En la visita del presidente Barack Obama a Lima para participar en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) de la pasada semana, la lucha contra el terrorismo islamista debía ocupar un espacio prioritario en su agenda. El pasado año, han aparecido grupos afiliados al ISIS en México, Argentina, Paraguay, Colombia, el Caribe y Brasil, por nombrar algunos. Afortunadamente, se frustró un plan terrorista de Ansar al-Khilafah, filial del ISIS, que tenía como objetivo atentar contra los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.
El éxito contraterrorista en Brasil fue el resultado de un esfuerzo combinado de las autoridades locales e internacionales, que actuaron rápidamente para anular el plan de doce yihadistas brasileños que buscaban emular los ataques del ISIS en París de noviembre de 2015. El catalizador que permitió a la Policía Federal de Brasil descubrir el plan fue la primera legislación antiterrorista del país, promulgada el pasado mes de marzo. Esta nueva ley otorgó a los agentes brasileños la autoridad legal para investigar, registrar, detener y acusar a los terroristas islamistas antes de que actúen.
La clave para declarar culpables a los terroristas islámicos en Latinoamérica es criminalizar su integración en organizaciones terroristas extranjeras. Desafortunadamente, los Estados latinoamericanos carecen de listas adecuadas de designación para añadir a terroristas islámicos individuales y a organizaciones, lo que limita su capacidad para prevenir acciones terroristas. Más de la mitad de los países carece de cualquier forma de legislación antiterrorista. En muchos países, ser miembro del ISIS o de Hezbollah no constituye una acción criminal de por sí.
Al no atajar este problema, Latinoamérica sufre del mismo vacío legal que existía en Estados Unidos hace veinte años. Antes de 1996, Estados Unidos no contaba con un marco legal adecuado para hacer frente al aumento del terrorismo, tanto doméstico como foráneo. Tras las bombas del World Trade Center de 1993 y de la ciudad de Oklahoma, en 1995, el Congreso aprobó la ley antiterrorista y de pena de muerte efectiva.
Una de las disposiciones más importantes de esta ley permite al Gobierno de los Estados Unidos designar como terroristas a organizaciones extranjeras y prohibir su financiación. En la práctica, esto llevó a la creación de la que se conoce como lista de organizaciones terroristas extranjeras, gestionada por el Departamento de Estado. La lista, que se actualiza cada dos años, facilita a las autoridades estadounidenses rastrear y enjuiciar más fácilmente a miembros de organizaciones yihadistas, lo que ayuda a prevenir futuros ataques terroristas.
La senadora Joni Ernst, una republicana de Iowa, escribió recientemente una carta al presidente Obama instando a su administración a ser más proactiva en la colaboración con las autoridades de Latinoamérica para atajar la expansión de extremistas islámicos en "nuestro propio hemisferio". Un buen comienzo para el presidente Obama sería subrayar la importancia del caso de Perú contra Mohamad Ghaleb Hamdar durante su visita.
Hamdar, un presunto miembro de Hezbollah, fue arrestado en octubre de 2014 con cientos de fotografías de objetivos de alto valor e infraestructuras esenciales en Perú, así como con residuos y trazas de explosivos tanto en su persona como en su departamento. El caso de Hamdar fue reseñado prominentemente en el Informe por Países sobre Terrorismo de 2015, elaborado por el Departamento de Estado norteamericano. Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Tesoro estadounidense añadió recientemente a Hamdar a la lista de nacionales especialmente designados (SDN, por sus siglas en inglés) para etiquetarlo efectivamente como terrorista y restringir su acceso a fondos públicos de compañías estadounidenses. La mujer de Hamdar, Carmen Carrión Vela, con doble ciudadanía peruana y estadounidense, también ha sido arrestada en Perú por proporcionar potencialmente apoyo financiero a Hamdar mientras residía en Florida.
Si resulta condenado, Hamdar se enfrenta a una sentencia de un mínimo de 20 años, lo que enviaría una fuerte señal a yihadistas de todo el mundo de que Perú y Latinoamérica están fuera de su alcance. Una condena podría cambiar el panorama legal antiterrorista latinoamericano en un tiempo en el que los yihadistas de todo el mundo van de frontera en frontera. Un veredicto de culpabilidad marcaría la primera ocasión en la que un miembro de una organización terrorista islámica ha sido condenado en Latinoamérica por planear un ataque terrorista. Constituiría además la designación, de facto, de Hezbollah como una organización terrorista extranjera en Perú; sentaría un precedente legal que podría espolear nuevas designaciones en toda la región.
El presidente Obama ha contado ahora con la plataforma perfecta en la Cumbre de APEC para ampliar la unión contra el movimiento yihadista global y sumar a Perú como un potencial nuevo socio en esta coalición liderada por Estados Unidos para contrarrestar al ISIS. Esperemos que esta oportunidad de colaboración se confirme.
El autor es analista internacional.