Organización civil promueve amparo para exigir transparencia en el registro de fosas clandestinas

La asociación civil Elementa DDHH presentó este jueves una demanda de amparo ante un juez federal en contra de la Secretaría de Gobernación, a la que acusa de mantener inactivo y desactualizado el Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas, tras eliminar el acceso público al mapa oficial de fosas y en un contexto nacional donde más de 132 mil 400 personas siguen desaparecidas.

El juicio fue radicado en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali. La firma responsable del escrito es Renata Demichelis Ávila, quien se ostenta como representante legal de Elementa DDHH, Asociación Civil.

Elementa DDHH contra la Segob y la Comisión Nacional de Búsqueda

La quejosa señala como autoridades responsables a la Secretaría de Gobernación (Segob), a través de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), con residencia en la Ciudad de México. Los actos reclamados son concretos: la omisión de emitir los lineamientos técnicos necesarios, así como la falta de coordinación, integración y actualización del Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas.

Elementa DDHH es un equipo multidisciplinario y feminista con sedes en Colombia y México. La organización presta asesoría técnica-jurídica y acompaña procesos sociales y políticos con el objetivo de reivindicar los derechos humanos como herramienta de cambio social.

El juez federal que recibió la demanda requirió a la promovente que, dentro de un plazo de cinco días hábiles, exponga los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados. Sin esa información, el juzgado no tendrá por admitida la demanda, según datos de Zeta.

El detonante directo del amparo es la decisión que tomó la Comisión Nacional de Búsqueda en 2025: retirar de su portal público el mapa y el registro de fosas clandestinas. Ese mapa ya acumulaba un retraso importante, pues sus últimos datos consolidados correspondían a agosto de 2023 y solo contenía información de 15 de las 32 entidades del país.

La ausencia de ese registro no es un asunto administrativo menor. La Ley General en Materia de Desaparición obliga al Estado a concentrar en un solo sistema la información sobre fosas comunes en cementerios y panteones de todos los municipios, así como de las fosas clandestinas localizadas por la Fiscalía General de la República (FGR), las fiscalías locales y las procuradurías.

Según datos recabados, el registro nunca existió de forma completa ni pública. Ante ese vacío, organizaciones civiles como Artículo 19, Data Cívica y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana construyeron desde 2020 la Plataforma Ciudadana de Fosas, que hoy suple —de forma parcial e independiente— la obligación que el Estado no cumple.

Las cifras que el Estado no reporta y que la sociedad civil documenta

Las discrepancias entre las fuentes oficiales y los registros independientes son notorias. Entre 2023 y 2024, las fiscalías estatales reportaron mil 451 fosas clandestinas, mientras que la FGR registró solo 94; los medios de comunicación documentaron mil 6 hallazgos en ese mismo periodo.

La FGR agravó la opacidad al pasar de reportar 76 fosas en 2023 a solo 18 en 2024, una reducción de cuatro veces que no tiene correlato en los registros estatales ni en la prensa. Los estados con más fosas documentadas en medios durante ese periodo son Sonora, Guanajuato, Colima, Jalisco y Chihuahua, de acuerdo con el medio Zeta.

Los datos sobre cuerpos exhumados son igualmente dispares. Los medios documentaron al menos 2 mil 17 cuerpos y 2 mil 719 fragmentos óseos entre 2023 y 2024, frente a los mil 616 cuerpos reconocidos por las fiscalías estatales; la mayoría de esos cuerpos corresponden a hombres, con un 77 por ciento.

La crisis forense que agrava la falta de transparencia

La ausencia de un registro único, dinámico y georreferenciado no solo dificulta el trabajo de búsqueda. También agrava la crisis forense del país, donde se estiman más de 72 mil cuerpos ya exhumados que permanecen en resguardo de los servicios forenses sin identificar, una cifra que creció desde los 52 mil que existían en 2021.

Esa situación coloca a miles de familias en lo que organizaciones especializadas denominan una doble desaparición: la física y la administrativa. Las familias encuentran los cuerpos, el Estado interviene, pero nunca ofrece certeza sobre el proceso de identificación.

El amparo de Elementa DDHH apunta directamente a esa brecha. La organización exige que la Segob, a través de la CNB, restablezca la plataforma del registro y cumpla con las obligaciones que la ley le impone desde la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición.

El siguiente paso: admisión del juicio en Mexicali

La demanda se encuentra en una etapa preliminar. El Juzgado Primero de Distrito en Baja California espera que Elementa DDHH complete el expediente con los antecedentes de los actos reclamados antes de resolver sobre su admisión formal, de acuerdo con Zeta.

La organización tiene un plazo de cinco días hábiles para presentar esa información. De cumplirse ese requisito, el juicio de garantías avanzará hacia la etapa en que el juzgado notificará a la Segob y a la CNB como autoridades responsables.

El resultado del amparo podría obligar al gobierno federal a restablecer y actualizar el Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas, una herramienta que colectivos de familias buscadoras y organizaciones civiles consideran indispensable para avanzar en la identificación de los más de 132 mil 400 desaparecidos que registra el padrón oficial.