La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital es uno de los tribunales más estratégicos del fuero penal federal. Con sede en Comodoro Py 2002, en el barrio de Retiro, actúa como alzada de los juzgados federales porteños: confirma o revoca procesamientos, dicta sobreseimientos y decide si una causa de corrupción, narcotráfico, trata u otro delito complejo avanza hacia la etapa de juicio oral.
El último jueves, la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura aprobó las ternas para cubrir los dos cargos vacantes en esa sala, en el marco del Concurso N° 461. El dictamen mayoritario fue impulsado por Diego Barroetaveña -presidente de la Cámara Federal de Casación Penal y consejero en representación de los jueces- y obtuvo siete votos, con el acompañamiento de Jimena de la Torre, Hugo Galderisi, Alejandra Provítola, Gonzalo Roca, Fernanda Vázquez y Santiago Viola. Las ternas pasarán ahora al plenario del Consejo, que necesita 14 votos para aprobarlas y elevarlas al Poder Ejecutivo, que elegirá un candidato por cargo y enviará los pliegos al Senado.
Los dos cargos en juego no estuvieron exentos de una fuerte disputa política. En 2018, el gobierno de Mauricio Macri designó mediante decreto a Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia en la Sala I, a través del mecanismo de traslado desde otros tribunales federales, un procedimiento habitual que no requería nuevo acuerdo del Senado según la interpretación vigente.
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En julio de 2020, el Consejo de la Magistratura -con mayoría kirchnerista- dictó la resolución 183/2020 y declaró que esos traslados no habían completado el procedimiento constitucional del artículo 99 inciso 4 de la Constitución. En consecuencia, el Poder Ejecutivo de Alberto Fernández envió a la Cámara Alta del Congreso una solicitud de acuerdo para que los jueces pudieran continuar en sus cargos. El Senado la rechazó el 16 de septiembre de 2020 y al día siguiente el gobierno dejó sin efecto los decretos originales de traslado.
La Corte Suprema intervino de urgencia y en noviembre de 2020 hizo lugar al amparo de los camaristas, ordenó su reincorporación y declaró arbitraria la resolución del Consejo. Sin embargo, señaló que los cargos debían someterse a concurso para dar estabilidad definitiva a quienes los ocuparan.
Bertuzzi y Bruglia volvieron a sus despachos, pero el proceso concursal quedó abierto. El propio gobierno de Fernández convocó al Concurso N° 461 y fijó la prueba de oposición para el 26 de febrero de 2021. Ambos magistrados denunciaron al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, advirtiendo que era el único caso de los más de veinte traslados cuestionados que había progresado hasta esa instancia.
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Llegado el momento, Bruglia no se presentó al concurso, mientras que Bertuzzi eligió participar. Este jueves, ese proceso llegó a una etapa decisiva.
Los seis candidatos
Entre los seis nombres propuestos por el juez Barroetaveña hay un camarista federal en ejercicio, una fiscal que investigó el espionaje de la AFI durante el gobierno de Macri, un juez con vínculos personales con el actual ministro de Justicia, una funcionaria especializada en violencia de género, un juez bonaerense y el propio Bertuzzi.
Primera Terna
Fernando Luis Poviña es vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, cargo al que llegó en 2023. Su pliego fue enviado al Senado por el entonces ministro de Justicia Martín Soria y el jefe de Gabinete Agustín Rossi. Nacido en Tucumán en 1971, se graduó con medalla de oro en la Universidad Nacional de Tucumán y es doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad del Salvador. Hizo su carrera en la Cámara de Casación Penal, donde fue secretario de cámara. Es el único candidato de las seis ternas que ya reviste como camarista federal y aparece primero en todas las propuestas presentadas este jueves.
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Agustina Inés Rodríguez es Secretaria Letrada de la Procuración General de la Nación y coordinadora general de la UFEM, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres. Abogada de la UBA con diploma de honor, entre 2004 y 2006 fue Secretaria de Vocalía en la propia Sala I que ahora concursa. En 2019, el gobierno de Macri la propuso para un tribunal oral federal, el Senado convocó a audiencia pública, pero el acuerdo no se materializó antes del cambio de gobierno. Hoy figura en los primeros puestos de al menos tres concursos judiciales simultáneos.
Pablo Yadarola es titular del Juzgado en lo Penal Económico N° 2 desde 2015. Construyó su carrera en el fuero federal e ingresó a Comodoro Py en 2004, donde fue secretario del Juzgado Federal N° 12 hasta asumir su cargo actual. Por su juzgado pasaron el caso de la valija venezolana de Antonini Wilson -en el que procesó al ex ministro Julio De Vido y al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray- y la incautación de bienes vinculados al narcotráfico, entre ellos la Ferrari de Diego Maradona. Es amigo personal del actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien deberá enviar sus elegidos a la Cámara Alta con la venia del presidente Javier Milei.
Segunda terna
Julio César Di Giorgio es juez del Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de San Martín desde 2008. Egresado de la UBA y especialista en Derecho Penal por la Universidad del Salvador, hizo toda su carrera en la justicia bonaerense. Como secretario de cámara intervino en el juicio por la tragedia de Cromañón. Como juez dictó sentencias en casos de homicidio, femicidio y abuso sexual, y realizó también juicios por jurados.
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Cecilia Patricia Incardona es fiscal federal de Lomas de Zamora desde 2018. Egresada de la UBA y especialista en Derecho Penal por la Universidad de Belgrano, construyó su carrera en Tierra del Fuego, donde fue secretaria del juzgado federal, fiscal y jueza de ejecución, todos por concurso. En Lomas de Zamora investigó el espionaje de la AFI durante el gobierno de Macri y pidió las indagatorias de los ex jefes del organismo Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Actualmente investiga presuntas irregularidades vinculadas al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
Pablo Daniel Bertuzzi es abogado de la Universidad Católica Argentina e hizo toda su carrera en el fuero federal de Comodoro Py. Llegó a la Sala I mediante los traslados que el Consejo cuestionó y la Corte validó. Junto a Bruglia denunció al Estado ante la CIDH por el avance del concurso para reemplazarlo. Si el plenario aprueba las ternas y el Poder Ejecutivo lo elige, obtendría una designación con todos los requisitos constitucionales fijados por el Máximo Tribunal para el puesto que ya ocupa.