La creación y la puesta en marcha de la Policía de la Ciudad es el último eslabón en materia de seguridad en el proceso de autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. En 1994, la reforma de la Constitución Nacional le confirió autonomía al distrito, y la creación de esta nueva fuerza se enmarca en la necesidad de completar ese proceso.
Con la nueva Policía de la Ciudad, la responsabilidad política queda unificada y es el gobierno local el que a partir de ahora tendrá que responder por la seguridad de los porteños. Es una gran oportunidad y un enorme desafío que este Gobierno está dispuesto a llevar adelante.
El objetivo de proteger a los vecinos nos requiere crecer en mayores niveles de capacitación. En este contexto, el traspaso con recursos y la creación —también por ley— del Instituto Universitario como ámbito de formación al más alto nivel fueron una muestra de esfuerzo y de responsabilidad que vela por los intereses de cada agente.
La nueva Policía de la Ciudad, conformada por 25 mil hombres, 54 comisarías y dependencias, además de combatir el delito, priorizará resolver progresivamente un conflicto que se intensificó en los últimos años: los cortes de calles y avenidas.
Debemos entender que vivimos en comunidad, y el ejercicio de nuestros derechos no puede limitar los del resto de los ciudadanos. Hoy la seguridad y el orden público en la Ciudad dependen del jefe de Gobierno, quien está dispuesto a actuar para garantizar que todos los porteños podamos transitar libremente por las calles de nuestra ciudad.
Quienes hoy encabezan el Gobierno nacional y los dos principales distritos, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, donde se suele concentrar la mayor cantidad de cortes, están dispuestos a escuchar los reclamos y las inquietudes de los diferentes sectores. No existe mayor prueba de esto que los hechos concretos ocurridos a lo largo de 2016, cuando funcionarios se reunieron en reiteradas oportunidades con representantes de diversas organizaciones para acercar posiciones y resolver puntos de conflicto.
Los cortes no benefician a nadie. Sin dudas no benefician al trabajador que quiere llegar a destino para cumplir con su jornada laboral y no perder el presentismo, pero tampoco benefician a quienes se manifiestan a través de esos cortes, porque obstruyendo las calles no van a lograr la comprensión ni el involucramiento con la causa por parte de los demás ciudadanos. La gran mayoría creemos en el diálogo, no en las imposiciones.
No se trata de causas más o menos legítimas, se trata de comprender que, en una sociedad, no sólo tenemos derechos, sino también obligaciones.
@franquintana
El autor es presidente del Bloque PRO Legislatura Porteña, secretario general de PRO Argentina.