Avanza el juicio por extradición contra el ciudadano ruso que tiene orden de captura en Ucrania

Con un pedido para obtener mayor información de las autoridades ucranianas, el titular del Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora N°2, Ernesto Kreplak, le dio impulso al juicio por extradición contra el ciudadano ruso Igor Churkin, de 29 años, quien cuenta con un pedido de captura emitido por el Tribunal Distrital con sede en Lviv, Ucrania, a raíz de una investigación penal que lo imputa de haber realizado una “falsa denuncia” contra funcionarios de un banco estatal por “motivos mercenarios”.

Churkin, con trámite de ciudadanía argentina en proceso, vive en el barrio porteño de Palermo desde agosto del año pasado. El 30 de enero de este año fue noticia tras haber quedado detenido por un día en las dependencias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Esa mañana regresó de la ciudad alemana de Frankfurt en un vuelo de Lufthansa junto a su esposa ucraniana Anna y sus dos hijas, y al pasar por el control fronterizo se vio imposibilitado de ingresar al país, ya que en el sistema migratorio figuraba una circular roja de la Policía Internacional -Interpol- con una orden para su inmediata detención a los efectos de ser extraditado al Tribunal del Distrito de Lychakivsky de la ciudad de Lviv, Ucrania, de donde decidió emigrar con su familia tras el avance de la guerra entre ese país y Rusia, desatada el 24 de febrero de 2022.

Su abogado, Christian Rubilar Panasiuk, interpuso en ese entonces un pedido de excarcelación ante el juez Kreplak donde fundó el “arraigo suficiente” de su cliente en el hecho de que su segunda hija había nacido recientemente en este país y, por derecho de suelo, ya era argentina. El planteo fue admitido con la condición de que Churkin quedara a disposición del Juzgado.

A su vez, el defensor también presentó un documento donde requirió asilo político a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional para los Refugiados, en tanto consideró que “Ucrania no puede garantizar un juicio justo a un ciudadano ruso cónyuge de ciudadana ucraniana, ya que ambos países están en guerra, por lo que los hechos del caso se subsumen en el art. 33 del Estatuto del Refugiado que PROHÍBE LA EXTRADICIÓN, RECHAZO EN FRONTERA Y DEPORTACIÓN, ya que requiere explícitamente que haya sido condenado por un DELITO ESPECIALMENTE GRAVE, que no es el caso, por lo que mi defendido no es un peligro para la seguridad pública”. Esa solicitud aún continúa en trámite.

Por su parte, el 19 de febrero pasado la Embajada de Ucrania en la República Argentina le envió al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto nacional una carta del Procurador General de Ucrania, Andriy Kostin, con la explícita “solicitud de extradición del ciudadano de la Federación de Rusia Igor Churkin”.

En rigor, esa carta, a la que tuvo acceso Infobae, explicaba que Churkin cuenta con una orden de detención dictada el 29 de septiembre de 2022 en una causa que se encuentra en etapa de investigación y que lo imputa de haberle pagado a una persona para que realice una “denuncia falsa a sabiendas” ante la Dirección General de la Policía Nacional de Kiev contra un conjunto de funcionarios del Banco Estatal de Exportaciones e Importaciones de Ucrania con el fin de obstaculizar una subasta de una serie de inmuebles. Según las actuaciones, el joven quedó en “la lista de los buscados” como sospechoso y el móvil del hecho sería “por motivos mercenarios”.

La documentación de la embajada ucraniana fue remitida desde la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional de la Cancillería argentina hasta la Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, quien el 29 de abril pasado, con toda la prueba a la vista, elaboró un dictamen en el expediente caratulado “Churkin, Igor s/extradición” donde le solicitó al juez Kreplak que “se requiera a las autoridades de Ucrania tener a bien remitir por la vía diplomática una explicación acerca del fundamento de la competencia de los tribunales del Estado requirente para juzgar el caso (...) así como copia de la resolución judicial que ordenó el libramiento de la solicitud de extradición”.

Tras ese dictamen, el juez del caso dispuso el jueves pasado una “medida de instrucción suplementaria” con el fin de “requerir a las autoridades ucranianas”, por intermedio de un oficio de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, “el cumplimiento, dentro del término de 30 días corridos, de lo normado por el artículo 13 incisos c), d) y e) de la Ley 24.767 -Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal-, esto es, la remisión de una explicación acerca del fundamento de la competencia del tribunal del Estado requirente para juzgar el caso -acompañando copia de las normas penales y procesales aplicables-, y copia de la resolución judicial que ordenó el libramiento de la solicitud de extradición (...)”.

Según asentó el defensor de Churkin en un escrito incorporado al expediente, “estamos ante una persecución política de parte del gobierno de Ucrania ya que le imputan ser familiar de Vitalli Churkin -exembajador de Rusia en Naciones Unidas- de quien es solo un homónimo, por lo que mi representado es usado en la propaganda de guerra ucraniana como un trofeo de guerra, ya que la prensa habla de darle un duro golpe al círculo del poder del Kremlin por lo que la prensa rusa habla de una ‘Guerra de Extradiciones’”.

En esa línea, Rubilar Panasiuk calificó a la investigación penal en contra de su defendido como “una clara persecución por motivo de su nacionalidad rusa”, y luego aseveró: “no estamos ante una extradición sino ante la restitución de un esclavo fugitivo, que es el status -jurídico- del súbdito de una potencia enemiga en épocas de guerra, que la CSJN no reconoce ni por motivos de cortesía o comity -reconocimiento mutuo entre Estados-”.

Así las cosas, el Estado ucraniano tendrá un plazo de 30 días para subsanar la información que el titular de la causa entendió como omitida. Una vez subsanada, el juez deberá declarar la procedencia o improcedencia de la extradición en cuestión. Esa sentencia será susceptible de un recurso de apelación ordinario ante la Corte Suprema de Justicia.