La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, confirmó este 7 de abril que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, la invitó a la inauguración del primer teleférico de Uruapan, programada para el 18 de abril. Bedolla plantea así replicar el modelo de transporte implementado en la capital mexicana.
En un video difundido por la propia Brugada en sus redes sociales, Ramírez Bedolla relata que la última vez que visitó la jefatura de Gobierno —cuando Claudia Sheinbaum todavía encabezaba el cargo— que buscaba implementar teleféricos en Michoacán, señalando: “El 18 de abril inauguramos el de Uruapan”.
Ramírez Bedolla agregó que: “Y ahora vuelvo otra vez a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México con mi amiga Clara Brugada para invitarla a la inauguración, porque este es un transporte público de verdad muy digno.” Además, según el gobernador, ya está en marcha un segundo teleférico en Morelia.
Clara Brugada destaca que, para la Ciudad de México, el teleférico es “el mejor transporte del mundo para los que viven más lejos” y remarca: “Por el bien de todos, primero los pobres. Y decimos aquí: y a los pobres, lo mejor”, en referencia al objetivo social de esta infraestructura.
Ramírez Bedolla veta decreto que eliminaba la Carta de Antecedentes No Penales para puestos de elección
Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, vetó el decreto que eliminaba la Carta de No Antecedentes Penales como requisito para los aspirantes a cargos públicos.
La permanencia de esta condición busca frenar que perfiles “indeseables” o con antecedentes delictivos accedan a candidaturas en la entidad. La decisión fue difundida el pasado 31 de marzo.
Esta decisión implica que la reforma no entrará en vigor, pues el decreto no se publicará en el Periódico Oficial del Estado. El Congreso de Michoacán debe volver a revisar el tema. El mandatario sostiene que el requisito seguirá vigente hasta que sea discutido de nuevo por los diputados de la entidad.
La postura del Ejecutivo estatal enfatiza la obligación de fortalecer la seguridad pública y los mecanismos para impedir que personas con antecedentes penales accedan a cargos públicos. Ramírez Bedolla agrega que la estabilidad institucional exige “preservar controles” y anticipa que diputadas y diputados “valoren de nueva cuenta” la exigencia de la carta para acceder a cargos de elección popular.
Decreto legislado buscaba acatar las medidas de la SCJN
El decreto vetado había sido aprobado el pasado 13 de marzo por el Congreso estatal, con respaldo de 25 diputados. La iniciativa planteaba suprimir el inciso j) de la fracción II del Código Electoral de Michoacán, que exigía acreditar que el solicitante no había sido acusado de delitos.
La propuesta descansaba en la interpretación constitucional reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El alto tribunal considera que la exigencia de la carta genera una “restricción injustificada al derecho a ser votado”.
El documento aprobado en el Congreso señalaba que mantener la carta como obligatorio “no permite garantizar el ejercicio del derecho a ser votado, sino que, por el contrario, tiende a impedir su plena realización”. De acuerdo con esa posición, el requisito no representa una medida idónea, eficaz ni proporcional para restringir derechos políticos a menos que exista una sentencia firme contra la persona interesada.