Juicio de los Cuadernos: funcionarios de la ex AFIP hablan de facturas apócrifas y proveedores truchos

El Tribunal Oral Federal 7 dispuso un cuarto intermedio para resolver el planteo de la defensa del empresario Angelo Calcaterra que objeta preguntas a la testigo Criscuolo vinculadas a declaraciones juradas anticipadas de importación que se investigan en otra causa en trámite, la del soterramiento del tren Sarmiento.

Se trata de la contadora y empleada de ARCA, ex AFIP, María Marta Criscuolo. Fiscalizó varias empresas a pedido del juzgado federal 11 a cargo entonces del ya fallecido juez Claudio Bonadio en la segunda mitad del 2018. Una de ellas fue SACDE, ex IECSA, detalló. En el caso puntual se concentró en una UTE vinculada al soterramiento del tren Sarmiento.

La audiencia registró un cruce entre la fiscalía y la defensa del empresario acusado Angelo Calcaterra, por la ex IECSA, cuando se preguntó a la testigo por las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) que forman parte de otra investigación judicial en la que está imputado.

La defensa, representada por los abogados Ricardo Rosental y Valeria Onetto, cuestionó la pertinencia de las preguntas. “Mis tres clientes están imputados sin decisión de mérito en esa causa. Es otra UTE, con otras empresas, y no tienen ninguna vinculación con el caso Cuadernos”, sostuvo Onetto.

Finalmente, la fiscalía insistió en que el objeto del interrogatorio era distinto al que se analiza en la causa por el soterramiento del Sarmiento y que se estaba examinando “un aspecto diferente” de las operaciones investigadas.

El contador de ARCA Stafforini terminó su declaración y el Tribunal Oral Federal 7 dispuso un breve cuarto intermedio.

Poco antes, el defensor del empresario y ex titular de la UIA Lascurain, Marcelo Mónaco, le preguntó sobre el modo y el momento en que una empresa podía enterarse de manera fehaciente de que un proveedor estaba en una base de datos por facturas apócrifas o era poco confiable.

Ante esa consulta, el testigo respondió que “es muy difícil” detectar ese tipo de situaciones y explicó que los proveedores son incorporados a las bases de datos de apócrifos una vez finalizados los procesos de fiscalización, y no mientras están siendo investigados.

El contador de ARCA Stafforini declaró que como conclusión de una fiscalización la empresa Fainser “pagó a estas empresas apócrifas” como proveedoras que emitían facturas falsas.

Iglesias concluyó su declaración de casi una hora respondiendo preguntas de defensas y fiscalía. Dijo desconocer si la empresa Isolux Corsán participó en emprendimientos de parques eólicos como parte de alguna otra Unión Transitoria de Empresas. Remarcó que ella fiscalizó a la firma sólo como parte de la UTE que construyó la usina hidroeléctrica de Rio Turbio.

El contador Carlos Stafforini, de ARCA, fiscalizó la persona jurídica Fainser en relación a proveedores con facturas apócrifas. Se trata de otra de las empresas con directivos acusados en el juicio. En su caso se juzga a su ex titular Juan Carlos Lascurain, desde esta semana con arresto domiciliario condenado a cuatro años de prisión en otra causa penal por fraude en Rio Turbio.

Ante preguntas de la fiscalía sobre los motivos por los que una empresa o una UTE puede recurrir a facturación apócrifa, la ex jefa de División de Fiscalización de la AFIP explicó que una de las finalidades puede ser “buscar un incremento del crédito fiscal”. La testigo señaló que, durante las tareas de fiscalización, se detectaron proveedores que facturaban montos millonarios sin contar con capacidad económica ni operativa para prestar los servicios declarados.

Como ejemplo, mencionó el caso de Antonio Blua, un hombre que trabajaba en el Servicio Penitenciario y que comenzó a facturar a la UTE supuestos servicios de mano de obra en seguridad. Según indicó, en poco tiempo emitió facturas por alrededor de 80 millones de pesos. Sin embargo, “los empleados encuestados no reconocían a Antonio Blua”, sostuvo.

La ex funcionaria explicó que, para el organismo fiscal, resulta relevante determinar si un proveedor tiene capacidad para llevar adelante las prestaciones que factura, ya que de lo contrario se impugnan los créditos fiscales originados en “facturas que carecen en principio de veracidad”. Agregó que se realizó un seguimiento por muestreo de los fondos y que “aparecieron retiros de caja del banco”.

“Al determinarse que el proveedor que presta el servicio es apócrifo, esos fondos no tienen un destino cierto”, afirmó la testigo. En ese sentido, agregó que “se tiene que probar que esa persona haya prestado el servicio” y remarcó: “Esa persona no lo prestó”.

Además, señaló que “no se pudo determinar que el proveedor haya tenido un incremento patrimonial acorde a lo que pudo haber cobrado por este contrato”, circunstancia que, según explicó, reforzaba las sospechas sobre la inexistencia real de las prestaciones facturadas.

Finalmente, precisó que, tras la determinación de oficio practicada por la AFIP, el organismo avanzó con una denuncia penal.

La testigo Iglesias recordó que estuvo a cargo de fiscalizaciones sobre la empresa Isolux y la UTE que integraba vinculada a la usina termoeléctrica de Río Turbio y explicó que durante las tareas de control detectaron la existencia de proveedores catalogados como apócrifos desde 2014.

Según relató estaba a cargo de directivos entre los que mencionó al acusado Juan Carlos Goycoechea. “Era un contribuyente muy importante y el control tenía que ser profundo”, sostuvo durante la audiencia.

En determinado momento, la empresa dejó de responder a los requerimientos formulados por el organismo recaudador, situación que derivó en la realización de un allanamiento, recordó.

Durante el interrogatorio de la defensa de Roberto Baratta, a cargo del abogado Marcos Aldazabal, la testigo confirmó que recibió distintos oficios judiciales solicitando información y que incluso existió un pedido para profundizar la investigación y evaluar la posibilidad de extender esos controles a otros contribuyentes relacionados con esa UTE.

En una nueva audiencia del juicio por presunta asociación ilícita y pago de sobornos durante el kirchnerismo, comenzó a declarar la contadora de la AFIP (hoy ARCA) Verónica Iglesias.

La testigo responde preguntas de la fiscal Fabiana León relativas a sus funciones en 2016, cuando era supervisora de fiscalización. En 2017 fue nombrada jefa de división. Comenzó a referirse a una fiscalización al grupo Isolux Corsán por uso de facturas apócrifas. Se trata de una de las empresas involucradas en la acusación.