La ampliación de los gasoductos Transportadora Gas del Norte (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS) entre los años 2004 y 2006, derivó en dos de las primeras causas de corrupción que pusieron en el foco de las sospechas a funcionarios del gobierno kirchnerista.
Se trata de los casos que actualmente se reconocen como “Skanska” y “Odebrecht”, que veinte años después del escándalo se encuentran en etapa de juicio oral, a un paso de que se conozcan ambos veredictos.
Como si fuese una ironía del destino, ya se completaron los alegatos, por lo que esta semana en ambos debates el Ministerio Público Fiscal, la parte querellante y las defensas podrán refutar los argumentos adversos que no mencionaron en sus exposiciones, y en una próxima convocatoria los jueces le darán la oportunidad a los imputados de pronunciar sus últimas palabras, antes de retirarse a deliberar.
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El lunes será la audiencia de Skanska y el martes está prevista la del juicio Odebrecht, que se desarrollan a través de un sistema mixto de videoconferencia y presencialidad en los tribunales de Comodoro Py.
Otro común denominador en ambos expedientes es que el principal acusado es el exministro de Planificación Julio De Vido, quien en estos días cumple condena por su responsabilidad en la Tragedia de Once, con el beneficio de la prisión domiciliaria en su chacra de Zárate.
Skanska
La investigación por la causa Skanska se abrió en el año 2006 con la instrucción del juez Ariel Lijo y la intervención del fiscal Carlos Stornelli para investigar el presunto pago de coimas en la construcción de los gasoductos del Norte y del Sur.
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Fue el primer caso de corrupción que sacudió al gobierno de Néstor Kirchner, por el que se inició una pesquisa que alcanzó a más de 30 exfuncionarios y empresarios, encabezados por Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas, José López.
En el marco del juicio oral, para el fiscal Abel Córdoba quedó comprobado que existió un esquema de pagos de coimas a funcionarios públicos a cambio de direccionamientos de obras hacia la empresa de origen sueco.
Ante el Tribunal Oral Federal 4, pidió 5 años de prisión para De Vido; para López; y para el exgerente general de Nación Fideicomisos S.A., Néstor Ulloa. Asimismo, solicitó que sean sancionados con una inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
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Su colega Joaquin Gaset subrayó que “De Vido, López y Ulloa actuaron de manera conjunta y coordinada en ambos proyectos (TGN y TGS) y garantizaron que las mismas empresas obtuvieran las obras. Direccionaron los concursos y escogieron la modalidad de concursos privados de manera injustificada”.
Además, la fiscalía requirió la pena de 4 años y 6 meses por el delito de cohecho activo para los directivos y gerentes de Skanska: Mario Piantoni, Gustavo Vago, Javier Azcárate, Eduardo Varni, Héctor Obregón, Juan Carlos Bos, Alejandro Gerlero y Roberto Zareba.
Para el contador Alfredo Norberto Greco y el apoderado de la empresa Infinity Group, Adrián Félix López, solicitó 4 años de condena, mientras que para los otros 17 imputados sugirió la absolución al considerar que no fue acreditada su responsabilidad en los hechos.
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Se trata de Ignacio De Uribelarrea, Rubén Gueler, Claudio Moretto, Pedro Carrozzo, Raúl Orsini, Renato Cecchi, Walter Cecchi, Danimirio Kovacik, Daniel Nodar, Estela Insenga, Miguel Spital, Juan Ferrari, Jorge Roldán, Alejandro Tettamanti, Blas Pierotti, Jorge Butti y Enrique Rubinsztain.
En tanto, los jueces Jorge Gorini, Néstor Costabel y María Gabriela López Iñiguez, escucharon a los abogados de los 30 procesados que, en todos los casos, pidieron la absolución para sus defendidos.
Odebrecht
El caso Odebrecht, que analiza el presunto direccionamiento en la licitación de las obras de la segunda ampliación de los gasoductos TGN y TGS, surgió como una extracción de testimonio de la investigación Skanska, a raíz de una denuncia anónima que recibió el fiscal Stornelli.
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Cuando comenzó a investigarse en el 2007, la instrucción estuvo a cargo del juez Daniel Rafecas con la participación activa del fiscal Federico Delgado, fallecido en el 2023 a los 54 años.
Por este expediente llegaron a juicio oral cinco imputados, de los cuales 4 tienen pedido de condena por parte de los fiscales Diego Luciani y José Ipohorski Lenkiewicz.
En su alegato plantearon que De Vido creó el marco normativo y delegó facultades en los funcionarios del área de energía para que se confeccionara “un auténtico traje a medida de Odebrecht”.
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Señalaron que esa nueva reglamentación habría permitido “la posibilidad de seleccionar al proveedor de bienes y/o servicios al propio criterio del adjudicatario”, con el único objetivo de direccionar la contratación.
Con esta hipótesis, para Julio De Vido solicitaron 4 años de prisión como partícipe necesario de presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, al igual que para el exsecretario de Energía, Daniel Cámeron.
En tanto, para el exsubsecretario de Combustibles, Cristian Folgar, y el exvicepresidente de CAMMESA, Luis Beuret, requirieron 3 años y 6 meses. Finalmente, para Julio Armando Bragulat, exsubgerente de CAMMESA, pidieron la absolución, tras considerar que su participación no fue acreditada.
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En cuanto a las defensas, reclamaron la absolución para todos los procesados. Los abogados coincidieron en que el mecanismo de contratación se realizó de acuerdo a las normas vigentes, en medio de la emergencia económica y energética.
El tribunal a cargo de este juicio oral es el TOF 2, con la integración de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Néstor Costabel.