La detenida ex presidenta Cristina Kirchner apeló hoy ante la Cámara Federal de Casación las nuevas restricciones impuestas a sus visitas y también el decomiso de sus bienes.
Se trata de resoluciones del Tribunal Oral Federal 2, que la condenó a seis años de prisión en la causa Vialidad y que impuso límites a las visitas en su arresto domiciliario luego de una reunión con 9 economistas.
El abogado de la ex presidenta, Carlos Beraldi, presentó dos recursos ante el Tribunal para llegar a Casación.
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En uno cuestiona la decisión del TOF2 que impuso la prohibición de recibir visitas ajenas a su núcleo cercano por más de dos horas.
También la obligación de pedir "autorización individual, expresa y previa, acompañando una motivación concreta y detallada de la necesidad del ingreso, como así también la fecha y hora en la que se prevé su realización”, determinó el juez del TOF2 Jorge Gorini.
Además, la presentación de la defensa de la ex mandataria señaló que la decisión del tribunal es “arbitraria, infundada y contradictoria”. Remarcó que antes del 19 de noviembre no existía una regla sobre la cantidad de visitante y que todas las visitas estaban autorizadas.
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Justamente, todo comenzó cuando nueve economistas visitaron a CFK en su domicilio. Según el planteo presentado por la defensa, “estaban incluidas en una nómina ya presentada y autorizada; el Tribunal había aprobado en múltiples ocasiones visitas grupales previas (6 y 7 personas) sin ningún reproche”.
Señalaron que el encuentro no rompió con las reglas que el tribunal había interpuesto sobre “no alterar la tranquilidad del barrio” y que los organismos de control “informaron durante meses que Cristina Fernández cumplió estrictamente con todas sus obliga”.
Ante esto, la defensa recurrió ahora al máximo tribunal penal federal del país, que una vez que reciba el recurso fijará fecha de audiencia.
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De manera paralela, la defensa apeló el decomiso de 20 propiedades resuelto por el Tribunal.
La ex presidenta está condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta y cumple arresto domiciliario con tobillera electrónica.
Falta de prudencia
Cuando se concedió la prisión domiciliaria, se impusieron a la ex presidenta normas sobre las visitas.
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Fue el 17 de junio pasado: no debe adoptar comportamientos que perturben la tranquilidad del barrio y tiene que informa al Tribunal sobre el acceso de toda persona no incluída en el listado ya aprobado.
En la resolución que ahora cuestiona Cristina Kirchner se recordó que en septiembre se hizo el primer control de las condiciones de detención y se ratificaron esas reglas.
Pero el 17 de noviembre. la ex presidenta difundió desde su cuenta en X una reunión con un grupo de economistas que, según indicó, representaban a “más de ochenta profesionales” y le habían presentado un documento de unas cuatrocientas páginas.
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El tribunal verificó que todas las personas que participaron del encuentro estaban incluidas en la nómina presentada el 12 de noviembre, pero remarcó que jamás se pidió autorización para que ingresaran en forma simultánea.
“La visita de las nueve personas que ingresaron al domicilio no había sido solicitada para que todas ellas concurrieran de manera simultánea, ni tampoco para participar de un encuentro colectivo”, apuntó Gorini.
Lo ocurrido “excede los términos de la autorización requerida, así como el sentido común que subyace a la regla oportunamente impuesta”.
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Horas después, la ex jefa de Estado hizo un descargo a través de su cuenta de X, afirmando que el verdadero motivo de las restricciones obedeció a la temática del encuentro, que versaba sobre alternativas al plan económico del actual gobierno.
El fallo cuestiona además el modo en que la propia condenada difundió la reunión: “La reunión realizada, en los términos en que fue difundida por la propia involucrada, no sólo demuestra falta de prudencia sino que, además, desconoce la naturaleza punitiva de la prisión domiciliaria y desvirtúa los fines que inspiran esta modalidad”.
Un encuentro de tal magnitud “no se compadece con la lógica de restricción que caracteriza este régimen excepcional”.
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El tribunal recordó que el régimen en establecimientos penitenciarios prevé una visita semanal de dos horas y señaló que el esquema que rige para la ex presidenta ya era “suficientemente garantizador” respecto de los derechos básicos.
A raíz de ello, justificó las nuevas restricciones impuestas, que ahora fueron apeladas ante Casación.
Se reclama que se libere su régimen de visitas. Si el recurso es concedido, será examinado por la Sala IV de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña.
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