El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) determinó que México violó los derechos de 22 mujeres detenidas en prisión preventiva en el Centro Federal de Rehabilitación Social n.º 16 (CEFERESO 16), la única cárcel federal exclusiva para mujeres en el país.
El Comité señaló que el uso obligatorio y prolongado de la prisión preventiva oficiosa, la falta de atención médica específica según el género y la ausencia de garantías para mantener el contacto con sus familias constituyeron violaciones a sus derechos.
El dictamen, difundido tras el análisis del caso presentado por las 22 mujeres, expone que varias de ellas llevan en prisión desde 2009 por delitos relacionados con crimen organizado.
La Constitución mexicana exige la prisión preventiva oficiosa en estos casos, pero la mayoría de los procesos no han avanzado, y tres mujeres fueron absueltas entre 2023 y 2024, después de más de una década presas.
Según Erika Schläppi, integrante del Comité, “estas mujeres han permanecido en prisión preventiva durante un período excesivamente prolongado, algunas de ellas durante más de 15 años, sin que se revisara adecuadamente la medida de detención y sin que se evaluara, desde una perspectiva de género, su impacto desproporcionado sobre ellas como mujeres”.
De acuerdo con los datos presentados, el número de mujeres en prisión preventiva oficiosa creció un 10.3% en los primeros seis meses de 2020, frente a un 1.9% en los hombres.
En total, el 51.7% de las mujeres detenidas a nivel federal estaban en esta situación en 2020, una proporción mayor que la de los hombres, que fue del 41.34%.
El CEFERESO 16 no cuenta con personal médico continuo ni con especialistas como ginecólogos, psiquiatras o pediatras, necesarios para atender a las mujeres y a sus hijos.
La mayoría de las internas no recibe visitas, ya que sus familias viven lejos y no cuentan con recursos para los traslados.
En 2023, 12 mujeres se suicidaron en este penal, lo que llevó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a emitir una recomendación sobre la falta de acceso a la salud.
El Comité recibió testimonios escritos de las 22 mujeres afectadas. Entre ellos, el de Patricia Melo Tapia, quien fue detenida en 2011 y murió en 2020. Según su familia, padecía gastritis y colitis y pidió un traslado para facilitar la visita de su hija, pero la solicitud fue rechazada.
A pesar de las gestiones de su abogado para que recibiera atención médica, falleció por un shock séptico no tratado, insuficiencia hepática aguda y probable cáncer de ovario.
Ivonne Hernández Carbajal, detenida en 2012, denunció que ella y sus dos hijos adolescentes sufrieron tortura al momento de la detención.
Posteriormente, los menores fueron internados en instituciones y Hernández afirmó que no recibió visitas durante ocho años y que padeció años de alergias e insomnio sin tratamiento.
Las denunciantes afirmaron ante la CEDAW que México violó sus derechos establecidos en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y aseguraron que las leyes y políticas públicas las afectaron de forma desproporcionada.
En sus conclusiones, el Comité sostuvo que la prisión preventiva oficiosa en estos casos responde tanto a normas legales como a prácticas judiciales arraigadas que aplican la medida automáticamente, sin analizar individualmente cada situación, lo que excluyó injustificadamente a las mujeres de opciones alternativas.
Además, el Comité advirtió que las reformas constitucionales de 2024 y 2025 agravaron el problema al ampliar los delitos sujetos a prisión preventiva y limitar la revisión judicial de su necesidad y proporcionalidad.
El Comité también observó que México no desmintió las denuncias sobre atención médica inadecuada y consideró discriminatorio que los centros de detención no cubrieran las necesidades específicas de las mujeres.
“Estas mujeres detenidas se enfrentan a una discriminación estructural debido a la falta de medidas alternativas atenuantes que tengan en cuenta las cuestiones de género, como consecuencia de la incapacidad del gobierno para atender sus necesidades específicas y de la ausencia de mecanismos eficaces con enfoque de género para la revisión de las decisiones relacionadas con las prisiones”, sostuvo Schläppi.
El Comité pidió que se otorguen reparaciones integrales y adecuadas, incluida indemnización económica a las 22 víctimas. Solicitó a México garantizar atención médica y psicológica especializada y adaptada a ellas.
Además, instó a modificar la Constitución y la legislación para eliminar la prisión preventiva oficiosa, revisar las medidas cautelares considerando el género y facilitar traslados a centros cercanos a las familias, al reconocer el rol de las mujeres como principales cuidadoras.
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