La senadora María de Jesús Díaz Marmolejo denunció públicamente que este lunes 24 de marzo fue víctima de una agresión física y verbal junto a su equipo de trabajo, mientras se trasladaba hacia el Senado de la República para cumplir con sus responsabilidades legislativas.
Según el comunicado firmado por la propia legisladora, el ataque fue perpetrado por “un grupo de personas” en las inmediaciones del Senado. Tras los hechos, Díaz Marmolejo y su equipo acudieron de inmediato a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para presentar la denuncia formal correspondiente.
Un ataque “cobarde e inadmisible”
Lo que hace especialmente delicado este episodio es el lugar donde ocurrió: en las inmediaciones del Senado de la República toda vez que es una zona donde confluyen legisladores, funcionarios, prensa y ciudadanía a diario. Que un grupo agreda físicamente a una servidora pública en ejercicio de sus funciones en ese entorno no solo representa un ataque personal, sino un golpe directo a la institucionalidad democrática.
La senadora resaltó su postura: “Condeno enérgicamente este ataque, calificándolo como un acto cobarde e inadmisible”, y exigió a las autoridades una investigación inmediata y transparente que permita identificar y sancionar a los responsables conforme a la ley.
La violencia contra funcionarios: un patrón que no debe normalizarse
Este tipo de agresiones no ocurren en el vacío. En México, los ataques contra funcionarios públicos, legisladores y servidores del Estado han ido en aumento en los últimos años. Desde intimidaciones en vía pública hasta amenazas directas, la violencia política es una realidad que afecta desproporcionadamente a quienes ejercen cargos de representación popular, en particular a mujeres en política.
De acuerdo con organismos como el INE y ONU Mujeres, la violencia política de género es una de las formas más frecuentes y menos sancionadas de agresión institucional en el país. Aunque no se ha confirmado si este ataque tiene motivaciones políticas específicas, el hecho de que ocurra contra una senadora en funciones obliga a tomarlo con la máxima seriedad.
La legisladora lo mencionó en su comunicado: “Este tipo de hechos no pueden ni deben normalizarse.”
Las autoridades capitalinas tienen ahora la responsabilidad de investigar y responder con la celeridad y transparencia que el caso exige. La seguridad es fundamental no solo para quienes representan a la ciudadanía sino también para toda la población, ya que garantiza condiciones de seguridad y confianza durante eventos masivos.
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