Hay 473 millones de niños en el mundo que viven en zonas de conflicto armado. No es una cifra abstracta: son niñas reclutadas como esclavas sexuales, niños convertidos en soldados, familias separadas por la guerra, escuelas bombardeadas y hospitales destruidos. Y las cifras no mejoran: entre 2023 y 2024, las violaciones graves contra la infancia en zonas de guerra aumentaron un 25%.
La resolución que México presentó en la ONU
Durante el 61° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, la Misión de México en Ginebra encabezó, junto con la Unión Europea y un grupo de países de América Latina y el Caribe, la presentación del proyecto de resolución A/HRC/61/L.27/Rev.1 titulado “Derechos del niño: efectividad de los derechos del niño afectados por los conflictos armados”.
El documento, respaldado por más de 70 países, exige a los Estados que adopten medidas concretas para proteger a la infancia en situaciones de guerra. Entre los puntos centrales destacan la prohibición del reclutamiento de menores, la protección de escuelas y hospitales como zonas civiles, el acceso sin obstáculos a ayuda humanitaria, y la atención a víctimas de violencia sexual relacionada con conflictos, que afecta de manera desproporcionada a las niñas.
Lo que la resolución le exige al mundo
El texto va más allá de las buenas intenciones. Condena los ataques a instalaciones educativas y sanitarias, señala la creciente amenaza del reclutamiento de menores a través de internet, y alerta sobre el uso de armas autónomas e inteligencia artificial en conflictos como un riesgo emergente para la infancia.
También exige que los niños vinculados a grupos armados sean tratados ante todo como víctimas, no como combatientes, y que tengan acceso a programas de rehabilitación, salud mental y reintegración social.
Un punto que cobra especial relevancia en el contexto actual: la resolución subraya la obligación de todas las partes en conflicto de garantizar el acceso humanitario, en un momento en que el bloqueo del Estrecho de Ormuz y la guerra en Medio Oriente han agravado las condiciones de vida de millones de civiles, incluidos niños.
Por qué importa que México lo haya impulsado
La participación de México como copatrocinador de esta resolución forma parte de su agenda de política exterior multilateral, en el que se ha buscado posicionarse en foros internacionales en temas de derechos humanos. Presentar esta iniciativa en el máximo órgano de derechos humanos de la ONU implica también asumir un compromiso de seguimiento y rendición de cuentas ante la comunidad internacional.
La resolución solicita además que para 2027 se realice una reunión específica sobre salud mental y bienestar infantil, y encarga un informe sobre los derechos del niño e inteligencia artificial de cara a 2028, lo que convierte este documento en una hoja de ruta de largo plazo, no solo en una declaración de principios.
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