Préstamo del FMI: el fiscal ante Casación pidió más tiempo para analizar la causa archivada contra Macri y exfuncionarios

El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Omar Pleé, pidió este lunes una prórroga de cinco días hábiles para estudiar la causa por el préstamo de USD 57.100 millones acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno de Mauricio Macri y definir si mantiene la impugnación contra el archivo de la investigación.

El planteo fue presentado ante la Sala IV de la máxima instancia penal del país, integrada por los camaristas Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, que tiene bajo análisis una queja presentada por el Ministerio Público Fiscal. Antes de resolver si corresponde habilitar la revisión, el tribunal le corrió traslado a Pleé, que es el fiscal general que interviene ante dicha sede.

Pleé todavía no fijó posición sobre el fondo. Solicitó cinco días hábiles adicionales para examinar las actuaciones debido al volumen del expediente y al cúmulo de trabajo de su dependencia.

La causa comenzó en el año 2019 a partir de una denuncia por presunta defraudación y buscó determinar si durante la negociación, contratación y ejecución del acuerdo stand-by celebrado con el FMI en 2018 se cometieron delitos contra la administración pública. El financiamiento había sido pactado inicialmente por USD 50.000 millones y luego fue ampliado hasta USD 57.100 millones.

La investigación alcanzó al expresidente Mauricio Macri; al entonces ministro de Hacienda Nicolás Dujovne; a Luis Caputo, que se desempeñaba como secretario de Finanzas y luego presidió el Banco Central; y a Federico Sturzenegger, por entonces titular de esa entidad.

Durante la pesquisa se analizaron, entre otros puntos, la ausencia de un decreto presidencial específico para formalizar la operación, la falta de intervención del jefe de Gabinete, la actuación del Ministerio de Hacienda y la omisión de un dictamen del Banco Central sobre el impacto del préstamo en la balanza de pagos. También se incorporaron informes de organismos de control, expedientes administrativos y documentación vinculada con el destino de los desembolsos.

En febrero pasado, la jueza de primera instancia María Eugenia Capuchetti resolvió archivar el expediente tras considerar que los hechos investigados no encuadraban en los delitos de malversación de caudales públicos, administración fraudulenta o abuso de autoridad. También entendió que los memorandos suscriptos con el FMI tenían carácter técnico y no imponían un destino obligatorio y específico para los fondos.

El fiscal federal Franco Picardi apeló esa decisión. Cuestionó que la investigación fuera cerrada sin completar una serie de medidas orientadas a reconstruir la trazabilidad del dinero y determinar el recorrido de las divisas provenientes del crédito.

A comienzos de septiembre, la Sala I de la Cámara Federal porteña, con los votos de Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, confirmó el archivo de la causa. Según expusieron, el acuerdo había sido gestionado en un contexto de urgencia financiera y que la prueba reunida no permitía sostener una hipótesis de carácter delictivo.

A partir de allí intervino el fiscal general José Luis Agüero Iturbe, que actúa ante la Cámara Federal. El representante del Ministerio Público intentó llevar la discusión a Casación mediante un recurso contra la resolución que había convalidado el cierre del expediente.

Como ese planteo fue declarado “inadmisible”, Agüero Iturbe acudió directamente en queja ante la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. Esa presentación es la que ahora se encuentra bajo estudio de Carbajo, Hornos y Borinsky.

Antes de resolver si abre la instancia para revisar el archivo, el máximo tribunal penal federal pidió la opinión de Pleé. El fiscal general deberá definir en un dictamen, una vez vencida la prórroga solicitada, si mantiene la impugnación promovida por su par del Ministerio Público en la instancia anterior.