Cinco organizaciones civiles respaldaron la reforma al sistema de selección de jueces impulsada por la Corte

Las comisiones de Selección de Magistrados y Escuela Judicial y de Reglamentación del Consejo de la Magistratura celebraron una reunión conjunta en la Sala de Plenario “Dr. Lino Palacio“ para escuchar a cinco organizaciones de la sociedad civil sobre la reforma al sistema de selección de jueces que impulsó la Corte Suprema a través de la Acordada 4/2026, aprobada el 25 de marzo con las firmas de los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

La jornada de este jueves en el segundo piso de la sede central del organismo constituyó el tercer encuentro formal desde que el Consejo abrió el tratamiento de esa iniciativa. La reunión había sido convocada por la consejera Fernanda Vázquez como presidenta de la comisión de Selección y el consejero Alberto Lugones como titular de la de Reglamentación.

Ante los consejeros expusieron Inés Castresana por Poder Ciudadano, el ex ministro de Justicia Germán Garavano por Unidos por la Justicia, Martín Casares por el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES), Diana Cohen Agrest por Usina de Justicia y el ex consejero Pablo Tonelli por la Fundación Nuevas Generaciones. Todas las entidades respaldaron el proyecto, aunque con matices y advertencias.

Castresana consideró que “las deficiencias que tiene el proceso actual se ven en la práctica, lo que erosiona la eficiencia e independencia del sistema”. Destacó como “lo más acertado” el achicamiento del peso de la entrevista personal, “que es la etapa más discrecional del proceso”, y advirtió que el proyecto “no termina de limitar el margen de discrecionalidad existente”.

También planteó que el texto contiene hay cuestiones que deben mejorarse, entre ellas los concursos anticipados y los concursos múltiples, sobre los que dijo que “presentan desafíos.”

Garavano fue más enfático en su respaldo: “Apoyamos la iniciativa de la Corte. Creemos que es valiosa para reducir determinados niveles de arbitrariedad o que de afuera se han visto así.” En ese plano, el titular de la cartera de Justicia bajo la presidencia de Mauricio Macri propuso incorporar al debate criterios de gestión y desempeño en las unidades judiciales, más allá de la capacidad académica que presenta el proyecto.

Por su parte, Casares, de FORES, coincidió en que “la tarea del Consejo tiene que ser técnica, que tenga criterios meritocráticos medibles, explicables, que tenga una rendición de cuentas aceptable”, y calificó la Acordada 4/2026 del Máximo Tribunal como “un avance institucional relevante". Luego destacó la importancia de “reducir los márgenes de discrecionalidad a fin de que la entrevista, o cualquier otra etapa, no pueda ser un ajuste de mejora de un concursante sobre otro que no tenga una justificación basada en el mérito y la idoneidad”.

A su turno, Cohen Agrest coincidió con que el proyecto “representa un avance” en materia de objetivización de antecedentes, anonimato de la prueba escrita y reducción de la discrecionalidad. “Son pasos en la dirección correcta”, dijo, aunque aclaró que “este debe ser un punto de partida, no de llegada.”

El ex consejero Tonelli fue el más directo al exponer en la Comisión conjunta: “Creo que el reglamento es una buena propuesta. Va en el sentido correcto. Es un buen aporte de la Corte. Lo que ha hecho la Corte es darle un empujón al Consejo. En términos generales lo aprobaría tal como está, con algunas modificaciones".

Sobre el final, los consejeros César Grau y Jimena de la Torre apoyaron otra vez la iniciativa de Rosenkrantz y Lorenzetti, tal como lo habían hecho en la primera reunión para tratar el tema.

“Nos queda claro -expresó De la Torre- que nos debemos una mejora en el proceso. Con el doctor Grau hemos manifestado nuestro pleno compromiso de aprobar incondicionalmente la acordada de la Corte. No porque consideramos que sea la mejor, sino porque creemos que es mucho mejor que lo que tenemos hoy”.

Y añadió: “Si eso, como parece, no termina siendo posible, creo que internamente estamos preparados para ponernos a trabajar entre los consejeros y empezar a ‘porotear’, como decimos, y ver a qué consensos podemos llegar”.

<b>Un Código de Ética para el Poder Judicial</b>

En una sesión, la comisión de Reglamentación aprobó por unanimidad un Código de Ética del Poder Judicial de la Nación y resolvió elevarlo al plenario para su ratificación definitiva.

El texto -que tomó como modelos el Código Iberoamericano de Ética Judicial y los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial- establece principios de independencia, imparcialidad, transparencia, perspectiva de género y honestidad profesional, entre otros, e incorpora una disposición novedosa: el deber de seguridad, por el cual el Poder Judicial queda obligado a garantizar a los magistrados condiciones de seguridad personal, familiar y laboral. El texto tiene función preventiva y orientativa-—no sancionatoria- y no alcanza a la Corte Suprema, que se rige por sus propias regulaciones.