La Fiscalía General de la República (FGR) concretó la extradición a Estados Unidos de tres personas requeridas por autoridades judiciales del estado de Texas, señaladas por su presunta participación en distintos casos de homicidio.
La entrega se realizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y forma parte de los mecanismos de cooperación jurídica vigentes entre ambos países para la persecución de delitos graves.
Tres extraditados por homicidio: los casos que motivaron la entrega a EEUU
En un comunicado, la FGR informó que las extradiciones se realizaron en causas penales diferentes y a solicitud de cortes estatales de Texas. El primer caso corresponde a Samuel “N”, requerido por la Corte de Distrito del Condado de Harris.
De acuerdo con la acusación, tras una discusión, presuntamente disparó un arma de fuego contra una persona, provocando su muerte.
El segundo extraditado es Francisco “N”, solicitado por la Corte del Distrito 111 del Condado de Webb.
Las autoridades estadounidenses lo señalan como presunto responsable del homicidio de su cónyuge, a quien habría atacado con un arma punzocortante.
El tercer caso es el de José “N”, requerido por el Tribunal del Distrito 188 del Condado de Gregg, Texas, por su probable responsabilidad en la privación de la vida de una persona mediante disparos de arma de fuego.
La FGR precisó que, tras las gestiones legales correspondientes, el Gobierno de México concedió la extradición de los tres sujetos.
Asimismo, recordó que, conforme a la ley, a las personas mencionadas se les presume inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.
El proceso de extradición en México: marco legal y garantías
El procedimiento de extradición en México se rige por el Tratado de Extradición con Estados Unidos y por la legislación nacional.
Inicia cuando el gobierno estadounidense presenta una solicitud formal ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), acompañada de la descripción del delito, los hechos imputados, datos de identificación y la orden de aprehensión o sentencia correspondiente.
Posteriormente, la FGR solicita a un juez federal una orden de detención provisional con fines de extradición, la cual es ejecutada por la Agencia de Investigación Criminal.
El juez analiza si se cumplen los requisitos legales y si el delito es extraditable, excluyendo supuestos como delitos políticos o prescritos.
México no concede extradiciones cuando existe el riesgo de que la persona enfrente la pena de muerte, salvo que el gobierno solicitante ofrezca garantías formales de que dicha sanción no será aplicada.
La persona reclamada puede promover un juicio de amparo, lo que suele prolongar el proceso. Una vez agotadas las instancias legales, la SRE emite la resolución final y la FGR coordina la entrega física del extraditado.
Extradiciones y cooperación bilateral: lo discutido en 2025
Durante 2025, el tema de las extradiciones fue recurrente en la agenda de seguridad entre México y Estados Unidos.
En distintos encuentros institucionales se abordó la necesidad de fortalecer la cooperación judicial, agilizar procedimientos y mejorar el intercambio de información, particularmente en casos de homicidio, tráfico de armas y delincuencia organizada.
En este contexto, también se discutieron mecanismos para mejorar la trazabilidad de armas de fuego y el flujo de datos entre fiscalías estatales, la FGR y agencias federales, como parte de una estrategia de coordinación más amplia.
Contexto político y presión desde Estados Unidos
Las extradiciones recientes se dan en un escenario de presión política desde Estados Unidos, donde figuras como el expresidente Donald Trump han reiterado públicamente la exigencia de que México entregue a todos los criminales requeridos por la justicia estadounidense.
Frente a este discurso, las autoridades mexicanas han sostenido que cada extradición se analiza caso por caso y se resuelve conforme a la ley, sin atender a presiones políticas.
Seguridad y combate al crimen organizado: acciones paralelas
Como parte de los esfuerzos de cooperación y fortalecimiento institucional, destacan las siguientes acciones:
- Implementación del Registro Criminal de Armas de Fuego a nivel nacional.
- Intercambio de información entre fiscalías estatales y la FGR a través del Centro Federal de Inteligencia Criminal.
- Actualización de metodologías para el registro de homicidio doloso.
- Coordinación con autoridades estadounidenses para investigar estructuras criminales completas.
La extradición de Samuel “N”, Francisco “N” y José “N” se inscribe en este marco de colaboración bilateral, orientado a la persecución de delitos graves bajo principios de legalidad, debido proceso y respeto a los derechos humanos.
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