
Un Juez Federal concedió una suspensión definitiva a César Duarte, exgobernador de Chihuahua, para frenar su vinculación a proceso luego de ser detenido por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Daniel Marcelino Niño Jiménez, juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, otorgó dicha medida con la que se suspende la apertura a juicio oral en el proceso que mantiene el exmandatario estatal.
“Se concede la suspensión definitiva respecto del acto y autoridad precisados en el considerando segundo y tercero, por las razones expuestas en el considerando quinto”, se lee en el expediente, consultado por Infobae México.
Esta decisión se da luego de que Duarte solicitó un amparo contra el proceso legal que mantiene por parte de la Fiscalía General de la República (FGR); sin embargo, no representa que saldrá en libertad porque solo implica que se suspende el procedimiento.

La medida implica que la suspensión prevalecerá mientras se resuelve el juicio de amparo que César Duarte promovió contra la vinculación a proceso.
El exgobernador de Chihuahua es investigado por las autoridades por el presunto empleo de un esquema de simulación de apoyos para el sector ganadero, pero los recursos fueron transferidos a empresas donde era socio mayoritario.
Además, se cree que las transferencias llegaban a sus cuentas personales o las de sus familiares, las cuales sumaron alrededor de 73.9 millones de pesos.
César Duarte fue detenido el 8 de diciembre y, seis días después, vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en lavado de dinero.
En dicha ocasión, la jueza María Jazmín Ambriz determinó que el exgobernador de Chihuahua se quedaría en el Centro Federal de Readaptación Social No.1, conocido como “El Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Además, la jueza estableció un plazo de seis meses para las investigaciones complementarias.
Cargos presentados por la FGR contra César Duarte
Durante la formulación de imputación, las autoridades expusieron que Duarte fue accionista mayoritario y presidente del consejo de Unión Ganadera Regional División del Norte y Financiera División del Norte.
También se señalaron las empresas Pavimentos y Servicios El Parral e Hidroponia El Parral como receptoras de los fondos, donde su esposa Bertha Olga Gómez Fong figuró como representante legal y socia.
De acuerdo con la acusación, los fondos originalmente dirigidos a la adquisición de ganado y equipamiento ganadero fueron canalizados a estas empresas mediante subsidios y convenios, y posteriormente habrían sido transferidos a cuentas de Duarte, de su esposa y de sus hijos.

Según los documentos presentados, la Auditoría Superior de Chihuahua detectó conflictos de intereses al comprobar que recursos públicos dirigidos al sector ganadero beneficiaron a compañías asociadas al entorno directo de Duarte.
Además, se incorporaron declaraciones patrimoniales, informes fiscales y registros bancarios que documentan numerosas transferencias hacia cuentas personales de la familia.
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