Cuadernos: Ángelo Calcaterra quedó afuera del juicio oral y su caso será revisado por la justicia electoral

Inesperadamente, Ángelo Calcaterra, el primo del ex presidente Mauricio Macri, se convirtió en el primer empresario arrepentido en la causa de los cuadernos en conseguir salir del futuro juicio oral por el pago de esas coimas por una decisión de la Cámara Federal de Casación Penal. La decisión alcanzó también a su principal colaborador, Javier Sánchez Caballero, que estuvo detenido en esta causa. Casación tiene un rol clave: no solo le abrió la puerta a otros tres hombres de negocios que fueron imputados-colaboradores y pidieron lo mismo. También, en dos fallos distintos, instó al Tribunal Oral Federal 7 a acelerar el juicio oral en donde está acusada la ex presidenta Cristina Kirchner y hombres de su gobierno.

“Advertimos que los datos señalados, de cuyo análisis prescindió el tribunal oral, no se contraponen con las versiones de Ángel Jorge Antonio Calcaterra y Héctor Javier Sánchez Caballero al señalar que los pagos atribuidos habrían tenido como motivación financiar las campañas electorales del partido político Frente para la Victoria de los años 2013 y 2015″, dijo el juez Daniel Petrone, acompañado por sus colegas Diego Barroetevaña y Carlos Mahiques, en un fallo al que accedió Infobae.

Para Casación, “no resulta aislado el dato, ya comprobado” que las fechas en que se concretaron las entregas de dinero atribuidas a los imputados “son coetáneas a las campañas electorales de las elecciones llevadas a cabo en los años 2013 y 2015″. Y afirmó que el Tribunal Oral “nada dijo acerca de la información aportada por la parte recurrente vinculada a que sus defendidos, a través de la empresa Creaurban SA, realizaron aportes para la campaña de elecciones presidenciales del año 2007 en favor de Frente para la Victoria. Ese dato resulta de interés por cuanto, tal como alega la defensa, indicaría que el aporte de dinero a una campaña electoral no era un hecho novedoso para sus defendidos”.

El fiscal Ramiro González y la jueza María Servini, con competencia electoral, habían reclamado que el caso de Calcaterra-Sánchez Caballero debían tramitado en su fuero. “En el fuero penal frente a situaciones similares se dispuso la competencia de la justicia electoral para entender en estos hechos considerados como aportes a las campañas electorales y más allá de encontrarse la situación de Calcaterra y Sánchez Caballero en una etapa del proceso penal más avanzada […] la dinámica de los hechos no puede analizarse de manera distinta ya que ello vulneraría el trámite de la especialidad del fuero electoral”, se señaló. “Teniendo en cuenta que los hechos traídos a estudio se refieren a la declaración por parte de los imputados de aportes privados con los que se habría financiado una campaña electoral, el control de legalidad de dichos actos se encuentra a cargo de esa jurisdicción especializada”. Fue el puntapié inicial de esta decisión.

Calcaterra podría no ser el único beneficiado por este criterio. Aunque habrá que esperar su decisión, ayer Casación le dio luz verde a los planteos de incompetencia que habían hecho los empresarios Hugo Dragonetti, Jorge Balán y Armando Loson. Los tres habían declarado como imputados-colaboradores cuando comenzó el caso. Loson, además, impulsó otra causa en donde denunció irregularidades en las anotaciones de los cuadernos de Oscar Centeno en los hechos donde aparecía mencionado, causa en la que el juez Marcelo Martínez De Giorgi procesó al amigo del remisero, Jorge Bacigalupo, que tuvo los anotadores en su poder.

La fiscalía o las partes querellantes podrían apelar ahora la decisión para que sea revisada por la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, por lo pronto, en el fuero electoral, a esta altura, el caso podría estar prescripto, señalaron a Infobae fuentes que conocen la causa.

La decisión de Casación se conoció este miércoles, a última hora de la tarde, previo a un fin de semana largo. Se dio en el marco de otra catarata de resoluciones luego de un largo período de silencio en el expediente. A fines de mayo, la fiscal Fabiana León denunció al tribunal oral por retardo de justicia en dos de los expedientes que conforman la megacausa Cuadernos, que nació con las anotaciones del remisero Oscar Centeno pero a la que se le sumaron otros expedientes conexos -algunos existentes, otros que nacieron de los propios dichos de los arrepentidos-. En dos resoluciones paralelas, la Sala I y la Sala IV del máximo tribunal instaron a los jueces del Tribunal Oral a avanzar con el juicio oral. Fue elevado por el juez Claudio Bonadio a fines de 2019 y aún no tiene fecha de juicio.

