La saturación de los servicios periciales y médicos forenses en México no se distribuye de manera uniforme. Las cifras oficiales más recientes publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestran un mapa claro de los focos rojos en el país, evidenciando que solo cuatro entidades federativas concentran más de un tercio de los cuerpos que ingresan a las morgues a nivel nacional.
Durante el año 2025, las unidades estatales (UE) y la Fiscalía General de la República (FGR) documentaron la recepción de 97,920 cadáveres en todo el territorio. Si bien esta cifra total representa una disminución del 2.1 por ciento en comparación con los 100,020 ingresos registrados en 2024, la constante entrada de cuerpos mantiene una presión crítica e incesante sobre la infraestructura de regiones geográficas específicas.
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La concentración territorial de la muerte
El análisis de estos datos expone una marcada disparidad entre estados. El Estado de México se consolida como el epicentro ineludible de la demanda forense, registrando el ingreso de 11,047 cadáveres en el último año, lo que representa por sí solo el 11.3 por ciento de todo el país.
A esta demarcación le sigue de cerca Guanajuato, que reportó 7,245 cuerpos recibidos (equivalente al 7.4 por ciento nacional); Baja California, con 6,914 ingresos (7.1 por ciento); y la Ciudad de México, con 6,815 cadáveres (7.0 por ciento). En conjunto, estas cuatro zonas agrupan el 32.8 por ciento de la exigencia nacional de atención pericial para personas fallecidas.
En un segundo escalón de alta incidencia figuran estados como Jalisco, con 6,002 ingresos; Chihuahua, con 4,800; Veracruz, con 4,783; y Nuevo León, con 4,433 cadáveres. En un claro contraste geográfico, los estados con menor número de cuerpos recibidos fueron Campeche, con apenas 531; Aguascalientes, con 768; y Baja California Sur, que reportó 845.
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La estadística demográfica de todos estos ingresos muestra una tendencia irreversible y conocida: del total de 97,920 cuerpos, 80,432 correspondieron a hombres, representando el 82.1 por ciento. Las mujeres sumaron 16,614 casos (17.0 por ciento), mientras que en 874 expedientes (0.9 por ciento) fue imposible determinar el sexo en un inicio.
El colapso en los anfiteatros y el rezago pericial
Más allá de los nuevos ingresos, el principal cuello de botella de la geografía forense se ubica en el resguardo final de los cuerpos. Al cierre de 2025, el país contabilizó 10,770 cadáveres almacenados de forma temporal o permanente en diversos anfiteatros, reconfigurando totalmente el mapa de los focos rojos.
Veracruz lidera de forma alarmante este rezago físico, al mantener 2,552 cadáveres acumulados en sus instalaciones, es decir, casi una cuarta parte de todo el almacenamiento nacional. A la distancia le siguen Jalisco, con 1,190 cuerpos resguardados; Quintana Roo, con 1,132; Guerrero, con 958; y la Ciudad de México, con 722. Este fenómeno revela que tener altos ingresos no equivale automáticamente a mayor estancamiento interno: el Estado de México recibió más de 11 mil cuerpos en 2025, pero reportó únicamente 9 cadáveres almacenados en anfiteatros al concluir el año.
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La crisis institucional se expande al manejo de los restos humanos. Las unidades estatales debieron clasificar miles de segmentos y fragmentos a lo largo del año. Nuevo León, por ejemplo, registró un volumen de 167,358 piezas de fragmentos, en tanto que Jalisco procesó 1,680 piezas de segmentos. Al finalizar el año, a nivel nacional permanecían en almacenamiento 9,115 segmentos y 1,158 fragmentos, concentrados de manera mayoritaria en Jalisco.
A este complejo y saturado ecosistema se suma la presión procesal administrativa. En 2025 se admitieron 5,121,796 solicitudes de intervención pericial en el país. Por su densidad poblacional, el Estado de México aglutinó 805,199 de estas solicitudes y la Ciudad de México otras 513,263. Pese a contar con un presupuesto de 5,069.3 millones de pesos (un incremento del 9.5 por ciento real frente a 2024), el sistema terminó su ciclo con 289,958 trámites periciales pendientes a nivel nacional.
Los datos presentados por la dependencia revelan también el complejo destino de quienes no logran ser identificados. Durante este periodo anual, egresaron 6,502 cadáveres en calidad de no identificados. De estos, casi la mitad (el 48.7 por ciento) terminó nuevamente confinada en el almacenamiento de los anfiteatros, mientras que solo un 26.3 por ciento pudo ser inhumado en fosas comunes individuales. En suma, los números trazan una geografía forense fracturada y dispar a lo largo del territorio.
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