El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó las sanciones impuestas a las farmacéuticas Impromed y Total Farma, que quedarán inhabilitadas por un año y medio para celebrar contratos con instituciones del gobierno federal, estatal o municipal. Las resoluciones también contemplan multas económicas por 894 mil 846 pesos y 760 mil 410 pesos, respectivamente.
De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), los fallos fueron notificados mediante circulares publicadas este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Las resoluciones derivan de los procedimientos iniciados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ante irregularidades detectadas en procesos de contratación.
En el caso de Total Farma, el magistrado de la Tercera Ponencia de la Tercera Sala Regional Metropolitana del TFJA resolvió el juicio de nulidad 4709/24-17-03-6, promovido por la empresa. En su sentencia, declaró la nulidad de una resolución del Órgano Interno de Control del IMSS, aunque en los hechos se mantiene la sanción: una inhabilitación de 18 meses y una multa de 760 mil 410 pesos.
Respecto a Impromed, la Primera Ponencia de la Séptima Sala Regional Metropolitana del TFJA ratificó las sanciones impuestas por el IMSS. Con ello, la compañía no podrá participar en licitaciones ni establecer contratos con dependencias públicas durante un año y medio, además de cubrir una multa de 894 mil 846 pesos.
Otra empresa sancionada
En una tercera circular, la SABG informó que la empresa Construcción Ecología y Medio Ambiente fue sancionada con una inhabilitación de tres meses. La dependencia aclaró que, si la compañía no paga la multa impuesta —monto no especificado en el documento—, la suspensión continuará vigente hasta que se realice el pago.
Las sanciones forman parte de los mecanismos de control aplicados por los órganos internos de las dependencias públicas, en coordinación con el TFJA y la Secretaría Anticorrupción, con el propósito de garantizar transparencia y cumplimiento en los contratos financiados con recursos públicos.
Con la publicación de las circulares en el DOF, las tres empresas quedan impedidas de participar en licitaciones o convenios con instituciones públicas durante los plazos señalados. La medida busca reforzar la rendición de cuentas en el sector de proveedores gubernamentales y reducir el margen de discrecionalidad en los procesos de contratación.
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