En la cuenta regresiva para que, en un mes y diez días se cumpla el sexto aniversario de que aquel escándalo se hiciera público con allanamientos, detenciones y cataratas de arrepentidos, la fiscal León apuraba que el caso llegara a juicio oral con todos los implicados en el banquillo: desde Cristina Kirchner y sus funcionarios hasta los principales hombres de negocio que aceptaron declarar como imputados-colaboradores y detallar los pagos que habían hecho en los viajes que encabezaba el ex número 2 de Planificación, Roberto Baratta. Esos viajes quedaron detallados en los cuadernos de su chofer Oscar Centeno y que dieron origen a este expediente.

Con el impacto del caso, la causa sumó detenciones y arrepentimientos. El primero fue el propio Oscar Centeno. Después optó por ese camino uno de los empresarios, Juan Goicochea, sobre los que pesaba orden de captura. Llegó de vacaciones a Buenos Aires, luego de esquiar. Sabía que iban a detenerlo. Antes de ir preso, también prefirió el acuerdo con la fiscalía. Así se abrió un efecto dominó que continuó durante semanas, con ex funcionarios y hombres de negocios desfilando entre la alcaidía, la fiscalía y el juzgado.

Hasta el primo de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, estuvo a punto de ir preso cuando su principal mano derecha Javier Sánchez Caballero, CEO de IECSA, fue detenido “Tuvimos desde el inicio del Gobierno del doctor Néstor Kirchner un contexto desfavorable hacia nuestro grupo empresarial en general y hacia la empresa IECSA en particular. Como ejemplo, puede indicar que en ocasión de una reunión empresarial en Venezuela (Néstor) Kirchner encontrándose junto al entonces presidente (Hugo) Chávez le pidió a Calcaterra que se acercara y cuando lo hizo el primero le manifestó a Chávez que era el primo de su mayor oponente político (...) El señor Baratta comenzó exigirle a Angelo Calcaterra que pusiera dinero para las campañas. Con el tiempo, la exigencia se fue haciendo más fuerte y en un momento se cedió a la presión entregando dinero”, declaró en aquel momento.

“Abocados al análisis de la cuestión que nos llega a partir del recurso de casación interpuesto por la defensa particular de Ángel Jorge Antonio Calcaterra y Héctor Javier Sánchez Caballero, anticipamos que asiste razón a esa parte y consideramos que la señora jueza con competencia electoral es quien debe continuar la investigación respecto a los hechos imputados -dijo Casación-. Advertimos, tal como asevera la parte recurrente, la ausencia de tratamiento o valoración a lo pretendido por la defensa de Calcaterra y Sánchez Caballero, quienes, desde la presentación del primero de los nombrados como imputado colaborador señalaron reiteradamente, y de manera consistente, que el destino de los fondos señalados era el de aportes de las campañas de los años 2013 y 2015 para el partido político Frente para la Victoria”.

Y se añadió: “Calcaterra se presentó espontáneamente en el proceso como imputado colaborador y, en ese marco, reconoció ciertas entregas de dinero, señalando expresamente su causa y destino. No es un dato menor que, tal como plantea el recurrente, el destino de los fondos -los aportes de campaña- fueron un hecho introducido de manera voluntaria por Calcaterra quien se presentó al inicio del proceso ante el Juzgado Criminal y Correccional N° 11 del fuero cuando aún no había sido citado ni nombrado”

Con este antecedente se descuenta que son varios los empresarios que insistirán que su caso se analice a la luz del momento en que hicieron sus entregas de dinero. Por lo pronto, tres ya consiguieron que Casación les abriera la queja.

En el mientras tanto, Casación -ante el planteo de la fiscal- resolvió en dos fallos simultáneos que el Tribunal Oral Federal apure el juicio oral sin dilaciones. “Se trata –muy probablemente– de la mayor causa de corrupción que, en la historia de la República Argentina, haya sido sometida a la jurisdicción de un Tribunal”, dijo el juez Claudio Bonadio que instruyó la causa en aquel momento. “Se pudo establecer que desde las más altas esferas de la Nación, se sentaron las bases para una matriz de corrupción, que se instauró durante el régimen presidencial de Néstor Carlos Kirchner (2003-2007), y se mantuvo durante los dos períodos presidenciales de Cristina Elisabet Fernández (2007-2015). Más de doce años de corrupción e impunidad, sin solución de continuidad, en el máximo nivel estatal”.