Rubén Moreira vinculó este martes 22 de julio el caso de Ernesto Ruffo con el escándalo del huachicol fiscal y exigió debido proceso para el exgobernador, al tiempo que Morena sostuvo que la discusión de fondo está en una presunta red de contrabando de combustibles y fraude fiscal que habría causado un daño superior a 4 mil millones de pesos.
El diputado y coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados dijo ante medios que el asunto de Ruffo es solo una parte de un problema mayor. Afirmó que, según “autoridades americanas”, hasta la tercera parte del combustible que se consume en México provendría del huachicol, ya sea por contrabando o por extracción ilegal de ductos.
A partir de esa premisa, Moreira sostuvo que Pemex necesariamente tendría conocimiento del fenómeno. Señaló que, si la empresa tiene el monopolio del mercado, tendría que haber detectado que una tercera parte del combustible dejó de ser requerida o que estaba siendo abastecida por otra vía.
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“Entonces nosotros exigimos, en el caso del señor Rufo, el debido proceso, la presunción de inocencia”, dijo el legislador priista. En la misma declaración añadió que las investigaciones deben avanzar sobre “todo este problema que padece el país y que nos fue heredado de López Obrador”.
Dirigencia de Morena acusa a la oposición de desviar el debate del huachicol fiscal
La dirigencia nacional de Morena acusó el pasado 20 de julio a la oposición de intentar presentar a Ruffo como un “preso político” para desviar la atención de las indagatorias por presunto huachicol fiscal.
Ariadna Montiel Reyes, la presidenta nacional de Morena, sostuvo que el PAN, PRI y sus aliados buscan mover el debate hacia una supuesta persecución en lugar de discutir las acusaciones por contrabando de combustibles.
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La dirigente afirmó: “Quieren hablar de persecución para no hablar de corrupción”. Montiel señaló un mecanismo que presuntamente simulaba el cruce de ferrotanques vacíos por la frontera para introducir gasolina de forma ilegal y evitar el pago de impuestos.
Ese esquema, según la versión partidista, habría provocado un daño superior a 4 mil millones de pesos al erario. También aseguró que la investigación federal se ha desarrollado durante alrededor de un año y que el caso podría exhibir una estructura más amplia de irregularidades.
La FGR detuvo a Ernesto Ruffo Appel el pasado 16 de julio en Ensenada, Baja California. El exgobernador es investigado por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.
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Dicha investigación relaciona el expediente con la empresa Ingemar, de la que Ruffo es socio. El caso surgió después del aseguramiento de 129 ferrotanques con más de 15 millones de litros de combustible irregular en Coahuila durante 2025.
La FGR y el SAT ubican irregularidades en importaciones
De acuerdo con la carpeta de investigación, Ingemar habría importado combustible al declarar mercancías distintas o al registrar volúmenes menores para evadir impuestos aduanales. Las indagatorias señalan que la empresa fue constituida en 2018 y que Ruffo ingresó como accionista en 2021.
Peritajes de la FGR y el SAT concluyeron que varios ferrotanques ingresaban completamente cargados de gasolina, aunque la documentación indicaba otros productos o residuos. Una jueza federal dictó prisión preventiva contra Ruffo y otros implicados mientras sigue el proceso penal.
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La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el pasado 20 de julio que el caso tenga motivaciones políticas. Sostuvo que la investigación se basa en pruebas recabadas durante más de un año y que corresponde a un presunto fraude fiscal ligado a la importación de combustibles.
Sheinbaum explicó que Ingemar habría usado dos mecanismos para introducir hidrocarburos de manera irregular: declarar menores cantidades de combustible o registrar productos distintos a los realmente transportados. También recordó que a la empresa le fueron cancelados permisos de importación durante el gobierno anterior, aunque después obtuvo amparos para seguir operando.
En contraste, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, calificó la detención de Ruffo como una presunta “cacería de brujas” contra la oposición. También pidió que las investigaciones alcancen a funcionarios de Morena que enfrentan señalamientos, al tiempo que sostuvo que el exgobernador debe responder ante la justicia con respeto al debido proceso.
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