El fiscal Rívolo pidió que Santiago Cafiero no declare como testigo en el caso Seguros

El fiscal federal Carlos Rívolo pidió dejar sin efecto la declaración como testigo en la causa Seguros del excanciller del gobierno de Alberto Fernández, Santiago Cafiero, prevista para el próximo 20 de mayo, al advertir que la prueba reunida hasta el momento impediría descartar por ahora su posible participación en la maniobra que habría beneficiado al ya procesado broker Héctor Martínez Sosa.

El testimonio de Cafiero fue pedido por la defensa del ex presidente, a cargo de la abogada Mariana Barbitta, en el marco de una serie de declaraciones a las que el juez federal Ariel Lijo hizo lugar. La Cámara Federal de Casación anuló la semana última el procesamiento de Fernández en el caso y ordenó dictar una nueva resolución.

“Posible participación”

Entre los nuevos testigos figura Cafiero pero la fiscalía pidió al juez que por ahora deje sin efecto esta citación porque advierte que “tanto de las conversaciones telefónicas incorporadas a la causa como del resto de los elementos probatorios colectados se extrajeron indicios que de momento impiden descartar la posible participación del nombrado en la maniobra que tuvo por objeto favorecer al empresario Héctor Martínez Sosa y su conglomerado de empresas Productoras Asesores”, según el escrito al que tuvo acceso Infobae.

Se trata del tramo relativo a contrataciones realizadas en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación y la Casa de la Moneda SE, se detalló. Cafiero aparece mencionado de manera directa en conversaciones que son parte de la causa y además “cumplió funciones jerárquicas dentro de organismos que aparecen vinculados con las maniobras investigadas”.

Por ello y para evitar que tenga que contestar bajo juramento de verdad “por posibles hechos propios” se pidió no convocarlo como testigo en lo inmediato. La situación podría vulnerar derechos constitucionales, advirtió la fiscalía y por eso se debería dejar sin efecto esa convocatoria hasta que se pueda “delimitar con mayor precisión esa intervención”.

La declaración fue solicitada por la defensa del ex presidente para acreditar la legalidad del decreto 823/2021, la norma que centralizó en Nación Seguros S.A. la contratación de pólizas de organismos del Estado y que la justicia identifica como el instrumento que habilitó el esquema de intermediación irregular investigado.

Según consta en el expediente, la exsecretaria privada de Fernández, María Cantero, también procesada, le comunicó a su esposo —el broker Martínez Sosa— que el entonces presidente había llamado al Canciller para resolver un problema con el contrato de seguros en ese organismo.

Qué se investiga

La causa investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros por organismos del Estado a partir del Decreto 823/2021, que centralizó esas operaciones en Nación Seguros S.A.. Según la pesquisa, el esquema habría permitido la intervención de intermediarios y coaseguradoras privadas con comisiones superiores a las de mercado y posible perjuicio estatal.

La investigación sostiene que, durante la presidencia de Fernández, Martínez Sosa percibió comisiones por un total de 2.252 millones de pesos, cifra que representó cerca del 60% del total abonado por Nación Seguros a intermediarios en ese período.

Entre los principales beneficiarios de la maniobra estarían el broker amigo de Fernández, Martínez Sosa; su esposa y exsecretaria Cantero, y el ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano. En sus casos, fueron procesados por el anterior juez de la causa, Sebastián Casanello, en una decisión ya confirmada en instancias de apelación.

El miércoles último declaró como testigo la exsecretaria de Legal y Técnica Vilma Ibarra, quien afirmó que el decreto 823/2021 que firmó Fernández podría ser asimilado a la política del “compre nacional”, porque fue elaborado como una herramienta para que las pólizas destinadas a los empleados de los organismos públicos fueran contratadas a través de la compañía estatal Nación Seguros y que su texto no incluía menciones a “brokers” o intermediarios.

La defensa del ex presidente también requirió que se cite al exministro de Economía, Martín Guzmán, y al expresidente del Banco Central, Miguel Pesce, para que detallen los efectos de la contratación de los seguros.