La investigación del fiscal federal Franco Picardi continúa revelando presuntos circuitos de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con la participación de droguerías, otras empresas proveedoras y lobistas que conectaban al sector privado con el organismo estatal. Uno de ellos habría sido Miguel Ángel Calvete, supuesto “jefe en las sombras” de la Agencia.
En el segunto tramo del caso que tramita en el Juzgado Federal N° 11, a cargo del juez subrogante Ariel Lijo, aparecen 14 firmas vinculadas directa o indirectamente a Calvete que participaron de un complejo entramado que converge en procesos de contratación pública que habrían sido manipulados.
A aquellas compañías que querían acceder a contratos millonarios con la ANDIS, Miguel Ángel Calvete les habría cobrado entre un 12% y 20% de las sumas adjudicadas, según consta en la causa.
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Desde que estalló el escándalo por los audios de Diego Spagnuolo, el lobista permanece preso -por una condena anterior, por proxenetismo- y hoy se encuentra alojado en el pabellón psiquiátrico de la cárcel de Ezeiza, supo Infobae de fuentes judiciales. Es padre de Ornella Calvete, exfuncionaria del Ministerio de Economía, y era conocido por aparecer en medios de comunicación por su rol como vocero de los supermercados chinos y presidente del Instituto de Estudio de Consumo Masivo.
Miguel Ángel Calvete, que está procesado como uno de los líderes de la asociación ilícita, habría direccionado las adjudicaciones de la ANDIS y se benefició de coimas derivadas de las contrataciones, impartiendo órdenes directas para orientar decisiones y administrando recursos.
El organismo representó para la organización una caja de más de 75 mil millones de pesos, según la fiscalía.
Las empresas de Calvete
El rol del lobista, siempre según la reconstrucción del fiscal Picardi, tiene un punto de partida en su propia empresa: Indecomm SRL, proveedora de ANDIS.
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Esta firma fue invitada a participar y presentó cotización en todas las compulsas de precios del segmento de amputaciones, obteniendo adjudicaciones en numerosas ocasiones.
Además, Indecomm emitió facturas a nombre de otras proveedoras de ANDIS, incluyendo Probock SRL, Laboratorio Ortopédico Sagues SRL, Ortopedia Bernat SRL, Prolite Orthopedics SRL, Sistemas Médicos Globales SRL, Droguería Boedo SA, Meridius SA y Resposane Salud SA.
La hipótesis de la investigación apunta a que estas habrían sido facturaciones simuladas entre empresas para otorgar apariencia de legalidad a transferencias que, en realidad, eran las coimas que se pagaban a cambio de las adjudicaciones direccionadas.
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Bymax Medical SRL, otra de las empresas con vinculación directa a Calvete, también aparece mencionada en la causa.
Esta firma tuvo un crecimiento exponencial en su capital social -que pasó de $100.000 a $300.000.000 en 2025- y estructura accionaria, y está integrada por personas del círculo investigado. El gerente es Patricio Acosta, pareja de Lorena Di Giorno, la exfuncionaria procesada que respondía a Calvete.
Acosta aparece como accionista de la Droguería Profarma, una de las cuatro grandes beneficiadas por la ANDIS durante la gestión de Spagnuolo a través de licitaciones “acotadas” de medicamentos de alto costo.
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Calvete, Acosta, Eduardo “Pino” González -con doble rol de empresario y funcionario- y Pablo Antonini administraron Profarma, intercambiando la documentación necesaria para presentarse en procesos de contratación, dictaminó la fiscalía.
Otro sospechoso citado a indagatoria es Matías Palotti Bertola, hombre de confianza de Daniel María Garbellini -ex número dos en ANDIS-, también habría jugado de los dos lados del mostrador, en Profarma y el organismo a la vez.
La lista de empresas que orbitan a Calvete sigue con Resposane Salud SA, vinculada a Federico Maximiliano Santich, accionista mayoritario y gerente de Profusión SRL, otra de las cuatro “droguerías amigas”.
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Resposane Salud fue invitada a participar en las compulsas de amputaciones, pero solo presentó cotización en dos ocasiones, limitándose a un “rol formal”, sin una intención real de competir por la adjudicación para simular competencia entre oferentes.
Lobby y coimas
La investigación también reveló una serie de empresas con las que Miguel Ángel Calvete mantenía una vinculación informal. Estas, según la acusación, se beneficiaron del esquema y, a cambio de acceder a los negocios con el Estado, pagaron retornos.
ExpoTrauma SA, Artrobone Ortopedia SA y Cirugía y Ortopedia Imnova SA. Estas empresas, junto a Cirugía Alemana Insumos Médicos, obtuvieron adjudicaciones significativas en los segmentos de “sillas y andadores” y “traumatología”. Evangelina García (Artrobone Ortopedia SA), Emilio Cesar Olguin (Expo Trauma SA) y Martim Goncalo Armella (Cirugía y Ortopedia Imnova) habrían participado del direccionamiento de adjudicaciones a cambio de retornos para funcionarios públicos y pagos a Calvete, aprovechando los vínculos que Evangelina García tenía con Miguel Ángel Calvete para contar con información privilegiada. Todos serán indagados en Comodor Py.
