Luciano Pantano y su madre Ana Conte, integrantes de la sociedad Real Central SRL, propietaria de una lujosa casaquinta en Villa Rosa, Pilar y de dos casas en un barrio privado en ese mismo partido bonaerense, tendrán que explicar de manera presencial o por escrito el próximo lunes 29 de diciembre cómo adquirieron estos bienes, sospechados de pertenecer en realidad a dirigentes de la AFA.
El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky reprogramó para ese día la convocatoria a ambos imputados. Una vez concretada la presentación de los descargos, se evaluará si se ordenan nuevas medidas de prueba en la investigación, que podría seguir activa incluso en la feria judicial de enero próximo, anticiparon a Infobae fuentes judiciales.
El lunes de la semana pasada, cuando quedó a cargo de la causa, Aguinsky dio cinco días a Pantano y su madre para presentarse, pero luego fijó como fecha el lunes 29, con el objetivo de dar tiempo de acceso al expediente a la defensa de ambos.
En la investigación, todo apunta a determinar quiénes en los hechos sostienen los gastos y usan el inmueble de Villa Rosa que figura a nombre de Real Central SRL, integrada por Pantano y Conte y de las casas en Ayres del Pilar, cuyas expensas ya se determinó son pagadas en efectivo en una sucursal bancaria.
Al respecto, el juez ya obtuvo información vinculada a los telepases de muchos de los 54 vehículos de alta gama encontrados en un galpón en la quinta de Villa Rosa: se pagaban con una sola tarjeta de crédito y ahora la investigación se encamina a establecer de dónde provenían los fondos para abonar el resumen de ese plástico.
En el caso ya se determinó que un helipuerto emplazado en la casaquinta estuvo activo y se ordenaron medidas para identificar qué helicópteros aterrizaron y quienes fueron los pasajeros.
También se recibieron informes de empresas de Internet, cable y telefonía celular, con abonos vinculados a las propiedades. Tanto a Pantano como a su madre se les prohibió salir del país y se inhibieron sus bienes. Estas medidas fueron tomadas por el anterior juez del caso, el federal porteño Daniel Rafecas, quien allanó la mansión de Pilar y el barrio privado el viernes 12 de diciembre.
La denuncia
De acuerdo con la denuncia que presentó la Coalición Cívica, la quinta de Pilar tiene también pista de entrenamiento para equinos y un haras con caballos árabes y pura sangre.
Pantano fue presidente de la Asociación Argentina de Futsal y ocupó un cargo en la tesorería del Club Almirante Brown. Es monotributista y al momento de la denuncia tenía una deuda bancaria de poco más de 2.000.000 de pesos, según consta en la causa.
Su madre es jubilada y trabajadora autónoma. Incluso durante la pandemia cobró el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por la ANSES.
Pantano, además, tuvo desde 2021 la mitad de las acciones de una empresa llamada “Central Parks Drinks S.R.L.”, de poca actividad y con un capital social de apenas 300.000 pesos. El 16 de mayo de 2024 la rebautizaron como “Real Central S.R.L.”, y su capital se incrementó a 58.000.000 de pesos.
Con esa reestructuración, el ex dirigente futbolístico también le cedió su 50% de la empresa a su madre, que se convirtió en la accionista mayoritaria de la sociedad.
Dos semanas después la empresa compró el predio de 105.000 hectáreas donde está la mansión, según la denuncia.
Con este panorama es que la Coalición Cívica denunció “la posible utilización de la sociedad como pantalla para bienes de terceros”, que “permiten inferir la posible comisión del delito de lavado de activos mediante la ocultación y disimulación del origen de bienes de alto valor económico”.
La investigación estuvo hasta el viernes 12 de diciembre a cargo del juez Rafecas, quien dispuso las primeras medidas de prueba. La Cámara Federal resolvió un planteo de incompetencia presentado por el propio magistrado y dispuso que la denuncia por supuesto lavado de activos debía pasar al fuero penal económico.