
Luego de que un juez determinó el cambio de medida cautelar contra Víctor Garcés que le brinda libertad condicional, la Fiscalía General de la República (FGR) calificó los hechos como ilegales y hasta absurdos.
A través de un comunicado compartido por la institución encabezada por Alejandro Gertz Manero se puede leer que la decisión del juez “resulta contraria a la ley y es absurda por completo. En efecto, el imputado está vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita”, acciones por la que se encuentra vinculado a proceso.
La FGR compartió el domingo 8 de diciembre un análisis en el que compara lo expresado por el juez y lo que la institución considera son las pruebas de lo contrario. Primero, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Enrique Beltrán Santes, aseguró que el exdirectivo cuenta con problemas de salud.
Pero, según la institución, la defensa no acreditó el deterioro de salud del hombre investigado desde el momento en el que fue ingresado a la cárcel. A lo anterior se suma la conducta del exdirectivo, pues la FGR señala que el reclusorio Norte no ha emitido ningún informe que respalde una buena conducta.
Acceso a casas de familiares potencializa riesgo, argumenta la FGR
El juez conoce quién es el dueño de cada uno de los inmuebles a las que Víctor Garcés tiene acceso, siendo propiedades de sus hijas y exesposa.
“Al tener acceso a los domicilios que son de sus hijas y de su exesposa se potencializa el riesgo de sustracción del imputado por la accesibilidad que representa precisamente la existencia de esos domicilios”, destaca la FGR.
El juez Beltrán Santes también aseguró que la FGR no pudo probar la existencia de un cuarto domicilio al que el hombre investigado tuviera acceso. Sin embargo, la institución señala que la prisión preventiva en contra del sujeto es sustentada es la capacidad para acceder y mantenerse oculto en domicilios que pertenecen a sus hijas, no la existencia de varios domicilios.
De igual manera, el juzgador destacó que no se le informó sobre el bloqueo de una cuenta por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pero la FGR asegura que lo anterior no es cierto y que incluso la defensa habló sobre “una cuenta de inversión con más de 138 millones de pesos”.

“El hecho de que dicha cuenta de inversión fuera cancelada le generaba la certeza [al juez] de que el imputado aún tiene acceso a esos recursos, pues fue él quien tuvo que haberlos retirado para proceder a su cancelación”, agrega la FGR.
En julio de 2022, Víctor fue vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia Ilícita, tras ser detenido en junio de dicho año.
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