La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó formalmente a los gobiernos de Estados Unidos y Argentina la extradición de dos exfuncionarios presuntamente vinculados con la red de corrupción encabezada por el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo.
El señalamiento es por el desvío de más de tres mil millones de pesos destinados a la construcción de ocho cuarteles de policía en la entidad.
De acuerdo con fuentes federales, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), dependiente de la FGR, promovió las solicitudes de entrega contra Israel Patrón Reyes, exsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, y Guillermo Loaiza Gómez, exdirector del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo estatal, ambos considerados prófugos de la justicia mexicana.
El monto observado por las autoridades federales supera los tres mil millones de pesos, lo que representa uno de los casos más relevantes de presunta corrupción en el estado en los últimos años.
Se autorizaron contratos irregulares y pagos indebidos
Las investigaciones apuntan a que durante la administración estatal encabezada por Aureoles Conejo se habrían autorizado contratos irregulares y pagos indebidos relacionados con la edificación de ocho instalaciones policiales, recursos que presuntamente no fueron aplicados conforme a los fines establecidos.
Según la información oficial, Guillermo Loaiza Gómez fue localizado en territorio argentino, mientras que Israel Patrón Reyes se trasladó a Estados Unidos, donde también fue ubicado por autoridades mexicanas. Ambas solicitudes de extradición ya fueron presentadas por los canales diplomáticos correspondientes, por lo que ahora se está a la espera de la respuesta de los gobiernos involucrados y del inicio de los procedimientos judiciales en esos países.
En febrero de 2025, Silvano Aureoles abandonó Morelia, capital de Michoacán, tras darse a conocer que un juez federal había librado órdenes de aprehensión en su contra y contra siete exfuncionarios de su administración. Desde entonces, el exmandatario estatal es considerado prófugo de la justicia.
Por estos hechos, ya se encuentran vinculados a proceso Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas y Administración; J. Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública; Mario Delgado Carrillo, exdelegado Administrativo de Finanzas; y Elizabeth Villegas Pineda, quien desempeñaba funciones administrativas en la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
Las autoridades federales han señalado que continuarán con las investigaciones para deslindar responsabilidades y recuperar los recursos públicos presuntamente desviados. La FGR reiteró su compromiso de combatir los actos de corrupción y de llevar ante la justicia a todos los involucrados, independientemente del cargo que hayan ocupado.
El caso mantiene relevancia nacional por el impacto financiero y político que implica, así como por la coordinación internacional requerida para lograr la detención y eventual traslado de los exfuncionarios señalados ante tribunales mexicanos.
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