Alberto Fernández visitó a Julio De Vido en la cárcel de Ezeiza

El ex presidente de la Nación se presentó solo para una cita común con el ex ministro de Planificación Federal, preso por la Tragedia de Once

Alberto Fernández y Julio De Vido se reunieron en la cárcel de Ezeiza

El ex presidente de la Nación Alberto Fernández visitó este martes en la cárcel de Ezeiza a Julio Miguel De Vido, ex ministro de Planificación Federal preso por su condena en el segundo juicio de la Tragedia de Once.

Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, De Vido autorizó al ex jefe de Estado a ingresar al Complejo Penitenciario Federal I para “conversar sobre los distintos casos que se le siguen en el fuero federal”, por ejemplo, las causas que tiene ya en instancia de juicio como “Cuadernos” y “Odebrecht”, también conocido como el “Lava Jato argentino”, ambos ante el Tribunal Oral Federal N° 7.

El exministro de Néstor Kirchner y Cristina Fernández también está cerca de conocer el veredicto del caso “Skanska”, por el que el fiscal general Abel Córdoba ya pidió condenarlo a 5 años de prisión.

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En el interín del trámite para concretar la visita fue necesario aclarar ante las autoridades penitenciarias y judiciales que Fernández no se constituiría -al menos por ahora- en defensor de De Vido.

Los representantes legales del ex ministro de Planificación son Maximiliano Rusconi, Gabriel Palmiero y su esposa Alessandra Minnicelli. Fuentes judiciales confirmaron que no hubo ninguna comunicación oficial en tribunales sobre algún cambio en la defensa.

Desde el entorno de De Vido se pronunciaron en el mismo sentido: “Lo fue a ver en carácter personal”, respondieron ante la consulta este medio.

Julio De Vido, en el ingreso a Comodoro Py para quedar detenido por la Tragedia de Once

Alberto Fernández compartió Gabinete con Julio De Vido durante los primeros cinco años del kirchnerismo, el primero como jefe de ministros y el segundo al frente de la poderosa cartera de Planificación Federal.

De Vido, preso en cárcel común

El Tribunal Oral Federal N° 4 de la Ciudad de Buenos Aires confirmó la semana pasada que el exministro deberá cumplir, al menos por ahora, su condena cuatro años de prisión por administración fraudulenta con arresto efectivo.

La defensa había solicitado la prisión domiciliaria argumentando razones humanitarias vinculadas a la edad avanzada del condenado y a sus patologías crónicas.

Según los letrados, la permanencia de su asistido en el Hospital Penitenciario Central (HPC) de Ezeiza generaba un peligro real y actual para su vida y salud, lo que, a su entender, configuraba un trato inhumano o degradante.

Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. Foto: Nicolás Stulberg

El Ministerio Público Fiscal rechazó el reclamo al entender que “no surge de la documentación aportada que el condenado se encuentre ‘gravemente enfermo’, ni que la continuidad de la ejecución ‘pusiere en peligro su vida’”.

Los jueces Ricardo Ángel Basilico, Fernando Canero y Néstor Guillermo Costabel, resolvieron que de momento no se verificaban elementos médicos que justifiquen esta medida excepcional, y que había controles y atenciones sanitarias adecuadas dentro del ámbito penitenciario para tratar sus problemas de salud.

Luego de quedar detenido, un informe del HPC confirmó que De Vido tiene antecedentes de hipertensión arterial, arritmia cardíaca, diabetes insulinodependiente y asma bronquial, y que recibía medicación crónica para dichas patologías.

Por su parte, el área de Diabetología del hospital penitenciario indicó que “presenta diagnóstico de diabetes tipo 2 desde los 48 años en tratamiento actualmente con Insulina glargina 20 UI y dieta Nº 3 sin Sal”.

Sin embargo, todavía está pendiente una evaluación del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia que podría dar nuevas conclusiones sobre la situación clínica de De Vido y modificar así la posición del TOF N° 4.

Este año, el exministro también fue declarado culpable en primera instancia por irregularidades en la adquisición de 11 buques de gas natural licuado (GNL) entre 2008 y 2009. En ese juicio recibió una condena de cuatro años de prisión.

En 2022 ya había sido sentenciado, también a cuatro años, por la compra de “trenes chatarra” a España y Portugal durante el gobierno de Néstor Kirchner.

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