La llamada Ley Cazzu surgió como respuesta a la denuncia pública de Julieta Cazzuchelli, también conocida como Cazzu, quien acusó a Christian Nodal de impedirle viajar con su hija durante sus giras, lo que desencadenó repercusiones sociales y legislativas tanto en México como en Argentina.
Esta iniciativa propone salvaguardar los derechos de movilidad y bienestar de los menores cuando uno de los progenitores decide desentenderse de sus responsabilidades parentales.
Un caso personal que se convirtió en bandera
En septiembre de 2025, Cazzu relató en el podcast Se Regalan Dudas: “Necesito un permiso para viajar con mi hija… ya va a pasar más de un año y no lo tengo”. La declaración expuso un conflicto privado y familiar que se transformó en debate público. Hasta la fecha, no se ha confirmado si el permiso solicitado fue finalmente otorgado.
La situación se produjo en un contexto de cuestionamientos sobre la paternidad de Nodal, incluyendo reclamos por pensión alimenticia y la ausencia de convivencia con la hija de ambos, nacida en septiembre de 2023.
La ruptura entre los artistas derivó en un conflicto legal donde, tras oficializar una nueva relación, Nodal impidió que Cazzu pudiera salir del país con la menor, acción que encendió la discusión sobre los mecanismos legales disponibles para familias en circunstancias similares.
La diputada Concepción Rueda Gómez propuso la iniciativa "Ley Cazzu" para frenar prácticas de violencia vicaria y garantizar la movilidad de menores. (Facebook)
El nacimiento de la Ley Cazzu
Inspirada por el caso, una legisladora de Michoacán presentó ante el Congreso una propuesta bautizada como Ley Cazzu. El objetivo central de la iniciativa es impedir que padres ausentes o deudores alimentarios bloqueen trámites esenciales para la movilidad y el desarrollo de sus hijos.
La diputada Sandra Arreola Ruiz, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), propuso una reforma al artículo cuarto de la Constitución Mexicana. La intención es que el interés superior de niñas, niños y adolescentes prevalezca sobre el veto de uno de los progenitores en casos de abandono parental o incumplimiento de obligaciones.
En la actualidad, en México, la autorización de ambos padres es indispensable para la salida del país y la tramitación de pasaportes para menores. Si uno de los progenitores se niega, aunque no cumpla con la pensión alimenticia ni la convivencia, el proceso judicial puede extenderse durante meses o años, restringiendo oportunidades académicas, deportivas o familiares para los menores.
La Ley Cazzu busca agilizar estos trámites y reducir la carga probatoria para las familias monoparentales, permitiendo que la persona que ostente la custodia principal obtenga permisos de movilidad nacional o internacional de amplia temporalidad si se acredita el abandono u omisión del otro progenitor.
Una problemática que afecta a millones de familias
Más allá de la repercusión mediática, el problema afecta a millones de familias. En México, aproximadamente 30 millones de niñas y niños crecen con un padre ausente o deudor alimentario.
En change.org y desde Argentina también se impulsa la legislación:
- La actual burocracia obliga a familias monoparentales a emprender procesos judiciales costosos y prolongados.
- El permiso para viajar con hijos menores puede transformarse en un mecanismo de control o castigo, incluso cuando el otro progenitor no cumple con sus obligaciones.
- La ausencia de soluciones efectivas agrava la situación de quienes ya enfrentan abandono parental.
El texto de la petición destaca: “La Ley Cazzu ofrece una solución clara y humana: que, una vez demostrado el abandono o la ausencia paterna o materna, el permiso para circular con nuestros hijos sea permanente y sencillo, sin trámites interminables ni obstáculos injustos”.
El reclamo se expandió a través de redes sociales y plataformas digitales, con la participación de madres y padres de Argentina y toda Latinoamérica, quienes solicitaron menos trabas administrativas y más garantías para que sus hijos puedan desarrollarse plenamente, sin quedar atrapados en conflictos judiciales derivados del abandono.
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