El operador del Relleno Sanitario de Kanasín, en Yucatán, emitió un comunicado ante la circulación de información sobre supuestas “operaciones irregulares” y un presunto “riesgo para el acuífero de la Zona Metropolitana de Mérida”.
En el texto, se aclara que el lugar se encuentra clausurado, específicamente en la celda de disposición final, y no está en funcionamiento siguiendo la orden de la autoridad competente.
La empresa detalla que cumple la clausura en los términos que dictó la autoridad federal y mantiene colaboración con las autoridades ambientales federales, atendiendo de manera integral los requerimientos formulados.
El relleno sanitario está en un proceso técnico-administrativo de regularización y, en el comunicado, se enfatiza que no han operado en contravención a la medida impuesta.
Dentro del documento, el empleado subraya que se ha avanzado en el cumplimiento de los puntos establecidos en la NOM-083-SEMARNAT-2003, encontrándose en la etapa final para concluir el proceso de verificación correspondiente.
La clausura fue ordenada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en octubre de 2025 y está dirigida a impedir el ingreso de residuos sólidos urbanos a la celda de disposición final, situación que se ha respetado puntualmente desde entonces.
¿Qué pasa legalmente con el caso?
Sobre el contexto legal, se específica que el procedimiento ante un Tribunal Colegiado no implica una nueva clausura ni acredita que el relleno haya operado de manera ilegal. El juzgado resolvió un recurso de queja dentro del juicio de amparo 2697/2025-V-A, indicando que, de existir una clausura vigente, esta debe respetarse según lo ordenado por el organismo. La suspensión provisional se ajusta a la medida previamente impuesta y no constituye una determinación sobre el fondo del asunto.
La compañía recalca que no se ha incurrido en ilegalidad y que las condiciones establecidas por la autoridad se han cumplido cabalmente. La resolución por parte de las autoridades referida no señala que el sitio haya operado sin permisos ni confirma incumplimiento alguno a la clausura.
El juicio principal permanece en trámite y la audiencia constitucional está programada para el 18 de febrero de 2026, instancia en la que se analizarán los argumentos y pruebas de ambas partes.
El operador informa que el proceso de regularización continúa y que, incluso antes de la clausura, se iniciaron mejoras en el sitio contratando asesoría especializada para alinearse a la normativa.
En la actualidad, los residuos sólidos urbanos de Kanasín se envían a un sitio de disposición final autorizado, específicamente al Relleno Sanitario de Mérida, lo que implica la celebración de nuevos contratos y flujos económicos relevantes.
Finalmente, el operador manifiesta disposición para seguir colaborando con las autoridades y llama a evitar interpretaciones que anticipen conclusiones antes de que la justicia resuelva el fondo del asunto.
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