La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó este jueves que la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ) y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) cometieron omisiones sistemáticas y graves durante la investigación del predio conocido como “Rancho Izaguirre”, en Teuchitlán —el sitio donde colectivos de búsqueda descubrieron en marzo de 2025 restos óseos, hornos y objetos personales que apuntan a una operación masiva de desaparición forzada.
El resultado: evidencias sin asegurar, vehículos desaparecidos del predio, restos óseos sin inventariar, muestras genéticas archivadas durante meses sin compararse con el banco de datos de familias buscadoras, y —en el colmo— más de 1,800 indicios publicados en el sitio oficial del IJCF sin cadena de custodia.
Una escena del crimen mal asegurada desde el primer día
Todo comenzó el 18 de septiembre de 2024, cuando la Guardia Nacional entregó el inmueble a la Fiscalía local junto con 10 personas detenidas. Las instrucciones eran explícitas: asegurar el lugar y levantar cadena de custodia de todos los indicios. En el predio había siete vehículos, armas de fuego, objetos de interés criminalístico, indicios balísticos y un elemento óseo.
La CNDH verificó que esas instrucciones no se cumplieron. No hubo procesamiento técnico integral de los indicios: no se identificaron, documentaron, embalaron, sellaron, etiquetaron ni trasladaron conforme a los protocolos. Varias prendas no tienen constancia de aseguramiento. La cadena de custodia, en múltiples casos, simplemente no existe.
Restos óseos hallados… y abandonados
El 3 de octubre de 2024, personal del IJCF realizó una búsqueda específica de sitios de inhumación clandestina. Encontró un lote óseo y varios objetos. Ninguno fue asegurado. Ninguno fue clasificado ni inventariado. Ninguno aparece en el dictamen correspondiente. Algunas evidencias localizadas al interior ni siquiera fueron mencionadas.
Tres vehículos desaparecieron del rancho “asegurado”
De los siete vehículos hallados en el inmueble, ninguno cuenta con dictámenes periciales que acrediten un procesamiento técnico. Y tres de ellos fueron sustraídos el 25 de noviembre de 2024 mientras el rancho seguía formalmente bajo resguardo de la Fiscalía. La CNDH concluyó que Jalisco incumplió su obligación básica de asegurar el inmueble.
El rancho, abierto al público mientras se peritaba
El 20 de marzo de 2025 —un día después de que la propia CNDH llegó a realizar diligencias de observación— se permitió el ingreso de un número considerable de personas al predio, que aún estaba en proceso de intervención pericial. La situación se salió de control: el área fue alterada y los indicios que pudieran encontrarse ahí quedaron comprometidos. La responsabilidad, señala la Comisión, recae directamente en la Fiscalía Estatal.
Las muestras de ADN: cinco meses sin compararse
Las muestras biológicas recabadas en el inmueble el 20 de septiembre de 2024 fueron entregadas al IJCF para su análisis. El dictamen de genética no estuvo listo sino hasta el 19 de marzo de 2025 —seis meses después. Y su comparación con el banco de datos de familiares de personas desaparecidas se realizó también hasta marzo de 2025. Para las familias buscadoras, ese retraso tiene nombre: impunidad.
1,842 indicios publicados en internet, sin custodia
Como si lo anterior no fuera suficiente, la CNDH detectó que los elementos probatorios del Rancho Izaguirre fueron publicados en la página oficial del IJCF: un archivo electrónico con la clasificación, descripción y fotografía de 1,842 indicios. Sin que ninguno de ellos tuviera debidamente garantizada su cadena de custodia.
Qué le exige la CNDH a Jalisco
La Recomendación 11/2026 obliga a la Fiscalía y al IJCF a, en un plazo de seis meses, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpa ante las víctimas. También deben elaborar o actualizar protocolos de actuación para la preservación de escenas del crimen, el manejo de indicios y la cadena de custodia.
Además, ambas instituciones deberán colaborar en los procedimientos administrativos que la CNDH inicie contra los servidores públicos involucrados, e implementar ciclos de formación especializada en derechos humanos e investigación forense.
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