El International Crisis Group advirtió este 7 de julio de 2026 que una intervención militar de Estados Unidos en territorio mexicano tendría consecuencias “nefastas” para la estabilidad del país y su relación con Washington, sin lograr debilitar las redes que sostienen al crimen organizado.
La advertencia quedó plasmada en el informe La guerra de los herederos en Sinaloa: combatir el crimen en México bajo presión de EEUU, en el que la organización analizó el conflicto entre “Los Mayos” y “Los Chapitos” que detonó tras el secuestro y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada por parte de un hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán y sus implicaciones para la política de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El documento señaló que cualquier incursión militar estadounidense sometería a Sheinbaum a una presión interna que la obligaría a reducir la cooperación con Washington, imponer restricciones operativas y limitar el alcance de los esfuerzos conjuntos contra el narcotráfico.
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Según datos citados por la organización y obtenidos de El Financiero, el 78% de los mexicanos rechaza una intervención militar extranjera en el país. Crisis Group también subrayó que el intercambio de inteligencia ha sido uno de los ejes más productivos de la relación bilateral: con base en información recopilada por drones estadounidenses, las fuerzas federales mexicanas desmantelaron cientos de laboratorios de drogas sintéticas en Sinaloa.
A esas operaciones se le suma el abatimiento de Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el exlíder del CJNG que fue localizado con apoyo de inteligencia de EEUU.
Una acción unilateral de Estados Unidos rompería los canales de cooperación bilateral
En el informe, Crisis Group recordó el antecedente de 2020, cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador expulsó a funcionarios de inteligencia y seguridad de Estados Unidos tras la detención sorpresa del exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos en ese país, una operación que fracturó los canales de coordinación bilateral.
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La organización advirtió que un escenario similar, pero de mayor magnitud, podría repetirse si Washington ejecuta operaciones en territorio mexicano sin el consentimiento del gobierno de Sheinbaum.
El informe citó reportes que señalan que agentes de la Agencia Central de Inteligencia habrían participado en misiones letales y no letales contra presuntos narcotraficantes en México, sin conocimiento del gobierno mexicano.
Fuentes del gobierno estadounidense calificaron esos reportes como “información falsa y sensacionalista”. Crisis Group señaló que, independientemente de si esas operaciones ocurrieron, la sola posibilidad de una intervención no coordinada genera tensión en la relación bilateral y presiona a Sheinbaum desde el interior de su gobierno.
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México cedió ante Washington sin obtener reciprocidad
El informe documentó que el gobierno mexicano realizó concesiones de fondo para evitar una escalada con la administración del presidente Donald Trump, haciendo referencia a las tres operaciones para expulsar a un total de 92 narcotraficantes con destino a EEUU. Primero fueron 29, luego 26 y por último 37.
Según la organización, en dichos traslados se saltó procedimientos normales de extradición, aunque las autoridades mexicanas ya han detallado en diversas ocasiones que se trata de envíos sustentados en la Ley de Seguridad Nacional.
Además, citaron el despliegue de fuerzas federales a Sinaloa y la movilización de miles de soldados a ciudades fronterizas estratégicas para frenar el flujo de drogas y migrantes.
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Crisis Group advirtió que estas concesiones podrían descarrilar los planes de Sheinbaum para construir un aparato de seguridad más eficaz, basado en inteligencia, investigación y judicialización, en lugar de operaciones militares masivas.
La organización señaló que la estrategia desplegada en Sinaloa reproduce las acciones de la “guerra contra las drogas” que el presidente Felipe Calderón intensificó en 2006: grandes despliegues militares y la captura o abatimiento de líderes criminales.
El informe también documentó que Estados Unidos no respondió a las solicitudes de México de extraditar a ciudadanos estadounidenses buscados por delitos graves, entre ellos corrupción y robo de combustible. Crisis Group señaló que acciones en ese sentido podrían demostrar apoyo a Sheinbaum y ayudarían a reequilibrar un sistema de cooperación bilateral que consideró viciado por la asimetría de poder entre las partes.
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La estrategia de decapitación aviva la violencia sin afectar el mercado de drogas
La organización advirtió que eliminar o capturar a los jefes del crimen organizado suele avivar la violencia entre facciones rivales sin tener un efecto real sobre los mercados ilícitos. Citó el caso de Sinaloa como prueba: la entrega de “El Mayo” a autoridades estadounidenses en julio de 2024 desencadenó una guerra interna que dejó más de 2 mil 600 víctimas de homicidio doloso entre septiembre de 2024 y marzo de 2026, aunque el informe advirtió que la cifra real es mayor.
Crisis Group señaló que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa reduce artificialmente los números al clasificar asesinatos como “pendiente por determinar”.
Crisis Group pidió a Washington ampliar sus propias investigaciones
La organización señaló que la designación del Cartel de Sinaloa como Organización Terrorista Extranjera por parte del Departamento de Estado ha funcionado principalmente como una amenaza retórica.
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Pidió a Washington ampliar sus objetivos y perseguir a traficantes de armas, proveedores de insumos químicos e intermediarios logísticos en Estados Unidos y otros países. Citó como punto de partida un proceso penal reciente contra individuos y entidades chinas y estadounidenses acusadas de proveer precursores químicos y armas al cartel.
El informe también documentó que hasta el 74% de las armas ilegales incautadas en México entre noviembre de 2024 y mayo de 2025 ingresaron a través de la frontera con Estados Unidos. En junio de 2025, la Corte Suprema de ese país bloqueó una demanda civil mexicana contra fabricantes de armas, al dictaminar que las leyes estadounidenses los eximen de responsabilidad cuando sus productos son usados para cometer delitos.