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Cirugía Alemana Insumos Médicos. Los empresarios Claudio Alejandro Kahn y Gerardo Raúl Angarami, representantes de esta empresa, habrían participado en el direccionamiento de adjudicaciones a cambio de retornos y pagos a Calvete. Kahn y Calvete habrían mantenido comunicaciones constantes y directas para percibir sumas de dinero derivadas de las contrataciones con ANDIS, según se desprende de la causa.
Farma Salud SRL. Esta empresa, perteneciente a Osmar Mariano Caballi, quien tiene vínculos directos con Daniel María Garbellini, Pablo Atchabahian, Miguel Ángel Calvete y Patricio Rama, se benefició de la exclusión de Droguería Boedo SA de las compulsas en el segmento de cardiología, lo que llevó a un aumento en sus adjudicaciones.
MED-EL Latinoamérica SRL. El gerente titular Humberto Gabriel Maone habría formado parte de la organización criminal, participando en el direccionamiento de adjudicaciones a cambio de retornos para funcionarios públicos y pagos a Calvete, aprovechando los vínculos que tenía con Calvete para contar con información privilegiada.
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Neurosalud SA. Su presidente, Fabián Piedimonte, junto a Miguel Ángel Calvete, habrían gestionado el direccionamiento de adjudicaciones a cambio de retornos y pagos para este último. Los cuadernos secuestrados a Calvete mencionan a Neurosalud con cifras millonarias que representarían pagos del Estado y porcentajes repartidos entre funcionarios y empresarios.
Sistemas Médicos Globales SRL y Meridius SA. Estas empresas, vinculadas a Patricio Omar Acosta y Nicolás Luna respectivamente, realizaron pagos a Indecomm SRL -de Calvete- por el concepto de “camas ortopédicas reacondicionadas”. Son parte de las facturaciones simuladas que investiga la Justicia.
Megastática. Calvete constituyó esta firma en 2018 con Sergio Mastropietro. La sede social de Megastática coincide con la de Indecomm SRL.
Mastropietro, a su vez, es el empresario detrás de Baires Fly S.A., una aerolínea de vuelos privados. Esta empresa jugó un papel central en el entramado al recibir fondos de empresas proveedoras de la ANDIS, de acuerdo a lo que se desprende de la causa, para blanquearlo y disimular su origen ilícito. Esto se lograba a partir de la emisión de facturación por supuestos servicios, como “kilómetros de vuelo”, en operaciones intermediadas por Miguel Ángel Calvete.
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Todas estas personas mencionadas están llamadas a prestar declaración indagatoria ante el fiscal Picardi y el juez Lijo. Las citaciones comenzarán el 28 de abril con Spagnuolo y Garbellini, y se extenderán hasta el 26 de mayo.
Calvete, procesado
Este jueves el empresario, a través de su defensa, defendió la apelación de su procesamiento, dictado por el juez Sebastián Casanello antes de finalizar la subrogancia del Juzgado Federal N° 11.
Su abogado, Juan Ignacio Pascual -quien también representa a la pareja de Calvete, Guadalupe Muñoz-, se presentó ante la Sala II de la Cámara Federal y evitó debatir la valoración de la prueba o los hechos descriptos en la causa. En cambio, postuló que existe una nulidad en el origen de la investigación.
La defensa de Calvete cuestionó que la primera orden de allanamiento a 16 objetivos se haya firmado apenas un día después de la denuncia con la que se abrió la causa, ya que para entonces, según su criterio, no había “presunciones objetivas” que justificaran la irrupción en los domicilios y oficinas que se requisaron.
Pascual retomó luego el reclamo que impulsan varias defensas por los audios de Spagnuolo. El letrado argumentó -en contra de lo que sostuvieron la fiscalía y el juzgado en distintas resoluciones y dictámenes- que las grabaciones son la génesis de la causa, y que su eventual falsedad y obtención por espionaje ilegal invalidan el resto del caso.
“La Cámara ordenó expresamente determinar el origen de esta divulgación y la veracidad de su contenido. Para sorpresa de esta defensa, el juez de grado, haciendo caso omiso a la orden impartida, no solo volvió a rechazar el planteo, sino que también ese día dictó los procesamientos”, argumentó el abogado en la audiencia, a la que accedió este medio.
En suma, el defensor Juan Ignacio Pascual resaltó que durante la investigación propuso diez medidas de prueba que no fueron evacuadas por los magistrados, y dijo que recién pudo acceder a la totalidad de las pruebas que hay en el expediente esta semana, situaciones que enumeró como “afectaciones a los estándares del derecho a la defensa”.