Un juez que liberó a un condenado por homicidio y abuso sexual podría ascender a la Casación Penal

La cobertura de tres cargos vacantes en el Cámara Federal de Casación, el tribunal penal de mayor jerarquía en el país, se vio envuelta en una polémica discusión en torno a uno de sus candidatos. El juez de Morón, Fernando Bellido, apareció en la sexta posición del orden de mérito elaborado por el Consejo de la Magistratura para cubrir los cargos disponibles.

Con la irrupción de su nombre, sin embargo, reapareció un controvertido antecedente que lo tiene como protagonista, a raíz de la liberación de un hombre que estaba condenado a 18 años de prisión, por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa, robo agravado y abuso sexual. Luego de recibir el beneficio, el delincuente asesinó a puñaladas a una joven, a la que previamente había intentado abusar.

La víctima de aquel femicidio fue Nadia Arrieta, una joven de 31 años asesinada el 1° de marzo de 2018. Su victimario fue Néstor Maximiliano Montiel (38), un convicto condenado a 18 años de cárcel por ‘tentativa de homicidio, abuso sexual, robo y privación de la libertad agravada’ cometido el 5 de octubre del 2001.

La joven se encontraba trabajando en una regalería que tenía en sociedad con su madre. La Justicia determinó en aquel caso que el femicida se presentó en el comercio, ingresó y trató de violarla, cuando la mujer se defendió la degolló.

Montiel había sido beneficiado por un fallo que llevó la firma de Bellido, integrante de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Morón, hoy postulante al máximo tribunal penal del país.

Luego del dramático desenlace que sufrió la joven Nadia Arrieta, su madre, Beatriz, contó que el magistrado se comunicó con ella para pedirle disculpas por su actuación. “Usted no sabe cuánto lo lamento y lo mal que me siento todas las noches cuando me voy a dormir”, relató la mamá de la víctima. “¿Cómo puedo estar yo?”, asegura haberle respondido ante semejante afirmación.

Competencia en Casación

La Cámara de Casación Penal es el tribunal de mayor jerarquía del país, encargado de revisar todas las decisiones de jueces en primera instancia en hechos de corrupción política, esto es, allí se resuelven procesamientos, detenciones, condenas y absoluciones de las causas de corrupción para políticos y empresarios.

Las vacantes en tres de sus juzgados se abrieron a partir de la salida de los jueces Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Ana María Figueroa.

Para ocupar sus lugares se presentaron al llamado a concurso que realizó el Consejo de la Magistratura numerosos postulantes, de los que surgió un orden de mérito con 43 magistrado de distinto origen.

La primera en la lista, tanto por su rendimiento en el examen como por sus antecedentes, fue la jueza Gabriela López Iñiguez, del Tribunal Oral Federal 8 de Comodoro Py. Obtuvo 166,75 puntos (80 del examen escrito y 86,75 por sus antecedentes académicos y laborales).

El segundo lugar fue para José Michilini, magistrado del Tribunal Oral Federal 1 de Comodoro Py con 165,95 puntos (70 del examen escrito y 95,95 de antecedentes). El fiscal de instrucción Leonel Gómez Barbella -quien fue fiscal subrogante en Comodoro Py- tuvo el tercer lugar con 154,5 puntos (70 del examen y 84,5 de antecedentes). En cuarto lugar, quedó Fernando Machado Pelloni, juez del Tribunal Oral Federal 3 de Comodoro Py, con 153,9 puntos (60 del examen y 93,9 de antecedentes). Y el quinto lugar fue para el académico Marcelo Ferrante con 152 puntos (55 del examen y 97 de antecedentes).

Bien posicionados del sexto al décimo lugar, aparecen Bellido, luego el secretario General del Consejo de la Magistratura Mariano Pérez Roller, el juez Penal Económico Diego Amarante, el magistrado de San Martín Nicolás Schiavo y la jueza de Ejecución Penal Jimena Monsalve, quien fue secretaria de Casación Federal.

El trabajo en el Consejo de la Magistratura aún tiene por delante varias etapas. Luego, los pliegos deberán ser remitidos al Poder Ejecutivo y será el presidente Javier Milei quien envíe a los seleccionados para su aprobación final en el Congreso.