El Gobierno y la oposición acaban de presentar diferentes proyectos tendientes a modificar determinados parámetros del impuesto a las ganancias que pagan los empleados en relación de dependencia. Si bien estas iniciativas muestran avances con respecto a la situación actual, son insuficientes para que este tributo mantenga la esencia que tenía hace más de una década.
Quince años atrás, el impuesto a las ganancias lo pagaban sólo empleados que tenían un poder adquisitivo muy alto; sin embargo, hoy alcanza a dos millones de personas, entre empleados y jubilados que cobran sueldos brutos o jubilaciones de más de 22.747 pesos. Y quienes tienen remuneraciones de 35 mil pesos entran en la categoría más alta, que grava el 35 por ciento.
Un tema clave en el debate radica en las escalas que establecen las alícuotas para determinar el importe a pagar, totalmente desactualizadas desde hace quince años. En aquel entonces, había que ganar mensualmente más de treinta salarios mínimos vitales y móviles (más de doscientos mil pesos actuales por mes) para entrar en la escala más alta, del 35 por ciento. Sin embargo, hoy están en esa categoría quienes cobran 35 mil pesos brutos, que equivalen a menos de cinco salarios mínimos, lo cual revela la pesada carga tributaria que soportan los trabajadores.
Algo similar sucede con el mínimo no imponible, es decir, el importe del sueldo a partir del cual hay que pagar impuesto a las ganancias. El proyecto del Gobierno propone un incremento del 15% y el de la oposición, un aumento del 60 por ciento. Sin embargo, hace 15 años el mínimo no imponible equivalía casi a seis salarios mínimos vitales y móviles, mientras que hoy una persona soltera que gana apenas por encima de tres salarios mínimos vitales y móviles ya está alcanzada por el impuesto. Es decir, el mínimo no imponible debería ser el doble del valor actual.
Por otro lado, un tema a analizar es el impuesto a las ganancias que se les cobra a los jubilados. Los trabajadores pagan todos los meses aportes destinados a su jubilación y, al jubilarse, el Estado les devuelve parte de lo que aportaron durante toda su vida laboral. Entonces, no tiene ningún sentido que un jubilado pague impuesto a las ganancias, porque lo que cobra no representa ninguna ganancia, sino una simple devolución parcial de lo que aportó durante toda su vida. En paralelo, además, durante toda su vida laboral ya se le cobró el impuesto a las ganancias sobre su salario.
Es cierto que hacer estas reformas implicaría un costo fiscal, pero no debería ser tan elevado, porque la gente, al tener más dinero disponible en el bolsillo, va a aumentar su consumo y, por lo tanto, mejoraría la recaudación de otros impuestos, como el IVA. Además, también se podrían gravar otras actividades que actualmente están exentas, a los efectos de que no baje la recaudación.
El Congreso hoy avanza con esta discusión, tan necesaria y reclamada por los trabajadores. Espero que se brinde un debate legislativo serio y responsable, pensando en la gente y en el país, para que este impuesto retome la esencia que tenía hace 15 años, cuando lo pagaban sólo los de mayor poder adquisitivo. Todo depende de una decisión política sobre este impuesto que está totalmente desproporcionado y que afecta seriamente el bolsillo de los trabajadores.
El autor es magíster en finanzas y mercados de capitales, docente de la UBA.