El juez federal Pablo Díaz Lacava obtuvo una resolución parcialmente favorable en la causa que se le sigue por presunta violencia laboral y de género en su tribunal. La Cámara Federal de Casación Penal anuló parte de su procesamiento, aunque la investigación principal continúa: la fiscalía solicitó la elevación del expediente a juicio oral y el magistrado enfrenta un proceso disciplinario en el Consejo de la Magistratura.
La medida, dictada este martes por la Sala II, integrada por los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, hizo lugar de manera parcial a un recurso presentado por la defensa oficial. La decisión dejó sin efecto específicamente los puntos dos y tres de un fallo emitido el 12 de junio de 2025 por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca.
En esa resolución de 2025, los camaristas Silvia Fariña y Pablo Candisano Mera habían confirmado el procesamiento original dictado por el juez federal de Santa Rosa, Juan José Baric. La acusación principal abarca lesiones leves y graves, amenazas simples y coactivas contra trabajadores judiciales. Además, el tribunal bahiense amplió la imputación: revocó sobreseimientos previos y procesó de manera directa a Díaz Lacava por abuso de autoridad (hecho 5-B), amenazas simples y lesiones leves (hecho 7).
La Cámara Federal de Casación Penal determinó que esa ampliación directa vulnera las garantías procesales. Respaldados en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los jueces explicaron que esa acción priva al acusado de revisión en otra instancia. Por este motivo, apartaron a los magistrados firmantes y ordenaron que esos puntos vuelvan a tramitarse para asegurar la doble conformidad judicial.
El conflicto judicial se originó el 19 de abril de 2023, cuando los trabajadores del tribunal denunciaron la situación. En sus testimonios, relataron que soportaron años de maltrato por temor a perder su carrera y sustento. Describieron a Díaz Lacava como una persona de carácter dominante e intempestivo y manifestaron que, en ocasiones, se sintieron cómplices involuntarios de las acciones del magistrado.
La denuncia formal fue acompañada por los jueces Marcos Aguerrido y José Tripputi. El acusado, en su defensa, alegó la existencia de un complot en su contra. La investigación incluyó peritajes del Cuerpo Médico Forense y de la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a las Víctimas (DOVIC). Los informes confirmaron el daño psíquico de los denunciantes. “Los fiscales incorporaron registros audiovisuales de las declaraciones para documentar el sufrimiento, miedo, angustia y desesperación del personal”. Como parte del proceso vigente, pesa sobre el imputado un embargo de $100.000.000.
La defensora oficial Florencia Hegglin presentó objeciones sobre el desarrollo del expediente. Consideró inaceptable la negativa a tomar declaración a 34 testigos y calificó el embargo como desproporcionado. Cuestionó las pruebas médicas, señalando que el examen forense fue realizado por seis mujeres en un contexto de denuncia por violencia de género y que no se consignó la supuesta falta de agresividad del examinado.
Respecto a los hechos, Hegglin negó comportamientos discriminatorios y justificó las advertencias de sumarios laborales en la autoridad legal del juez. Sobre la acusación de arrojar una piedra contra una oficina, la defensa argumentó que se trató de una broma sin consecuencias lesivas. En respuesta, el defensor público de víctimas Martín García Ongaro sostuvo que el lanzamiento de la piedra formó parte de un conjunto de acciones destinadas a amedrentar, hostigar y compeler a los empleados.
El fallo de Casación también rechazó un recurso del fiscal general Mario Villar, confirmando dos sobreseimientos. Uno se refería a una orden impartida al secretario para donar televisores decomisados a la Asociación Pampeana Cultural Inglesa (APCI), entidad integrada por la esposa de Díaz Lacava. Casación avaló la atipicidad de la conducta al citar normativas que autorizan la asignación de bienes a entidades de bien público. El otro episodio descartado involucraba una orden de incinerar láminas de aluminio en un horno pirolítico de Intendente Alvear; el tribunal consideró que la intervención del juez se limitó a la supervisión del procedimiento.
Mientras los puntos anulados retornarán mediante un pase digital para nuevo pronunciamiento, la causa principal sigue su curso. Los fiscales formalizaron el requerimiento para que Díaz Lacava enfrente un juicio oral por las acusaciones confirmadas.