El Tribunal Oral Federal N° 2 rechazó este jueves el pedido de suspensión del proceso a prueba presentado por Fernando Javier Butti, socio de Lázaro Báez en Austral Construcciones durante los hechos que se juzgarán en “Vialidad II”, el segundo juicio por corrupción con la obra pública durante el kirchnerismo.
Butti es contador y, para acceder a un juicio abreviado, ya admitió su responsabilidad en la maniobra de defraudación contra el Estado Nacional que se llevó a cabo entre el 8 de mayo de 2003 y el 27 de agosto de 2008. Ahora buscaba la probation para evitar cualquier tipo de condena.
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Según la acusación, Butti posibilitó la sustracción de fondos públicos a través de obras viales, valiéndose de sus roles en las empresas Austral Construcciones S.A., Loscalzo y Del Curto Construcciones S.R.L. y Kank y Costilla S.A.
Se le atribuyó haber firmado contratos de obra pública, a pesar de que estos incumplían la normativa vigente y los pliegos aplicables en numerosos expedientes.
El Ministerio Público Fiscal sostuvo que Butti contribuyó a la ejecución y prolongación de graves irregularidades en la adjudicación y ejecución de obras viales, lo que generó un millonario perjuicio a las arcas públicas. Por ello, se le imputó el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública, en calidad de partícipe necesario. La Unidad de Información Financiera (UIF), como parte querellante, presentó un requerimiento de elevación a juicio con una descripción y encuadre legal similares.
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La defensa de Butti solicitó la suspensión del proceso a prueba, argumentando que, en caso de que haya una condena, la pena podría ser de ejecución condicional. Además, hizo referencia a un precedente de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, donde se concedió el beneficio de la probation a la empresaria Myriam Elizabeth Costilla, quien se encontraba en una situación procesal similar a la de Butti.
La defensa afirmó que ambos imputados tenían una calificación legal idéntica y sus intervenciones fueron temporalmente acotadas, sin abarcar la totalidad del período investigado. También destacó que Butti tuvo una incidencia limitada en el entramado y que “era joven” al momento de los hechos.
Como parte de su ofrecimiento, Butti propuso pagar $10.000.000 en concepto de reparación del daño y realizar tareas comunitarias en la Fundación para Personas con Discapacidad Visual “Juntos”, ubicada en Río Gallegos.
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El fiscal general Diego Luciani se opuso a la solicitud, y resaltó que el dinero ofrecido es irrisorio, ya que representa el 0,0015% de los más de 648.000.000.000 de pesos que movió el entramado de corrupción.
Objetó que la defensa de Butti había impulsado simultáneamente dos vías alternativas: la probation y el acuerdo de juicio abreviado, en el cual Butti reconoció el hecho y su responsabilidad penal.
El fiscal argumentó que los hechos se enmarcaban en un caso de corrupción de extrema gravedad institucional, que involucró a altos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, se extendió por aproximadamente doce años y causó un enorme perjuicio al Estado.
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Luciani consideró que la suspensión del proceso a prueba no permitiría determinar judicialmente la responsabilidad de los involucrados ni reparar el daño en su verdadera dimensión, ya que este instituto no implica una declaración de responsabilidad penal y conduce a la extinción de la acción penal sin un pronunciamiento definitivo.
El fiscal advirtió también que la intervención de Butti no fue marginal. Recordó que Butti fue accionista y apoderado de Austral Construcciones S.A., apoderado de Loscalzo y Del Curto Construcciones S.R.L. y representante de Lázaro Báez en Kank y Costilla S.A. Señaló que Butti mantuvo el 5% de las acciones de Austral Construcciones S.A. cuando Lázaro Báez adquirió el 95% restante, y que esta empresa fue la “nave insignia” del fraude.
También celebró operaciones inmobiliarias y negocios jurídicos con Lázaro Báez, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
Así, con la firma del juez Andrés Basso, el TOF N° 2 resolvió no hacer lugar a la probation solicitada por la defensa de Fernando Butti. La decisión se basó en la oposición fundada del Ministerio Público Fiscal.
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El magistrado también señaló que la situación de Butti no era equiparable a la de Myriam Elizabeth Costilla, ya que en el caso del socio de Báez la acusación pública presentó una explicación detallada y circunstanciada de sus roles societarios, actos jurídicos y actuaciones concretas dentro del entramado investigado.
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