosis conocidas de la droga, y su eventual coadministración con otros fármacos, entre otros.

La Argentina no puede permanecer neutral frente a la necesidad de comprender mejor aquello que pronto podría ser administrado de manera masiva a la población en general. Por ello, les corresponde a los diferentes centros e institutos de investigación del país abordar la experimentación básica y clínica necesaria para continuar precisando las propiedades, las potencialidades y los riesgos del cannabis como agente medicinal.

Un aspecto importante a tener en cuenta en relación con las consideraciones hechas es el de los altos costos asociados a investigación de alta calidad para proyectos poco explorados hasta el momento en Argentina, sin mencionar los costos que la industria farmacéutica deberá afrontar para colocar droga segura en las farmacias.

Por ello, será extremadamente importante y necesario que los entes financiadores de ciencia en la Argentina (Ministerio de Ciencia y Tecnología, Conicet, Agencia, etcétera) apoyen con diversas líneas de subsidios los estudios que a la sazón se presentan como indispensables. La apertura de programas especiales de apoyo financiero especialmente públicos, sin descartar los privados, para el armado y el inicio de líneas de investigación nuevas por parte de los grupos de investigación capacitados e interesados en la exploración de las características y los usos del cannabis medicinal, debería ser organizada y canalizada por los organismos mencionados.

Sólo así tendrá sentido cualquier esfuerzo realizado por la comunidad científica y médica en pos de ofrecer a la población un producto de categoría medicinal confiable, segura y de eficacia conocida.

Pablo Brumovsky es investigador adjunto del Conicet y codirector del grupo de dolor del IIMT Universidad Austral-Conicet.

Marcelo Morante es especialista en Medicina Interna, investigador del área Dolor de la Facultad de Medicina de la UNLP.

Ariel Cherro es médico clínico, especialista en Cuidados Paliativos (CP).

Miguel Miceli es médico anestesiólogo y farmacólogo, experto en Medicina del Dolor.

Marcelo Villar es investigador principal del Conicet, director del Instituto de Investigaciones en Medicina Traslacional Universidad Austral-Conicet.