El tablero de Comodoro Py sufrirá esta semana un movimiento de fichas que agrega incertidumbre a dos de las causas más sensibles para la política y el empresariado argentino. El juez federal Sebastián Casanello decidió no continuar al frente del Juzgado Federal Nº 11, vacante desde el fallecimiento de Claudio Bonadio, y solicitó formalmente no renovar su subrogancia.
La Cámara Federal aceptó el pedido y, a través de una resolución firmada este lunes por su titular, el juez Leopoldo Bruglia, convocó a un sorteo para designar a su reemplazante. El bolillero girará este miércoles 11 de febrero a las 11 horas y el magistrado que resulte elegido asumirá el control del despacho —y de todos sus expedientes— a partir del jueves 12.
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La salida de Casanello, que se concreta tras cumplir un año de interinato, expone como nunca la crisis de vacantes y la sobrecarga que enfrentan los jueces federales. De hecho, su paso al costado coincide con una situación límite: desde el 2 de febrero, Casanello —titular del Juzgado Federal Nº 7— también está a cargo de la subrogancia del Juzgado Federal N° 4, cubriendo la licencia de su colega Ariel Lijo. Es decir, durante estos días, un solo magistrado tuvo bajo su firma las decisiones de tres juzgados federales simultáneamente (el 7, el 11 y el 4).
Una despedida con “mano dura”
La despedida de Casanello del Juzgado 11 incluyó una batería de resoluciones de alto voltaje político firmadas en las últimas horas, siguiendo una secuencia precisa para “limpiar” el escritorio de situaciones procesales pendientes.
El primer golpe de la lapicera apuntó a la gestión actual. Casanello procesó a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y a otros 18 imputados por el delito de administración fraudulenta. El juez dio por probado un esquema de direccionamiento y “retornos” en la contratación de droguerías y prestadores, dejando al borde del juicio oral a la cúpula del organismo y a una extensa lista de empresarios y facilitadores involucrados.
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A continuación, el magistrado avanzó con la llamada “Causa Guardapolvos”. En este expediente, procesó a ex funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la gestión de Alberto Fernández y a directivos de cooperativas por la presunta defraudación al Estado en la compra de indumentaria escolar.
Finalmente, en lo que fue su último acto de relevancia antes de oficializar su salida, Casanello procesó al ex ministro de Planificación Julio De Vido y a su esposa, Alessandra Minnicelli, por enriquecimiento ilícito. Esta medida, que cierra años de investigación sobre el patrimonio del matrimonio, incluyó un embargo millonario al considerar que no pudieron justificar sus ingresos.
Incertidumbre para Alberto Fernández
El impacto político más fuerte de esta rotación recae sobre la Causa Seguros, que investiga la presunta defraudación al Estado y tiene como principal imputado al ex presidente Alberto Fernández. El expediente tendrá ahora su tercer juez en poco más de un año, un derrotero sinuoso que complica la continuidad procesal.
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La investigación nació bajo la órbita de Julián Ercolini, quien realizó las primeras medidas de prueba y los allanamientos hasta que fue apartado y la causa fue a sorteo. En febrero de 2025, el expediente recayó en el Juzgado 11, subrogado por Casanello. Fue él quien imprimió velocidad a la causa y, el 10 de julio de 2025, firmó una resolución de alto impacto: dictó el procesamiento de Alberto Fernández por administración fraudulenta, considerando que existió un esquema de direccionamiento en la contratación de seguros del Banco Nación.
Con la salida de Casanello, el nuevo magistrado —que saldrá del sorteo del miércoles— deberá tomar las riendas. Recibirá una causa avanzada pero con incidentes pendientes, justo cuando la defensa del ex mandatario intenta revertir su situación judicial en las instancias superiores.
Efecto colateral en los Cuadernos
La rotación también afectará a la Causa Cuadernos. Específicamente, el cambio de firma llega justo cuando el fiscal Carlos Stornelli acaba de solicitar la elevación a juicio oral del tramo que investiga el lavado de dinero de Daniel Muñoz, el fallecido ex secretario privado de Néstor Kirchner.
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Quien asuma el jueves la titularidad del juzgado será el responsable de resolver ese requerimiento y decidir si envía a los acusados (el entorno de Muñoz y sus testaferros) al banquillo, una definición que podría dilatarse por la necesaria interiorización del nuevo magistrado en el voluminoso expediente.
La crisis de las vacantes
El caso del Juzgado 11 es el ejemplo más gráfico de un problema estructural: cerca del 30% de los cargos en el Poder Judicial no tienen titular. El Gobierno nacional y el Consejo de la Magistratura miran con preocupación este mapa y buscan acelerar los tiempos.
Tal como adelantó Infobae, el Consejo reactivará su maquinaria en las próximas semanas con un objetivo puntual: definir las ternas para 157 vacantes que se encuentran en distintas etapas de concurso. La apuesta de la Casa Rosada es que, a partir del 1° de marzo con el inicio de las sesiones ordinarias, se logre destrabar en el Senado el tratamiento de los pliegos para nombrar jueces definitivos. Mientras tanto, Comodoro Py sigue funcionando con un sistema de “parches” que, como demuestra la renuncia de Casanello a la subrogancia, está al límite de su capacidad operativa.
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