La defensa de los supuestos testaferros y propietarios de la casaquinta de Pilar valuada en 17 millones de dólares y de un lote de autos de alta gama cotizado en otros cuatro millones, entre otras propiedades sospechadas de pertenecer a dirigentes de la AFA, reclamó que la investigación se frene durante la feria judicial de enero, en el juzgado en lo penal económico 10, a cargo del juez Marcelo Aguinsky.
Luciano Pantano y su madre Ana Conte, a través de su abogado Mariano Morán, rechazaron la decisión de Aguinsky, quien habilitó a fines de diciembre la feria judicial para seguir adelante con medidas de prueba que considera urgentes para el expediente. El magistrado denegó el planteo y ahora el conflicto escaló hasta la Cámara Nacional en lo Penal Económico, que ya tiene el expediente y tendrá la última palabra, confirmaron a Infobae fuentes judiciales.
El conflicto
El abogado justificó el reclamo en los estrictos motivos que autorizan a trabajar en feria: medidas urgentes o situaciones con detenidos, por ejemplo. En este caso, analizó, no se presenta ninguna razón.
Aguinsky no estuvo de acuerdo. En anteriores resoluciones ya había advertido que en materia de delitos económicos “la primera actuación del juez debe estar dirigida a impedir la prosecución de los efectos del delito que se trate” y en este marco entendió que las pruebas son urgentes para hacer cesar el supuesto delito.
La investigación apunta a presunta administración fraudulenta en perjuicio de la AFA por parte de algunos de sus dirigentes como delito que precedió al posterior lavado de dinero que se sospecha se cometió con la adquisición de propiedades y otros bienes a nombre de testaferros, en este caso Pantano, monotributista y su madre Conte, jubilada. Según informes de la causa ninguno de los dos podría justificar cómo una sociedad que integran compró todos los bienes.
Por eso el juez entendió que hay urgencia en que avancen las pruebas ya ordenadas y otras nuevas que se dispondrán en cuanto otro tribunal de apelaciones, la Cámara Federal de San Martín, resuelva si sigue al frente del expediente o debe pasarlo al juez federal de Campana Adrián González Charvay.
Este último magistrado reclamó la inhibitoria de Aguinsky por cuestión de territorio, debido a que las propiedades bajo la lupa están en Pilar, dentro de su jurisdicción. Esto también fue a pedido de la defensa de Pantano.
La Cámara en lo Penal Económico está integrada en la actualidad por sólo dos jueces titulares y tiene cuatro vacantes. Por eso en épocas de receso suele completarse con magistrados de la Cámara Federal porteña.
En este caso, resolverán la camarista Carolina Robiglio, de penal económico y Leopoldo Bruglia, integrante de la sala I de la Cámara Federal con sede en Comodoro Py. El expediente ingresó hace varios días al Tribunal de Apelaciones. Ambos tendrán que resolver si ordenan a Aguinsky dejar de producir medidas en la causa hasta febrero, cuando retome la actividad judicial.
La prueba
En la causa el juez ya encontró prueba vinculada al pago de peajes para los vehículos hallados en la casaquinta. Todo se abonó con una tarjeta American Express de Luciano Pantano, cuyo resumen de cuenta llega a la AFA. Para el magistrado el plástico pertenece a una cuenta corporativa de la Asociación de Fútbol Argentino, en Viamonte 1366 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tuvo un consumo promedio de 50 millones de pesos por mes entre enero y diciembre de 2025.
“Esos gastos deben ser investigados para corroborar si están o no vinculados con el predio de Villa Rosa, Pilar y para que, en caso de tratarse de un delito en curso, cesen sus efectos en forma inmediata”, ejemplificó en una anterior resolución al referirse a la urgencia de las medidas de prueba en el caso.