La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una resolución que incorporó al patrimonio del Estado una residencia ubicada en la colonia Lomas de Bezares, alcaldía Miguel Hidalgo, valuada en más de 51 millones de pesos, que era propiedad de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex.
El Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito confirmó la sentencia de segunda instancia que declaró procedente la acción de extinción de dominio sobre el inmueble.
Según datos oficiales, la casa de valor millonario fue adquirida con recursos de procedencia ilícita relacionados con la venta a sobrecosto de una planta durante la gestión de Lozoya Austin al frente de Petróleos Mexicanos.
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Con base en las pruebas recabadas por los ministerios públicos de la Fiscalía Especial en materia de Extinción de Dominio, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), se acreditó ese origen ilícito.
La decisión judicial fue informada este 8 de mayo por la FGR mediante un comunicado oficial, donde revelaron fotos del sitio y afirmaron que se encuentra en una zona residencial.
Emilio Lozoya Austin dirigió Pemex de diciembre de 2012 a febrero de 2016, durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.
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Así fue la disputa legal por la millonaria residencia
El procedimiento inició en 2021, cuando la Fiscalía General de la República presentó la demanda para entregar al estado la propiedad.
Sin embargo, la Juez Segunda de Distrito en Materia de Extinción de Dominio resolvió que la acción no era procedente. Posteriormente la FGR interpuso un recurso de apelación ante el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en materia Civil, que revocó esa sentencia y declaró procedente la extinción.
Lozoya Austin promovió entonces un juicio de amparo contra esa resolución.
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El Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito lo resolvió en favor de la Fiscalía General de la República y confirmó la sentencia de segunda instancia, con lo que se cerró la vía de impugnación.
La FGR señaló que el bien será empleado en beneficio del pueblo y reafirmó su compromiso de impulsar acciones en materia de extinción de dominio para combatir las estructuras financieras de la delincuencia y reintegrar al erario los bienes adquiridos de manera ilícita.
Cronología del caso Lozoya
El expediente contra Lozoya Austin comenzó a construirse desde su gestión al frente de Pemex. Las investigaciones indican que en diciembre de 2012, cuando fue nombrado director de la paraestatal, presuntamente recibió millones de pesos de Luis Alberto Meneses, director de Odebrecht en México. Entre 2013 y 2015, Pemex realizó la compra de empresas a sobreprecio y adjudicó contratos directos a Odebrecht; la familia de Lozoya recibió propiedades en ese periodo y se depositaron millones de dólares a cuentas en Suiza.
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En febrero de 2016, Lozoya renunció a la dirección de Pemex tras ser señalado en los Panama Papers por el uso de paraísos fiscales.
En agosto de 2017, la Fepade -hoy FISEL- anunció una investigación por financiamiento ilícito a campañas electorales de 2012, aunque nunca se concretó: el director de la institución en aquel entonces, Santiago Nieto Castillo -posible candidato a la gobernatura de Querétaro-, fue destituido después de revelar que fue presionado para declarar públicamente la inocencia de Lozoya.
En mayo de 2019, la Secretaría de la Función Pública lo inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos, congeló sus cuentas bancarias y giró una orden de aprehensión en su contra.
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El Gobierno de México presentó también una denuncia ante la FGR por la compra de Agro Nitrogenados con un sobreprecio de 450 millones de dólares.
En febrero de 2020, Lozoya Austin fue detenido en Málaga, España, tras un operativo iniciado en Alemania. Meses después, en julio de 2020, fue extraditado a México.
El 20 de agosto de 2020 presentó ante la FGR una declaración de 60 páginas en la que acusó de corrupción a los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari, además de exsenadores y gobernadores.
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El 3 de noviembre de 2021, tras múltiples prórrogas, acudió a su primera audiencia presencial en el Reclusorio Norte, donde se declaró inocente. Un juez federal le dictó prisión preventiva oficiosa.
En enero de 2022, un juez federal ordenó su libertad por el caso Agronitrogenados, aunque existieron señalamientos de que debió permanecer en prisión por el caso Odebrecht. En noviembre de ese año fue trasladado al Reclusorio Norte después de ser captado cenando en un restaurante de lujo en Las Lomas.
En enero de 2023, se celebró una audiencia para definir un acuerdo reparatorio en el caso Agronitrogenados. En marzo, Lozoya no llegó a ese acuerdo con la FGR, que solicitó 46 años de prisión. Sus abogados negociaron con Pemex un pago de 10.7 millones de dólares como reparación del daño. En agosto, un juez suspendió el proceso.
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En febrero de 2024, un juez le concedió continuar su proceso en prisión domiciliaria con brazalete electrónico.
En agosto de 2025, la Segunda Sala de la SCJN rechazó los impedimentos que Lozoya promovió contra dos ministros para evitar que conocieran su amparo en el caso de daño moral interpuesto por la periodista Lourdes Mendoza. En diciembre de ese año, un tribunal de apelación le negó un amparo en el caso Agronitrogenados y ordenó reabrir el proceso en su etapa intermedia.
En marzo de 2026, la SCJN dejó firme, por unanimidad, la sentencia que lo condenó a indemnizar a la periodista Lourdes Mendoza por daño moral, derivado de sus declaraciones ante la FGR en la investigación del caso Odebrecht. Esta fue la primera sentencia firme que recibió el exfuncionario.
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Por último, este 8 de mayo de 2026, la FGR informó la decisión de las autoridades judiciales sobre la extinción de dominio sobre su residencia en Lomas de Bezares, alcaldía Miguel Hidalgo, valuada en más de 51 millones de pesos.
Otros golpes contra la red de corrupción ligada a Lozoya Austin
La extinción de dominio no es el único frente que la Fiscalía General de la República mantiene abierto contra el entorno del exdirector de Pemex.
A inicios de marzo de este año, la FGR informó la vinculación a proceso de Jorge “N”, identificado como contador y persona de confianza de Lozoya Austin.
El vocero de la institución, Ulises Lara López, señaló que Jorge “N” habría declarado ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos en sus declaraciones fiscales de 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, lo que habría causado un perjuicio al fisco de alrededor de 28 millones de pesos.
Jorge “N” fue detenido el 28 de febrero en Querétaro por la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal y procesado por su presunta participación en el delito de defraudación fiscal equiparada.
Un juez le determinó prisión preventiva y fijó tres meses para el cierre de las averiguaciones complementarias. Actualmente está recluido en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.