Si bien fue mencionada más de una vez durante la última audiencia del juicio “Cuadernos”, la causa penal que indaga sobre presuntas alteraciones en los manuscritos de Oscar Centeno se encuentra sin movimientos recientes y a la espera de definiciones que recién llegarían en abril.
En ese expediente, definido por la fiscal de juicio Fabiana León como la “contracausa”, está procesado desde el 13 de noviembre pasado Jorge Bacigalupo, el expolicía que tuvo a su resguardo los cuadernos del exchofer de Roberto Baratta.
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De hecho, esa medida –el procesamiento de Bacigalupo– fue la última que tomó en la causa el juez que la lleva: Marcelo Martínez De Giorgi, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 8, que además le trabó un embargo de $150 millones.
El magistrado consideró al expolicía autor del delito de encubrimiento agravado en concurso ideal con falsificación de documento público. La acusación sostiene que Bacigalupo alteró los cuadernos 4 y 7. La maniobra imputada consistió en tachar un nombre original para escribir encima palabras como “Armando” e “Ing. Ferreyra”. La Justicia investiga si el objetivo fue ocultar la identidad de un tercero para favorecerlo.
Oportunamente, la defensa, a cargo de la abogada Nuria Drendak, apeló la medida ante la Cámara Federal. Tras la inactividad propia de la feria judicial de enero, se aguardaba un avance en el expediente. Sin embargo, la definición del tribunal de alzada recién llegaría a partir del mes de abril. Según pudo saber Infobae, la demora obedece a un viaje académico del camarista Mariano Llorens.
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Fuentes judiciales confirmaron que el integrante de la Sala I cumple una estancia doctoral en la ciudad de Valencia, España. Hasta su regreso, previsto para principios de abril, el Tribunal no emitiría una resolución al respecto.
Según fuentes del Juzgado Federal 8, Martínez De Giorgi se encuentra “a la espera de lo que resuelva la Cámara” para definir los próximos pasos.
La apelación
Drendak presentó un recurso de apelación y un memorial. Solicitó el sobreseimiento de su asistido o la falta de mérito. En sus escritos, la abogada defensora argumentó que la resolución del juez carece de fundamentación y se basa en inferencias.
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El planteo técnico se centra en las pericias caligráficas. Drendak señaló que los peritos de la División Scopometría de la Policía Federal Argentina advirtieron limitaciones en su trabajo. Los especialistas analizaron imágenes fotográficas de los cuadernos y no los documentos originales. Según la defensa, trabajar sobre copias digitales imposibilita el estudio de los trazos, el surcado y la presión efectiva. La presentación remarca que ninguna pericia afirma de manera categórica la autoría de Bacigalupo sobre las enmiendas.
La apelación rechaza la acusación por encubrimiento. La abogada sostuvo que el tipo penal exige la existencia de un delito previo concreto y la identificación de un autor al que se busca ayudar. Drendak argumentó que no se puede ayudar a una figura no identificada, en referencia a la mención del nombre “Marcelo”. El escrito destaca que las anotaciones atribuidas son previas al inicio del proceso judicial de los cuadernos.
La defensa objetó la imputación por falsificación. Indicó que una libreta escolar carece de los requisitos legales para ser considerada un documento público. Sobre el aspecto económico, la abogada consideró que el embargo de $150 millones es desproporcionado para la capacidad económica de un jubilado.
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Antecedentes
Esta apelación sitúa a la Sala I ante un expediente con resoluciones previas. En abril de 2023, Llorens planteó su excusación en esta causa. Su primo hermano, Rafael Llorens, es uno de los 86 acusados en el juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal Nº 7. Su colega Pablo Bertuzzi rechazó el apartamiento al considerar que los hechos investigados transitaban carriles distintos. Semanas después, Llorens confirmó a Martínez De Giorgi al frente de la investigación y rechazó una recusación de la defensa.
El antecedente judicial directo sobre la cuestión de fondo ocurrió el 3 de julio de 2024. Ese día, la Sala I revocó un primer procesamiento de Bacigalupo y le dictó la falta de mérito. Votaron Llorens, Bertuzzi y Leopoldo Bruglia. En aquella resolución, Bertuzzi y Bruglia señalaron que el estudio fotográfico de los cuadernos resultaba insuficiente para sostener un procesamiento. Los jueces exigieron realizar un nuevo estudio sobre el sustrato original de los documentos. Los manuscritos se encuentran bajo custodia del TOF Nº7.
Llorens emitió un voto donde sostuvo que la causa impulsada por el empresario Armando Loson, titular del Grupo Albanesi y sexto “arrepentido” en la causa que tramitaron el fallecido juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, constituía un intento por cuestionar la validez de una prueba del expediente principal. El camarista planteó que avanzar en esa pesquisa implicaba invadir la jurisdicción del Tribunal Oral.
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Más cuestionamientos
La causa del juzgado de Martínez de Giorgi también recibió cuestionamientos durante el juicio “Cuadernos”. En su respuesta a los planteos de nulidad de las defensas, la fiscal general Fabiana León se refirió a este expediente.
En coincidencia con el mencionado voto de Llorens, León afirmó ante los jueces del Tribunal Oral que la investigación contra Bacigalupo forma parte de una estrategia para atacar la validez de la prueba. La fiscal cuestionó la práctica de acudir a otros magistrados para generar expedientes paralelos. Calificó el accionar como un “forum shopping inverso”, diseñado para ingresar elementos probatorios alternativos, “perseguir” a testigos (como Bacigalupo) y eludir la valoración del tribunal de juicio.
El expediente aguarda la resolución de los camaristas. A partir de abril, la Cámara Federal evaluará si las nuevas medidas ordenadas por el juzgado de instrucción reúnen los elementos probatorios suficientes para confirmar el procesamiento o si revoca la decisión apelada.
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