Tras una serie de planteos judiciales que llegaron hasta la máxima instancia penal del país, la Cámara Federal de Casación Penal comenzó a intervenir en la causa Seguros, el expediente en el que el ex presidente Alberto Fernández está procesado por presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en la contratación de pólizas para organismos estatales durante su gobierno. La Sala IV, a cargo del trámite, deberá ahora analizar los procesamientos confirmados por la Cámara Federal porteña y los planteos de nulidad impulsados por las defensas, en un caso que podría derivar en juicio oral.
La investigación se centra en el Decreto 823/2021, firmado por el entonces presidente Fernández, que estableció que las entidades del sector público nacional debían contratar sus seguros exclusivamente a través de Nación Seguros S.A. Según la hipótesis fiscal, ese esquema fue aprovechado para direccionar intermediaciones hacia determinados productores de seguros -brokers- que cobraron comisiones millonarias.
La instrucción cayó en manos del juez federal Sebastián Casanello, quien subrogó el Juzgado Federal N° 11, despacho donde tramita el expediente. El fiscal federal Carlos Rívolo está encargado de la acusación en una causa que analiza la posible existencia de un esquema de direccionamiento irregular de contratos públicos.
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El 10 de julio de 2025, Casanello procesó a Alberto Fernández como supuesto autor del delito de negociaciones incompatibles con la función pública y dispuso un embargo sobre sus bienes por $14.634.220.283,68. En la misma resolución procesó a Héctor Martínez Sosa -amigo personal del ex mandatario-, a su esposa María Cantero -ex secretaria privada presidencial- y a otros ex funcionarios y directivos vinculados con Nación Seguros.
De acuerdo con la imputación, desde el inicio del mandato presidencial, Martínez Sosa habría concentrado el 59,6% de las comisiones liquidadas por Nación Seguros S.A. a todos los intermediarios de pólizas emitidas a organismos públicos. Para el juez y el fiscal, ese volumen de participación se vinculó con el vínculo personal y comercial existente entre el broker y el entonces jefe de Estado.
El 18 de noviembre de 2025, la Sala II de la Cámara Federal -integrada por Eduardo Farah, Roberto Boico y Martín Irurzun- confirmó los procesamientos. En esa resolución, los camaristas señalaron que existían “pruebas e indicios” que ubicaban a Fernández en un “rol crucial” dentro de un esquema de “irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en ‘NACIÓN SEGUROS S.A.’”.
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Entre los elementos valorados se incluyó un intercambio de mensajes del 24 de mayo de 2023. Ese día, María Cantero alertó al entonces Presidente sobre la designación de otro broker en Cancillería que no era su esposo. “Ya me ocupo”, respondió Fernández. Cinco días después, la designación fue revertida. Para la Cámara Federal porteña, esa secuencia acreditó una “participación directa” del ex mandatario en el conflicto de interés investigado.
Este mes, Casanello amplió el alcance de la investigación y procesó a la empresa Héctor Martínez Sosa y Cía. S.A. como partícipe necesaria del delito de negociaciones incompatibles. Según la resolución, la firma habría percibido $416.546.348,81 en comisiones. El juez sostuvo que la “existencia conocida de vínculos personales de su máxima autoridad con el titular del Poder Ejecutivo Nacional constituyó un indicador del elevado nivel de riesgo”.
En ese tramo también se avanzó sobre la responsabilidad penal empresaria. El magistrado procesó a otras compañías del sector asegurador al considerar que no implementaron mecanismos adecuados de control o programas de integridad (compliance) que evitaran posibles irregularidades en la contratación pública. Entre las firmas mencionadas se encuentran Bachellier S.A., San Germán Seguros S.A. y San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales.
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Tras la confirmación de los procesamientos, las defensas intentaron habilitar la revisión ante la Cámara de Casación. La Sala II del tribunal de alzada declaró “improcedentes” los recursos al evaluar que la confirmación de un procesamiento no constituye una "resolución definitiva" que habilite automáticamente la intervención del máximo tribunal penal federal. También entendió que no se acreditó un perjuicio de “imposible o difícil reparación”.
Frente a ese rechazo, las defensas presentaron recursos de queja ante la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. Ese tribunal ahora deberá resolver si admite los planteos y si corresponde revisar los fundamentos de los procesamientos y los pedidos de nulidad formulados.
En paralelo, este miércoles se realizó el sorteo para cubrir la vacante del Juzgado Federal N° 11. El juez federal Ariel Lijo resultó designado para hacerse cargo del despacho, donde tramitan otras causas de alto impacto político como “Andis”, “Guardapolvos” y los expedientes conexos a “Cuadernos”. Lijo asumirá el control de la instrucción de “Seguros” con planteos pendientes de tratamiento en la Casación Federal.
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