El juicio oral en la causa de los Cuadernos se reanudó este martes con nuevas negativas a prestar declaración indagatoria por parte de empresarios arrepentidos y planteos de las defensas que objetan la incorporación de sus anteriores dichos como prueba, sin posibilidad de preguntarles al respecto.
El primero de ellos fue Benjamín Romero, titular de Hidrovía SA, quien optó por no hablar ante el Tribunal Oral Federal 7. Ante ello, la defensa del acusado ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido volvió a advertir que se vulnera el derecho a defensa por no poder “contrainterrogar” al acusado.
A este planteo adhirieron otras defensas como la de los ex funcionarios del kirchnerismo Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime.
También se negaron a declarar en esta nueva audiencia Hugo Dragonetti, titular de Panedile, Rodolfo Poblete y Adrián Pascuchi.
A su turno el empresario Jorge Balán, de Industrias Secco, aceptó hablar ante el Tribunal y responder preguntas solo de parte de su defensa para referirse al rol de su empresa durante el kirchnerismo y cómo se presentaron a cotizar en licitaciones.
“Roberto Baratta me pidió que hiciera un aporte para la campaña del oficialismo. Sí o sí debía aportar, no me pidió monto ni nada. Decidí hacerlo, fue una decisión mía. Cometí la falta de no haber pedido recibo”, aseguró Balán, quien reconoció tres entregas de dinero, pero aclaró que ninguna fue para que los funcionarios “hicieran o dejaran de hacer” algo atinente a sus deberes.
Después de unos minutos de receso, siguió la indagatoria del exasesor del secretario general de la Presidencia, Julio Daniel Álvarez, quien adelantó que aceptaría preguntas de todas las partes y afirmó que era inocente. En su exposición, manifestó que la imputación en su contra se había producido porque el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio “compraron pescado podrido”.
Por otro lado, el acusado aseguró con vehemencia: “No cometí ningún delito y no fui parte de ningún delito. No conocí a ninguna persona que haya cometido algún delito o que hubiera hablado de algún delito cerca o lejos de mí”. Luego hizo un largo repaso de sus comienzos como cadete en el estado provincial de Santa Cruz hasta llegar a formar parte de la secretaría privada del entonces gobernador Néstor Kirchner, con quien trabajaría luego en Casa Rosada a partir de 2003.
El declarante negó haber visto bolsos con plata en los distintos viajes que llevó a cabo como parte de su trabajo. Dijo que participó en comitivas en Europa, casi toda Latinoamerica y el interior del país. También que a Roberto Baratta solo lo vio en actos oficiales y recordó que estuvo detenido unos 93 días, donde un secretario de Bonadio le ofreció constituirse como testigo colaborador y él respondió que “no había hecho nada y que no tenía nada de qué arrepentirme”.
Tras finalizar la declaración pasadas las 15:30, el titular del tribunal oral Enrique Médez Signori dio por finalizada la audiencia y dispuso un cuarto intermedio hasta el jueves a las 9 para seguir escuchando a más imputados.
La acusación
Según la acusación fiscal y de la querella de la Unidad de Información Financiera, estos empresarios integraron el engranaje de recaudación ilegal que, entre 2003 y 2015, canalizó el pago de sobornos a cambio de la adjudicación de contratos de obra pública.
De acuerdo con la acusación, varios de los convocados habrían tenido distintos niveles de intervención en los hechos investigados: desde el pago directo de dádivas —delito de cohecho activo— hasta la participación necesaria en esas maniobras a través de estructuras empresariales. En el caso de Álvarez, la imputación es por encubrimiento.
Una parte de los empresarios que desfilarán este martes por la sala de audiencias ya declaró como imputado colaborador durante la instrucción y aportó datos sobre el funcionamiento del sistema de recaudación que describieron los cuadernos del exchofer Oscar Centeno. “Tendrán la posibilidad de ampliar, ratificar o rectificar esas versiones frente al tribunal”.
Hasta el momento casi la totalidad de los arrepentidos optaron por negarse a declarar cuando fueron llamados al banquillo, lo que derivó en cuestionamientos de las defensas ante la imposibilidad de confrontarlos por lo que dijeron en calidad de imputados colaboradores. Uno de quienes guardó silencio fue Oscar Centeno, autor de los cuadernos y exchofer del ex funcionario del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta.
El juicio
En la audiencia pasada, el empresario Alberto Tasselli describió un esquema de pedidos de dinero por parte del también procesado exfuncionario Roberto Baratta, que vinculó a aportes de campaña y relató haber recibido presiones para concretarlos. “Cuando uno está obligado a pagar, que lo intiman a pagar, uno se siente que no tiene salida”, afirmó. “No te hagas el boludo porque esto es en dólares y no en pesos”.
“A mí me dijeron que era para la campaña, después si la usaron para otra cosa yo no lo sé. Yo tengo que contar lo que me dijeron: no puedo cambiar la versión de la situación”, declaró Taselli. Relató, además, que sus pagos equivalieron a un total de 300 mil dólares, y que Nélson Lazarte, mano derecha de Julio De Vido, era el encargado de retirarlos. Dijo que un día dejó de pagar porque “no tenía más formas” de hacerlo.
Otros dos arrepentidos, Angelo Calcaterra y Aldo Roggio, se negaron a prestar declaración indagatoria en la audiencia del martes 31 de marzo. El juicio se reanudó este martes tras el feriado de Semana Santa.
La audiencia se desarrolla ante el tribunal integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli. La fiscal es Fabiana León.
Se juzga a la ex presidenta Cristina Kirchner como presunta jefa de una asociación ilícita y a otros 85 acusados, entre exfuncionarios de su Gobierno como Julio De Vido y José López y empresarios, entre otros acusados. El juicio tiene audiencias martes y jueves desde las 9 de manera semipresencial: los acusados convocados para declaración indagatoria se presentan junto a sus defensores en Comodoro Py 2002 y el resto sigue las alternativas por Zoom.