La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) confirmó el asesinato de Roberto Eduardo, un agente de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), y su esposa, Marisela “N”, quienes fueron ejecutados a balazos el 7 de marzo en la comunidad de Altar, al norte de Sonora. El crimen, que ha conmocionado a la región, ocurrió cuando ambos salían de una tienda de conveniencia y se encontraban en el interior de su vehículo.
Los hechos sucedieron alrededor de las 16:15 horas (hora local) en la intersección de la calle Plutarco Elías Calles y la carretera Altar-Oquitoa. Según los informes de las autoridades, la agresión fue directa, y se realizó mientras las víctimas estaban a bordo de su automóvil, un sedán blanco. El vehículo presentó múltiples impactos de bala en el parabrisas, y los cuerpos de los fallecidos quedaron dentro del coche, uno en el asiento del conductor y otro en el del copiloto.
El caso fue calificado como un homicidio doloso por la Fiscalía de Sonora, y se abrió de inmediato una carpeta de investigación para esclarecer los motivos detrás de este asesinato. En el lugar del crimen, elementos de la Fiscalía y peritos en criminalística realizaron diversas diligencias para procesar la escena, recolectar evidencias y llevar a cabo un análisis balístico. Las autoridades buscan esclarecer lo sucedido y dar con los responsables del ataque.
Aunque las investigaciones están en curso, hasta el momento no se ha dado a conocer ningún detalle sobre el posible móvil del crimen ni sobre los sospechosos; sin embargo, el hecho de que una de las víctimas sea un miembro activo de la AMIC podría apuntar a una posible represalia vinculada al trabajo que realizaba en la agencia, lo que intensifica el enfoque de las autoridades en el crimen organizado.
La muerte de Roberto Eduardo y su esposa añade presión a la investigación, que hasta ahora sigue siendo un misterio. El asesinato de un miembro de la AMIC pone de relieve la creciente violencia que afecta al estado de Sonora y otras regiones del país, donde el crimen organizado y los conflictos entre grupos delictivos continúan afectando a las fuerzas de seguridad.
Tras darse a conocer el caso, el alcalde de Celaya, Guanajuato, Juan Miguel Ramírez Sánchez, comentó sobre el índice delictivo en su municipio. A pesar de que afirmó que los delitos van a la baja en la ciudad del Bajío, hizo un llamado a la federación y al estado para que brinden más apoyo en materia de seguridad. Según el alcalde, aunque los esfuerzos locales han tenido éxito, se necesita más respaldo en términos de refuerzos y recursos para enfrentar la violencia y el crimen organizado de manera más efectiva.
Las autoridades locales de Sonora han manifestado su compromiso de continuar con las investigaciones y de brindar justicia a las víctimas. La Fiscalía General de Justicia de Sonora continuará trabajando para esclarecer este doble homicidio y dar con los responsables.
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