Otros dos imputados en la causa ANDIS pasaron este martes por los tribunales federales de Comodoro Py 2002 y, al igual que la mayoría de los involucrados, se negaron a declarar. Se trata de Luciana Ferrari y Federico Maximiliano Santich, dos personas que desde la industria de las droguerías y laboratorios tenían acceso directo al sistema de compras del organismo, y habrían estado en el centro de las maniobras de corrupción.
Ferrari es neuróloga, había sido funcionaria de la Agencia Nacional de Discapacidad y luego pasó a trabajar en el laboratorio Roche. Fue despedida de la empresa cuando el juez Sebastián Casanello la llamó a indagatoria.
La médica imputada llegó cerca de las 11 al Juzgado, escoltada por sus dos abogados. Una vez dentro le leyeron la acusación en su contra. Salió una hora y media más tarde, con lágrimas en los ojos, y rechazó responder preguntas de Infobae. Su defensa se limitó a contestar que preparan un descargo escrito para empezar a dar su versión de los hechos próximamente.
Luciana Ferrari estuvo de los dos lados del mostrador. Desempeñó el cargo de directora de Prestaciones Médicas de ANDIS entre 2018 y 2019. Tuvo un primer paso por la multinacional Roche en 2020 que no duró mucho y luego volvió a trabajar allí en junio de 2021, hasta que la echaron el mes pasado.
Ante la consulta de este medio, desde el laboratorio indicaron que la médica “tenía a su cargo el vínculo entre Roche y las obras sociales para abastecer de medicamentos a la división Farmacia”. El fiscal Picardi, por otra parte, la definió como “la operadora externa de Pablo Atchabahian en la ANDIS”.
Atchabahian también había sido funcionario y jefe de Ferrari en la Agencia. Hoy es señalado por la acusación como uno de los dos “jefes paraestatales” del organismo, junto a Miguel Ángel Calvete. Ambos están detenidos; el primero con preventiva y el segundo por una causa paralela en la que lo condenaron por proxeneta.
De acuerdo con los elementos recolectados por la Fiscalía, Ferrari gestionó y agrupó pedidos de medicamentos en el sistema informático SIIPFIS, la plataforma utilizada para las licitaciones.
Para lograr esto, Daniel María Garbellini, ex director de Acceso a los Servicios de Salud, le facilitó un usuario y una contraseña pertenecientes a otro empleado del organismo. De esta manera, ella accedió a información privilegiada, operó el sistema de compras desde afuera de la institución e intercambió información sobre auditorías y adjudicaciones.
En el expediente hay conversaciones en las que Atchabahian solicitó a Garbellini una “ayuda” para Ferrari en retribución por “su compromiso”.
En uno de los mensajes recuperados de su teléfono, la neuróloga manifestó su preocupación por la posibilidad de que el laboratorio Roche descubriera lo que estaba haciendo. Esto, para el fiscal Picardi, es un indicio de que Ferrari respondía puntualmente a los intereses privados que confluían en Atachabahian.
Santich y las droguerías beneficiadas
Pasado el mediodía llegó el turno de la indagatoria de Federico Maximiliano Santich, gerente y accionista de la droguería Profusión y hombre detrás de Profarma, otra de las empresas beneficiadas por el presunto direccionamiento en la compra de medicamentos.
Durante uno de los allanamientos realizados en esta última droguería, las autoridades encontraron a Santich en el edificio, lo que reforzó la hipótesis sobre su participación activa en el manejo comercial de la compañía, pese a que su nombre no está en los papeles.
El dueño de la droguería Profusión se negó a declarar ante el juez Casanello y el fiscal Picardi. Su defensa adelantó que prevén presentar un escrito dentro de los próximos diez días.
Al igual que ocurrió con Ferrari, se detectó que este empresario accedió al sistema interno de la ANDIS de manera irregular. En su caso, utilizó el usuario y la clave de Lorena Di Giorno, una funcionaria que también está imputada en la causa y que respondía a las órdenes de Miguel Ángel Calvete.
La investigación reveló que Santich mantuvo comunicaciones fluidas con Calvete. En esos intercambios, el empresario solicitó listas de precios de referencia para los medicamentos que el Estado debía adquirir. Además, coordinó con su interlocutor el envío de ofertas en las compulsas de precios. El objetivo de estas acciones consistió en asegurar que las adjudicaciones millonarias recayeran en un grupo reducido de firmas, en detrimento de la competencia y del erario público.
El análisis de los teléfonos secuestrados reveló además que Santich recibió archivos de Excel con valores de fármacos y mantuvo conversaciones sobre la necesidad de ajustar las cotizaciones para ganar las licitaciones.
El fiscal Picardi sospecha que estas maniobras formaron parte de un plan sistemático para simular competencia en procesos de compra que, en realidad, estaban direccionados de antemano.