El pasado 26 de marzo, el Gobierno de México obtuvo un fallo favorable en el arbitraje internacional del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) —dependiente del Banco Mundial— tras la disputa por la privatización parcial del servicio de taxis en la Ciudad de México.
El laudo del Tribunal Arbitral rechazó la reclamación de casi USD3.000 millones que las empresas extranjeras solicitaban como indemnización, al considerar que no se vulneró el TLCAN; además, condenó a esas compañías a cubrir los gastos legales exigidos por México.
La defensa fue encabezada por el equipo legal de la Secretaría de Economía y contó con información aportada por la Jefatura de Gobierno y el gabinete local durante los casi cinco años del proceso arbitral.
Empresa privada se beneficiaba monetariamente en cada viaje de taxi
En 2016, se otorgó una concesión con inversión extranjera que imponía la instalación obligatoria de una tableta digital en cerca de 140.000 taxis de la capital, medida que reemplazaba al taxímetro tradicional y estipulaba un pago a la empresa concesionaria por cada viaje realizado. Referentes políticos, como la entonces candidata Claudia Sheinbaum Pardo, manifestaron su desacuerdo con la privatización del transporte público.
La finalización de la concesión y la supresión del esquema privatizador coincidieron con el inicio de la administración federal conocida como la Cuarta Transformación. Tras el desenlace en el CIADI, desde el Gobierno de la Ciudad de México, liderado por Clara Brugada Molina, se destacó y reconoció el respaldo de la Secretaría de Economía y del Gabinete federal, al enfatizar que los habitantes de la capital evitaron así asumir el costo de decisiones impuestas en el pasado sobre servicios públicos.
Privatización inició en el gobierno de Mancera
Luego del fallo a favor del gobierno capitalino, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que este caso inició durante la gestión del entonces jefe de gobierno Miguel Mancera y estuvo marcado por irregularidades.
El litigio se remonta a 2016, cuando la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi), bajo la dirección de Héctor Serrano, promovió la renovación de taxímetros tradicionales por tabletas electrónicas. El plan pretendía modernizar el servicio de taxis, emulando el modelo de plataformas como Uber y Cabify mediante una aplicación gratuita para usuarios y dispositivos equipados con botón de pánico y sistemas de georreferenciación.
Para 2018, cuando Sheinbaum asumió como jefa de gobierno, el análisis interno de su administración detectó discrepancias entre lo que había sido presentado oficialmente y las quejas de los propios taxistas.
El caso, que involucró la modernización tecnológica del parque de taxis capitalino y la presunta participación de figuras políticas y empresas transnacionales, tuvo una proyección amplia por las implicaciones legales y económicas. El tribunal validó la legalidad de la cancelación y dejó abierta la posibilidad de esclarecer en detalle las condiciones originales del acuerdo.
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