
La diputada local del PRI en Sinaloa, Paola Gárate, volvió a cuestionar la respuesta de las autoridades federales y estatales ante las amenazas que ha recibido en los últimos años, al asegurar que, mientras algunos funcionarios cuentan con esquemas de protección, ella continúa sin medidas de seguridad formales pese a los riesgos que ha denunciado.
Durante una visita al Senado de la República, la legisladora calificó la situación como “el mundo al revés”, al referirse a la protección brindada al senador Enrique Inzunza Cázarez, mientras que sus solicitudes de resguardo, realizadas desde hace meses e incluso años, no han sido atendidas.
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“Yo la he solicitado en reiteradas ocasiones y hasta el día de hoy no ha ocurrido”, afirmó la priista, quien sostiene que ha sido víctima de diversos actos de intimidación relacionados con su actividad política y sus críticas a la situación de seguridad que enfrenta Sinaloa.
Corona fúnebre reaviva exigencia de protección federal
La polémica se intensificó luego de que el pasado 10 de junio apareciera una corona fúnebre en el exterior de su domicilio en Culiacán, hecho que la legisladora interpretó como una amenaza directa.
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Gárate aseguró que el mensaje la obligó a abandonar temporalmente su hogar por temor a que pudiera ocurrir una agresión contra ella o su familia. Según relató, esa misma noche presentó una denuncia ante la Fiscalía estatal y posteriormente solicitó medidas de protección a diversas instancias federales.
Sin embargo, afirmó que la respuesta recibida por parte de autoridades de seguridad fue insuficiente. De acuerdo con su versión, la Guardia Nacional le informó que únicamente podría brindarle acompañamiento durante traslados oficiales o en situaciones donde ella considerara que existía un riesgo inminente.
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“¿Cómo voy a presentir el peligro?”, cuestionó la legisladora, quien calificó esa propuesta como una burla.
Antecedentes que Paola Gárate considera señales de riesgo
La diputada sostiene que la amenaza reciente no es un hecho aislado, sino parte de una serie de incidentes que han marcado su trayectoria política.
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Entre los hechos que ha señalado destacan:
- Un presunto secuestro ocurrido durante el proceso electoral de 2021.
- Denuncias sobre supuesta intervención del crimen organizado en elecciones locales.
- Litigios con funcionarios públicos derivados de sus críticas a temas de seguridad.
- El robo de su vehículo bajo amenazas con arma de fuego en 2025.
- La colocación de una corona fúnebre frente a su vivienda en junio de 2026.
- Solicitudes reiteradas de protección ante autoridades federales y estatales.
La legisladora sostiene que estos antecedentes deberían ser suficientes para justificar una evaluación formal de riesgo y la asignación de medidas de protección.
Choque con la Sedena por la denuncia presentada
Otro de los puntos de controversia surgió tras declaraciones del secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, quien señaló que la diputada aún no había formalizado la denuncia relacionada con la corona fúnebre.
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La priista rechazó esa versión y aseguró que acudió a la Fiscalía antes de que transcurrieran 24 horas del incidente. A través de comunicados y declaraciones públicas, insistió en que las autoridades cuentan con conocimiento pleno de los hechos y lamentó que se difundiera información que, a su juicio, no corresponde a la realidad.
Asimismo, cuestionó que se le ofrezca protección únicamente durante actividades oficiales, argumentando que el riesgo no desaparece cuando concluye una sesión legislativa o cuando regresa a su domicilio.
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Seguridad en Sinaloa y críticas al gobierno estatal
Gárate vinculó su situación con el contexto de violencia que atraviesa Sinaloa, entidad que, aseguró, acumula casi dos años de una crisis de seguridad que continúa afectando a miles de familias.

La diputada afirmó que gran parte de sus señalamientos públicos han estado relacionados con la inseguridad, la actuación de las autoridades y la presunta relación de algunos actores políticos con grupos criminales. Según dijo, esas posturas podrían explicar las amenazas que ha recibido.
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Pese al temor que reconoce sentir, la legisladora aseguró que continuará denunciando lo que considera irregularidades en el estado y exigiendo condiciones de seguridad para la ciudadanía. También reiteró su llamado a que las autoridades realicen el análisis de riesgo correspondiente y determinen si procede otorgarle protección permanente.
“Si todo lo que he vivido no representa un riesgo, entonces no sé qué más tiene que pasar”, concluyó.
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